La represi¨®n como pol¨ªtica ¨²nica

Es preocupante de verdad la coincidencia de criterios entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Delegaci¨®n del Gobierno a prop¨®sito de la represi¨®n de los robos en la ciudad, especialmente en Ciutat Vella. Cuidado, no es que preocupe esa coincidencia en s¨ª misma, pues ambas instituciones -una estatal, la otra municipal-, en tanto que orientadas a atender situaciones que afectan localmente, deben actuar muchas veces de consuno, cada una desde su perspectiva espec¨ªfica. El Ayuntamiento, aunque integre la Junta Local de Seguridad y posea un cuerpo como la Guardia Urbana, debe atender prioritariamente al bienestar de los ciudadanos, mientras que la delegaci¨®n debe velar exclusivamente por su seguridad. Sobre el control de la criminalidad, por la naturaleza de cada una de esas instituciones, es evidente que s¨®lo pueden coincidir en algunas ocasiones. No parece que entre ¨¦stas se hallen las registradas en los ¨²ltimos tiempos, en especial contra el bien jur¨ªdico de la propiedad. Se trata de conductas, consideradas delictivas, que provienen de autores muy peculiares: los llamados ni?os de la calle. Tal como se ha informado en las ¨²ltimas semanas, para frenar una ola de delitos menores cuya ocurrencia se ha incrementado en una sola zona de la ciudad -mientras que ese mismo tipo de acciones decrece o se estanca en el resto-, la ¨²nica pol¨ªtica que se planifica y propone de com¨²n acuerdo con el ministro del Interior por parte de ambas instituciones es de car¨¢cter exquisitamente represivo. Esto ¨²ltimo constituye por s¨ª mismo un aspecto que cabe destacar. Pero sobre lo que debe reflexionarse con mucha m¨¢s seriedad es con relaci¨®n a la unilateralidad que adquiere el plan propuesto por el Ayuntamiento y la Delegaci¨®n del Gobierno. Se trata de unas propuestas singularmente orientadas a la represi¨®n de unas conductas que, si bien est¨¢n perturbando la tranquilidad de Ciutat Vella, lo que m¨¢s podr¨ªan perjudicar es a la industria del turismo, la cual, de acuerdo con EL PA?S del 17 de febrero, durante 2000 ha registrado el mejor a?o de su historia ya que el turista que visita Barcelona punt¨²a la ciudad con un 'notable alto'. En efecto, es sorprendente que por una parte se informe de que 'para atajar el problema de ra¨ªz' se ha redactado un documento en cuya preparaci¨®n han intervenido exclusivamente representantes de instancias relacionadas con la represi¨®n penal. Pero, por otra parte, se anuncia que en 15 d¨ªas se han realizado 557 detenciones de ni?os acusados de hurtos, mientras se difunde que una buena parte de ellos pertenecen a los denominados ni?os de la calle, de origen marroqu¨ª, que viven en Barcelona en p¨¦simas condiciones y acaban delinquiendo. Lo que suscita mayor estupor es que con este plan se exige una reforma del C¨®digo Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) para, en unos casos, agravar las penas actuales y en otros, tipificar las faltas leves como susceptibles de merecer sanciones administrativas y las graves como delitos. Empero, lo que produce absoluta inquietud es la tentativa de introducir el concepto de habitualidad y el de asociaci¨®n para delinquir como agravantes de las penas. La primera, un relicto punitivo que parece regresar a la derogada Ley de Peligrosidad Criminal -con todo lo que ella supuso para la sociedad espa?ola y catalana- y a un agravante por la anterior conducta de vida, contraviniendo los fundamentos democr¨¢ticos de un derecho penal de acto. La segunda, porque introducir¨ªa elementos ajenos al concepto de acci¨®n punible. En general, se pretende un cambio de la legislaci¨®n penal espa?ola que va a afectar a cuantas personas puedan ser sospechosas de hechos que caigan bajo las reformas propuestas, dado el car¨¢cter general, abstracto y universal de las leyes penales y procesales. En una palabra, la reforma no estar¨¢ orientada a atajar de ra¨ªz el problema de los ni?os de la calle que delinquen en Ciutat Vella, sino que introducir¨¢ mayor represi¨®n generalizada cuando ya en Espa?a hay mucha y legal; baste recordar lo que ha significado el nuevo C¨®digo Penal en cuanto agravamiento de penas, nuevos tipos de delitos, eliminaci¨®n de beneficios penitenciarios, etc¨¦tera. El fen¨®meno del aumento geom¨¦trico de la poblaci¨®n penitenciaria en Espa?a (despu¨¦s de Holanda, es el pa¨ªs europeo que registra el porcentaje de presencia carcelaria m¨¢s elevado en el periodo 1980-1997), impulsado por la denominada 'reforma de la reforma' de los art¨ªculos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la que se vio forzado el ministro Ledesma en 1984 por la oposici¨®n de Alianza Popular, no es producto del aumento de la criminalidad. M¨¢s bien es un efecto de la llamada 'industria del control del delito' (N. Christie), que se asienta en unas irrefrenables pol¨ªticas represivas. La quiebra del bienestar y la defunci¨®n generalizada de las pol¨ªticas sociales parece haber impulsado al gobierno municipal de Barcelona a dejarse contagiar por la cultura de la(s) emergencia(s) en las que est¨¢ sumido el Estado espa?ol. Parece incre¨ªble que se cierren los ojos frente a la necesidad de incrementar intervenciones que ataquen el 'd¨¦ficit social' del que ha hablado Vicen? Navarro. Claro que en un contexto en el cual irreflexivamente se quiere frenar la inmigraci¨®n -un derecho fundamental para todo el g¨¦nero humano- con medidas policiales, no pueden esperarse decisiones racionales respecto a un centenar de ni?os, expulsados o emigrados por necesidad de sus sociedades de origen. Parece como si nadie quisiera pensar en la responsabilidad que generan estas migraciones. Mejor el castigo, la c¨¢rcel, o la expulsi¨®n, ?verdad?

Roberto Bergalli es jefe de Estudios de Criminolog¨ªa y Pol¨ªtica Criminal de la UB.