Fundamentalismo presupuestario

Como una apisonadora, el Gobierno del PP est¨¢ dispuesto a hacer aprobar la denominada Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Gobierno se propone autoimponerse a s¨ª mismo e imponer por ley a las CC AA y a los municipios un presupuesto equilibrado. Constituye una iniciativa sin precedentes que deber¨ªa ser objeto, a mi entender, de un rechazo pol¨ªtico frontal por parte de todos aquellos que tengan algo que decir, fuerza para hacerlo e independencia de criterio para poder criticar al PP (condiciones que, me temo, excluyen por el momento al Gobierno de Pujol y a su flamante conseller en cap y candidato a sucesor, Mas, que deber¨ªan ser los primeros en saltar a la arena, como han hecho en muchas otras ocasiones por cuestiones mucho m¨¢s nimias, y que ahora parecen dispuestos a tragar lo que sea con tal de seguir contando con los votos del PP en el Parlamento de Catalu?a).

Esta ley es objetable, ciertamente, porque el Gobierno central impone a los gobiernos auton¨®micos unas obligaciones que cercenan su autonom¨ªa. Y sus consecuencias ser¨¢n sin duda negativas porque una vez m¨¢s, en lugar de reconocer la autonom¨ªa de estos gobiernos para tomar decisiones y hacer que se responsabilicen realmente de ellas ante sus ciudadanos, el Gobierno central opta por la v¨ªa de la imposici¨®n y la tutela. El Gobierno del PP tiene una curiosa concepci¨®n de la autonom¨ªa y el autogobierno, m¨¢s enraizada en la derecha centralista espa?ola que en una visi¨®n moderna y liberal. Tambi¨¦n tiene una idea peculiar del papel respectivo del Gobierno y de la sociedad. Por lo visto, piensa que es el Gobierno central, y no los ciudadanos de cada territorio, el m¨¢s bien emplazado para fiscalizar, y corregir si hay que hacerlo, la actuaci¨®n del Gobierno auton¨®mico. En realidad, la derecha espa?ola, por mucho que diga, nunca ha confiado en la sociedad. S¨®lo en el Estado. Y no precisamente en un Estado descentralizado.

Nadie discute que la autonom¨ªa tiene unos l¨ªmites. En cuestiones como el d¨¦ficit p¨²blico y el endeudamiento, es imposible realizar previsiones realistas si los gobiernos auton¨®micos (y a otro nivel los gobiernos locales) no est¨¢n implicados. Y tampoco se puede negar que actualmente hay comunidades aut¨®nomas con vol¨²menes de endeudamiento excesivos. Pero esto no se resuelve con el ordeno y mando tradicional de la derecha centralista, mediante normas de dudosa constitucionalidad, sino con una pol¨ªtica de dos direcciones. Por una parte, estableciendo mecanismos institucionales de coordinaci¨®n, entendiendo que coordinar no es imponer, sino articular las actuaciones de cada una de las partes desde el respeto de sus respectivos ¨¢mbitos de autonom¨ªa. Por otra parte, introduciendo aut¨¦ntica responsabilidad fiscal en el sistema de financiaci¨®n, de manera que los gobiernos auton¨®micos se vean confrontados a tener que pedir a sus ciudadanos que paguen m¨¢s impuestos (y no, como ocurre ahora, a demandar m¨¢s subvenciones al Gobierno central) cuando quieran financiar mayores gastos o deban amortizar la deuda que, a veces con excesiva generosidad, han contra¨ªdo para financiarlos.

Prohibir por ley la posibilidad de financiar la inversi¨®n mediante endeudamiento es, adem¨¢s, ineficiente, injusto y contraproducente. Porque hace recaer sobre las generaciones presentes el coste total de unos bienes que en parte ser¨¢n consumidos en el futuro, y porque ello acabar¨¢ conduciendo a realizar menos inversi¨®n p¨²blica de la necesaria. Cuando en Espa?a, como es sabido, las dotaciones de capital p¨²blico est¨¢n todav¨ªa claramente por debajo de las de otros pa¨ªses europeos.

Pero esta iniciativa es tambi¨¦n negativa por las limitaciones que se pretende autoimponer por v¨ªa de ley el propio Gobierno central. El Gobierno del PP ha convertido esta historia del d¨¦ficit cero no en un razonable objetivo pol¨ªtico, sino en una especie de dogma. Y los dogmas, ya se sabe, llevan a las guerras de religi¨®n, en las que lo importante no son las razones y los argumentos, sino la adhesi¨®n a las banderas. El PP ha pensado que enarbolando esta bandera, y dejando las cosas atadas y bien atadas para el futuro mediante una ley, podr¨¢ pasar a la historia. Para ello cuenta con una corriente de fondo que m¨¢s bien simpatiza con la idea de que el Estado gasta demasiado y gasta mal y trata de hacer callar a la oposici¨®n con descalificaciones, acus¨¢ndola de manirrota, partidaria del d¨¦ficit y de la presi¨®n fiscal a la menor se?al de cr¨ªtica y discrepancia.

Autoimponerse por v¨ªa de ley una obligaci¨®n de presupuesto equilibrado es una grave torpeza que no ha cometido ning¨²n gobierno europeo. En Europa existe el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que establece determinadas obligaciones de estabilidad presupuestaria (un d¨¦ficit m¨¢ximo del 3% del PIB, salvo en periodos de recesi¨®n, y sanciones y pol¨ªticas correctoras en caso de incumplimiento). Respetando estas restricciones, los gobiernos nacionales deben reservarse un cierto margen de maniobra, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones a las que a¨²n deben hacer frente las instituciones comunitarias para llevar a cabo una aut¨¦ntica pol¨ªtica econ¨®mica europea. Este margen es estrecho, porque hay que cumplir el Pacto de Estabilidad, pero no debe ser inexistente. Dentro de este margen, la decisi¨®n de cu¨¢l es el saldo presupuestario m¨¢s adecuado es una cuesti¨®n que compete al Gobierno, que debe ser adoptada atendiendo a un criterio de oportunidad, y pretender limitarla por la v¨ªa legal reduce de forma gratuita y perjudicial las atribuciones del Ejecutivo.

Los promotores de esta iniciativa podr¨¢n decir tal vez que algunos Estados americanos tambi¨¦n se han autoimpuesto esta restricci¨®n. Y ciertamente es as¨ª. Pero tambi¨¦n esta afirmaci¨®n es objetable. Por cierto, la primera objeci¨®n es que habr¨ªa que retener este mismo argumento (la restricci¨®n se la han autoimpuesto, record¨¦moslo, no se la ha impuesto el Gobierno federal; ?pobre de ¨¦l si lo intentara!) cuando hablamos de lo que supone esta disposici¨®n en cuanto a intromisi¨®n en el ¨¢mbito auton¨®mico. La segunda es que, en Estados Unidos, el Gobierno federal (es decir, el Gobierno central) no se ha impuesto ninguna restricci¨®n semejante; el plan Clinton de reducci¨®n del d¨¦ficit tuvo un car¨¢cter completamente distinto.

De momento, en Europa los gobiernos nacionales siguen siendo el Gobierno central, y mientras ello sea as¨ª deber¨¢n seguir teniendo un cierto margen de maniobra para ajustar la pol¨ªtica presupuestaria seg¨²n las necesidades de sus econom¨ªas, especialmente tras haber perdido cualquier margen de actuaci¨®n en pol¨ªtica monetaria, que es ejercida en exclusiva por el BCE. El d¨ªa que el gobierno europeo sea el gobierno central ya hablaremos, pero de momento las cosas son como son. Lo que no puede ser es que el Gobierno espa?ol restrinja las facultades y atribuciones que debe tener todo gobierno sin que todav¨ªa las haya asumido el gobierno europeo. Porque ello es una torpeza en t¨¦rminos econ¨®micos y porque con toda seguridad es lesivo para los intereses de los ciudadanos espa?oles, que tienen derecho a exigir de sus poderes p¨²blicos que act¨²en en funci¨®n del inter¨¦s general.

Y que no nos vengan con las consabidas descalificaciones, pretendiendo que los que critican esta medida es porque est¨¢n a favor del d¨¦ficit p¨²blico, el despilfarro y de subir los impuestos. No es descalificando los argumentos de los otros como se defienden las propias ideas. Y, adem¨¢s, los que lo hacen corren el riesgo de que se les acuse ya no de caer en el dogmatismo y el doctrinarismo m¨¢s estrechos, sino de hacer dejaci¨®n de sus responsabilidades y de ignorar los intereses de los ciudadanos. Y a lo mejor nos har¨¢n sospechar que en realidad tanto fundamentalismo ideol¨®gico no es m¨¢s que una pantalla, y que lo que se esconde de verdad detr¨¢s de la misma es una preocupaci¨®n prioritaria por potenciar los intereses privados y dejar el campo de juego lo m¨¢s expedito posible para que ¨¦stos puedan actuar con total impunidad, sin el contrapeso de unos poderes p¨²blicos preocupados por velar realmente por el inter¨¦s general.

Antoni Castells es catedr¨¢tico de Hacienda P¨²blica de la Universidad de Barcelona.