Un juez argentino anula las leyes que impidieron juzgar a cientos de militares

La resoluci¨®n, en respuesta a la demanda del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), no s¨®lo habilita el proceso a todos los involucrados en el secuestro de Gertrudis Hlaczik, de su esposo Jos¨¦ Poblete Roa, y de la hija de ambos Claudia Victoria Poblete, de ocho meses, tambi¨¦n abre la posibilidad de que se vuelva a someter a juicio a todos los acusados supervivientes que no hubieran sido beneficiados, adem¨¢s, con el indulto dictado en 1990 por el presidente Carlos Menem.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida ya hab¨ªan sido derogadas por el parlamento en marzo de 1998, pero sus efectos protectores cesaban desde ese momento en adelante y manten¨ªan abierto el paraguas de impunidad sobre el pasado. Las apelaciones de los abogados defensores podr¨ªan llegar en recurso extraordinario a la Corte Suprema, pero si el m¨¢ximo tribunal coincide con el juez, los familiares de las v¨ªctimas estar¨ªan habilitadas para pedir la reapertura de las miles de demandas cerradas en 1987. Por el caso Poblete la justicia podr¨ªa alcanzar al fin a todos los miembros de las Fuerzas Armadas acusados hasta llegar al general retirado Carlos Su¨¢rez Mason, comandante del primer cuerpo del Ej¨¦rcito de Tierra entre 1976 y 1979, en cuya juridiscci¨®n funcionaba el campo de concentraci¨®n conocido como El Olimpo.

'Acto de genocidio'

En 129 folios, el juez federal Cavallo -'el m¨¢s respetado de los jueces federales' y 'el ¨²nico que pod¨ªa hacer esto', seg¨²n sus colaboradores- considera que la desaparici¨®n forzada de personas 'es un delito de lesa humanidad que es, por lo tanto, imprescriptible e inamnistiable'. En la instrucci¨®n del expediente, el juez Cavallo ya hab¨ªa anticipado que el delito era un 'acto de genocidio', tal como lo interpret¨® la Audiencia Nacional espa?ola al confirmar las atribuciones del juez Baltasar Garz¨®n para investigar las violaciones a los derechos humanos bajo las dictaduras de Argentina y Chile.

El general Ricardo Brinzoni, actual comandante en jefe del Ej¨¦rcito de Tierra, hab¨ªa advertido de que declarar la inconstitucionalidad de las leyes ser¨ªa 'un retroceso porque contribuyeron a que la sociedad argentina viviera un periodo de relativa calma'. El malestar de los altos mandos es inocultable por la coincidencia de decisiones judiciales y proyectos parlamentarios que les afectan, precisamente a dos semanas de recordarse con diversos actos el golpe de Estado que dio la junta militar encabezada por el ex general Jorge Videla contra el Gobierno constitucional de Mar¨ªa Estela Mart¨ªnez, Isabel, la viuda y sucesora de Per¨®n, el 24 de marzo de 1976, hace ahora 25 a?os.

Dos diputados del Frepaso, Frente de Peronistas y Socialistas que integran el grupo parlamentario de la Alianza en el poder, impulsan un proyecto de ley para que se ordene a las Fuerzas Armadas realizar actos recordatorios del golpe de Estado en cada regimiento. Un portavoz militar declaraba ayer a EL PA?S: '?C¨®mo cree que nos sentimos? Mal, por supuesto. Nosotros aprendimos duramente la lecci¨®n. Hemos hecho todo lo posible para contribuir a la reconciliaci¨®n y nunca como ahora estuvimos subordinados a la Constituci¨®n y a las leyes'. El Ej¨¦rcito de Tierra se propone abrirse a¨²n m¨¢s a la sociedad 'para estar cada d¨ªa m¨¢s cerca de la gente'.

La buena noticia para los militares es el regreso, precisamente esta misma semana, de Horacio Jaunarena al Ministerio de Defensa en reemplazo de Ricardo L¨®pez Murphy, que fue desplazado al de Econom¨ªa. Jaunarena ocupaba el cargo cuando se aprobaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Como si no hubieran pasado ya 15 a?os desde entonces, ayer, al d¨ªa siguiente de asumir el cargo, Jaunarena tuvo que retrotraerse a las posiciones que defend¨ªa entonces: 'El Gobierno no va a hacer nada ni va a emitir opini¨®n sobre una decisi¨®n judicial, porque podr¨ªa interpretarse como una presi¨®n, pero si en su momento estas leyes fueron promovidas y votadas por el Parlamento, creo que son constitucionales'.