Autonom¨ªa universitaria

El Consell de la Generalitat y las universidades valencianas han roto de nuevo hostilidades, si es que en alg¨²n momento las hab¨ªan interrumpido. Como dir¨ªa el escol¨¢stico, es propio de su respectiva naturaleza andar a la gre?a. Por estos pagos, al menos. En este caso, el motivo est¨¢ en el anteproyecto de ley de consejos sociales de las universidades p¨²blicas que propone el Gobierno y que las citadas instituciones docentes rechazan sin paliativos. En puridad aducen que se les quiere poner un dogal tutelar que allana su autonom¨ªa. ?Santa palabra!

Como el lector sabe, los mentados ¨®rganos no son un invento reciente. Ya estaban ah¨ª desde 1985, cumpliendo te¨®ricamente el papel de servir de puente entre la sociedad y la universidad, un cometido que, tal como est¨¢ regulado, resulta m¨¢s solemne que pr¨¢ctico, pues apenas si concreta sus t¨¦rminos, con la agravante de que cada universidad lo ha reglamentado a su aire y, seg¨²n aducen quienes ahora proponen la aludida reforma, la sociedad, tanto como la Administraci¨®n, apenas si tocan bola, reduciendo su participaci¨®n a la de meras damas de compa?¨ªa. Una suerte de parip¨¦ que se quiere enmendar a fuerza de aumentar y definir las funciones de los consejos y modificar asimismo su composici¨®n, primando la componente social y administrativa.

Tanto en estos momentos como en la proyectada reforma, el Consejo Social ejerce la supervisi¨®n de las actividades econ¨®micas de la universidad, as¨ª como su control y rendimiento. Pero el nuevo texto legal pormenoriza qu¨¦ obligaciones y derechos comporta esta competencia a fin de que no se quede en mero papel mojado. Y son mogoll¨®n los derechos y competencias, que no se limitan a las financieras y patrimoniales. Contemplan igualmente numerosos aspectos de la gesti¨®n docente, como la creaci¨®n o supresi¨®n de facultades y escuelas. Al parecer se ha echado mano de las atribuciones que figuran en las legislaciones hom¨®logas de otras comunidades aut¨®nomas, sin dejarse ninguna en el tintero, de tal modo que a la luz del anteproyecto la sociedad y la Administraci¨®n se convierten en el gran hermano que vigila y escudri?a la universidad

No ha de sorprendernos, pues, que la comunidad acad¨¦mica se sienta allanada y se rebele contra el nublado que le acecha, apelando a su sacrosanta autonom¨ªa. Lo cual apunta al tu¨¦tano del asunto. ?D¨®nde empieza y acaba ese coto? ?Cu¨¢l habr¨ªa de ser el cometido del Consejo Social, reducido hoy al de mero don Tancredo? Tal es el plano en que se establece el debate que ha de afrontarse. Salvada la intocable libertad de ense?anza e investigaci¨®n y quiz¨¢ algunas otras parcelas exclusivas de la gesti¨®n docente, todo lo dem¨¢s es negociable y bueno ser¨¢ que se negocie para dejar claro de una vez -ya que no parece estarlo- el marco de la autonom¨ªa universitaria y los derechos que conciernen a la sociedad y al consejo que la representa. Con ello no postulamos, ni por asomo, una intervenci¨®n invasiva y paralizante en el estatuto de las universidades, pero ¨¦stas no pueden soslayar -ni la sociedad tampoco- que el erario p¨²blico, los dineros de la Generalitat, las subviene con m¨¢s de 80.000 millones de pesetas al a?o, y que ojal¨¢ aumenten. Algo o mucho, consecuentemente, habr¨¢ de decir el pueblo soberano o sus representantes.

La iniciativa, como es obvio, le corresponde al partido que gobierna, el PP, y nos parece plausible que haya cogido el toro por los cuernos. Pero ¨¦ste no es un asunto partidario, sino un problema de Estado, comunitario, que la oposici¨®n ha de afrontar con ese criterio. A la postre se trata de que el propendido nexo entre sociedad, Administraci¨®n y universidades - especialmente amparado por el Informe Bricall- no sea un simple estribillo y los consejos sociales un adorno o coartada. Queremos decir que ha de salvarse la tentaci¨®n de caer en la demagogia, como ya se percibe entre quienes se escandalizan porque esta propuesta tenga una fuerte carga pol¨ªtica y fiscalizadora. ?C¨®mo habr¨ªa de ser, deportiva y l¨²dica?