'Podemos juzgar a todos los que no fueron juzgados'

'Sinceramente, no esperaba que la repercusi¨®n fuera tan grande', dice el juez antes de iniciar la entrevista. Gabriel Rub¨¦n Cavallo, 42 de a?os, juez federal argentino (equivalente a magistrado de la Audiencia Nacional), ocupa desde el martes las primeras p¨¢ginas de todos los diarios, tras adoptar una de las decisiones judiciales m¨¢s trascendentales desde el fin de la dictadura: la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que exoneraron a m¨¢s de mil militares implicados en graves violaciones de derechos humanos.

Pregunta. ?C¨®mo lleg¨® a la conclusi¨®n de que las dos leyes aprobadas en 1986 y 1987 son inconstitucionales?

Respuesta. Yo ten¨ªa una investigaci¨®n por apropiaci¨®n de una menor, que es uno de los delitos que no estaban cubiertos por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Pudimos dar con el paradero de la menor, Claudia Victoria Poblete, y entregarla a sus familiares de sangre. Se proces¨® a los padres apropiadores que la hab¨ªan registrado como su hija; el padre era un coronel de espionaje del Ej¨¦rcito. Seguimos investigando para dar con los captores de la ni?a y llegamos a dos represores de la ¨¦poca, que trabajaban en el centro clandestino de detenci¨®n donde estuvo encerrada esta gente. Despu¨¦s, el CELS [Centro de Estudios Legales y Sociales] se present¨® como parte querellante y me pidi¨® que declarara la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Dediqu¨¦ dos personas a una investigaci¨®n de cinco meses sobre los antecedentes nacionales e internacionales y llegamos a la conclusi¨®n de que las leyes son inv¨¢lidas.

'Que hayan sido votadas no significa que sean constitucionales. Los ¨²nicos que puedan dar fe de la legitimidad de las leyes son los jueces'

P. Hay otras causas abiertas sobre robo de beb¨¦s pero ning¨²n juez ha llegado tan lejos.

R. Bueno, es que este es un caso paradigm¨¢tico. Los autores de la apropiaci¨®n de la menor son las mismas personas que actuaron en el secuestro, tortura y desaparici¨®n de los padres de la ni?a.

P. ?Se abre la puerta para reabrir numerosas causas?

R. Puede ser un precedente para otros jueces. Tiene que haber peticiones de las partes y aportaci¨®n de pruebas. En este caso exist¨ªan todas esas cosas.

P. ?Cu¨¢l ser¨ªa el l¨ªmite?

R. Si todos los tribunales superiores compartieran mi opini¨®n, me refiero a la C¨¢mara de Apelaciones y a la Corte Suprema, no habr¨ªa limite. Se podr¨ªa reabrir y juzgar a toda la gente que en su momento no pudo ser juzgada. No se puede hablar de cosa juzgada porque en todos los casos de los m¨¢s de mil militares que fueron beneficiados con estas leyes nunca hubo procesos. S¨®lo habr¨ªa l¨ªmite en la gente que fue juzgada y condenada, unas diez personas.

P. ?Cu¨¢les son los pasos a seguir a partir de ahora?

R. La defensa ha presentado recurso. Tengo esperanzas de que el caso llegue hasta la Corte Suprema, que tiene una nueva composici¨®n respecto de aquella que legitim¨® estas leyes. Hay que ver qu¨¦ opinan los nuevos magistrados. Adem¨¢s, en mi resoluci¨®n se ofrecen nuevos argumentos que no fueron tratados en aquella oportunidad. Es una nueva visi¨®n de los delitos de lesa humanidad.

P. ?Se puede hablar de un efecto del caso Pinochet en la internacionalizaci¨®n de la Justicia?

R. Lo que creo es que Argentina, como naci¨®n, tiene la obligaci¨®n de respetar los pactos que firm¨® antes y despu¨¦s de la sanci¨®n de las leyes que obligan a la persecuci¨®n de cr¨ªmenes de lesa humanidad.

P. El Gobierno argentino ha dicho a trav¨¦s del ministro de Defensa que las leyes son constitucionales porque fueron aprobadas por el Parlamento.

R. No tengo inter¨¦s en polemizar con el Gobierno. Yo pretendo vivir en democracia y ¨¦ste es un Estado republicano donde todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa. Jur¨ªdicamente, la opini¨®n a la que usted se refiere est¨¢ errada, porque la circunstancia de que las leyes hayan sido votadas en el Congreso no significa que sean constitucionales. Los ¨²nicos que puedan dar fe de la legitimidad de las leyes son los jueces.

P. Actuaciones como la de usted o del juez Baltasar Garz¨®n en Espa?a, o el juez Juan Guzm¨¢n en Chile, ?no son el reflejo de la ausencia de un tribunal internacional?

R. Si hubiera un tribunal internacional, tal vez ser¨ªa m¨¢s institucional la cuesti¨®n. Ser¨ªa muy importante porque dejar¨ªa de lado toda esta cuesti¨®n de si se invade o no la soberan¨ªa de un pa¨ªs. Se acabar¨ªa la discusi¨®n y jueces como Garz¨®n, Guzm¨¢n o ahora yo, no tendr¨ªamos, tal vez, tanta relevancia medi¨¢tica. Ser¨ªa bueno que se terminara de constituir el tribunal de Roma para delitos que violan el derecho de gentes. Piense que los juicios del genocidio nazi no se acabaron en Nuremberg, siguen en muchas partes del mundo investig¨¢ndose y buscando a los criminales de guerra por distintos pa¨ªses.P. Su decisi¨®n de anular las leyes ?divide o une a los argentinos?

R. No lo s¨¦. Espero que sirva. No me toca a m¨ª hacer esa consideraci¨®n. Me parece que en los ¨²ltimos 15 a?os han pasado muchas cosas en Argentina y en la comunidad internacional. Hace 15 a?os nadie habr¨ªa imaginado lo que han podido hacer Garz¨®n o Guzm¨¢n o los jueces suizos o franceses que juzgaron al teniente [Alfredo] Astiz. ?Qu¨¦ pas¨®? Hubo una evoluci¨®n en el Derecho.

P. ?Cu¨¢l es el punto de inflexi¨®n en la nueva manera de entender la justicia?

R. Lo cierto es que la jurisdicci¨®n internacional act¨²a a partir de que tiene una posici¨®n diferente a la de pa¨ªses como Argentina y Chile, que defienden lo que llaman el principio de territorialidad. Las v¨ªctimas en esos pa¨ªses que no pueden conseguir justicia ante delitos tan atroces y aberrantes recurren a jurisdicciones internacionales de pa¨ªses que s¨ª reconocen la validez de las convenciones que obligan a esos pa¨ªses a investigar delitos de lesa humanidad.

P. ?Qu¨¦ opina de los que sostienen que si se reabren todas las causas pendientes, la investigaci¨®n judicial no tendr¨¢ fin?

R. Yo s¨ª creo que tiene fin. Si la Justicia argentina pusiera en funcionamiento esos procedimientos y se llegara en cada caso a encontrar o no a los responsables, seg¨²n el resultado de la investigaci¨®n, podr¨ªa darse una respuesta institucional en punto a la verdad y en punto al esclarecimiento de los hechos. Ese va a ser el final. Cuando la justicia diga en cada caso: fulano es culpable y tiene tanta pena, o fulano es inocente y debe ser absuelto. Ese es el ¨²nico final. No finalizan con leyes que imponen al juzgador una realidad inexistente, diciendo: esto no pas¨®.

P. Ha recibido alg¨²n tipo de presi¨®n o amenaza?

R. De ning¨²n tipo.

P. Usted ha calificado las leyes de Obediencia Debida y Punto Final como leyes de impunidad. ?Qui¨¦n la ampara?

R. Bueno, el poder pol¨ªtico con la sanci¨®n de esas leyes, y el poder judicial con la convalidaci¨®n de la constitucionalidad de esas leyes. El Estado.

P. ?Se siente usted en el papel de justiciero solitario?

R. Para nada. Yo estoy acompa?ado por una gran parte del poder judicial argentino que comparte mi opini¨®n, por un gran sector de los jueces argentinos y extranjeros que me han dado su apoyo. Me siento muy respaldado. No soy un Robin Hood, soy uno m¨¢s de tantos jueces que toman estas cuestiones desde esa ¨®ptica.