La decisi¨®n

El Parlamento de Andaluc¨ªa, gracias a la abstenci¨®n del grupo socialista, ha decidido no recurrir la Ley de Extranjer¨ªa. Los derechos de asociaci¨®n, reuni¨®n y sindicaci¨®n, que niega el texto legal a los inmigrantes sin papeles, y su probable inconstitucionalidad no la plantear¨¢ Andaluc¨ªa ante el Tribunal Constitucional. Justificaciones pol¨ªticas que arropen esta decisi¨®n no han faltado. Una, que el Parlamento s¨®lo ha recurrido leyes que afectan directamente a la comunidad (censo, cuestiones de competencia). Otra, la consideraci¨®n de la inmigraci¨®n como un problema de Estado.

Sin embargo, no parece que la primera de las razones esgrimidas, si se entiende que la ley incurre en vicio de inconstitucionalidad, pueda servir de justificaci¨®n. Los derechos y libertades fundamentales de quienes viven en Andaluc¨ªa tienen que ser respetados. Si no se respetan, la respuesta debe ser contundente. Se trata de una cuesti¨®n de inter¨¦s general para la comunidad y como tal debe arroparse. Desde este punto de vista, la decisi¨®n no se comprende. Tal vez, si se entiende alguna, sea la segunda explicaci¨®n. La inmigraci¨®n es problema de Estado, y resulta imposible que una sola comunidad d¨¦ respuesta. Es razonable. Ni el Gobierno central ha encontrado una soluci¨®n satisfactoria, como se ha demostrado en el tema de los ecuatorianos, ni las comunidades aut¨®nomas tampoco. El Ejido es un buen ejemplo.

Esta realidad hace que se pueda comprender la decisi¨®n del Parlamento y siga sin entenderse la del Gobierno central. Sin embargo, la propia din¨¢mica del problema de la inmigraci¨®n puede que termine por imponer sus cauces de soluci¨®n. Al igual que la exigencia de facilitar un billete de ida y vuelta para los ecuatorianos, como m¨¦todo de soluci¨®n, se ha demostrado ineficaz para el Gobierno central y ha tenido que rectificar, tambi¨¦n se ver¨¢ obligado a rectificar en su posici¨®n individualista y haga innecesario el recurso de inconstitucionalidad.

No obstante, mientras llega la rectificaci¨®n, no estar¨ªa de m¨¢s que, sin perder de vista la posible inconstitucionalidad, la actividad de los grupos parlamentarios se volcara en facilitar a los inmigrantes su integraci¨®n y cuidaran que su trabajo se desarrolle en condiciones de dignidad.