El juez decano quiere imponer un listado de peritos de quiebras para evitar corruptelas

El juez decano de Madrid, Fernando Fern¨¢ndez Mart¨ªn, propondr¨¢ a sus 72 colegas de primera instancia la creaci¨®n de un listado de comisarios e interventores de quiebras de empresas para que ¨¦stos sean designados por turno riguroso. La iniciativa pretende dar m¨¢s transparencia a estos procesos, que dirimen asuntos en los que hay en juego miles de millones de pesetas y cientos de puestos de trabajo, y evitar as¨ª posibles corruptelas.

La propuesta no es nueva, pero el decano la ha retomado tras la querella presentada por la fiscal¨ªa contra el juez y los tres interventores de la quiebra de las bodegas Garvey, propiedad del empresario Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, por los supuestos delitos de prevaricaci¨®n y cohecho. Seg¨²n esa querella, el juez dilat¨® la tramitaci¨®n de la quiebra, y los interventores, nombrados a dedo por el magistrado para gestionar las bodegas durante el proceso, exigieron a Ruiz-Mateos cien millones de pesetas para archivarla.

La idea del decano es entrevistarse con los responsables del Colegio de Censores de Cuentas y con el de Economistas y acordar con ellos un listado con los nombres de los comisarios e interventores que re¨²nan los requisitos y a quienes puedan acudir los jueces a la hora de encomendar la administraci¨®n judicial de empresas en quiebra o que hayan declarado suspensi¨®n de pagos.

Fern¨¢ndez Mart¨ªn ha habilitado en la plaza de Castilla un servicio de designaci¨®n de peritos, que ya funciona y que se encarga de proporcionar profesionales solventes a los jueces que precisan efectuar tasaciones sobre cuestiones en litigio. En este servicio, la elecci¨®n de los peritos se establece 'por turno riguroso', se?ala el juez decano. 'Hay un listado y de ah¨ª se extraen. Por ejemplo, si un juez necesita el informe de un arquitecto sobre un inmueble en ruinas, se solicita uno al servicio y ¨¦ste le proporciona el primero que haya en la lista, y as¨ª sucesivamente', explica.

Lo mismo quiere hacer Fern¨¢ndez Mart¨ªn con los comisarios e interventores de quiebras, aunque antes quiere exponer y debatir el asunto con sus colegas de lo civil. Su prop¨®sito es 'democratizar' la elecci¨®n de estos profesionales y disipar cualquier sombra de duda sobre la actividad judicial en esos procesos.

Su objetivo, si sus colegas no se oponen, es que dicho servicio controle tambi¨¦n el listado de interventores, y que ¨¦stos sean designados, al igual que ya se hace con los peritos, 'por turno riguroso'.

Desde hace a?os, al juez decano le preocupa que un pu?ado de interventores acapare la gesti¨®n de las suspensiones y quiebras de empresas que se tramitan en Madrid. Estos profesionales obtienen cuantiosos beneficios econ¨®micos por su labor. En la capital se tramitaron el a?o pasado cerca de 100 expedientes judiciales sobre empresas en crisis.

Los comisarios o interventores judiciales son profesionales del derecho o la econom¨ªa a quienes los jueces encomiendan, a dedo, la gesti¨®n de una empresa en crisis. De los informes de estos peritos, que deben dictaminar si una industria atenazada por deudas es o no viable, depende que ¨¦sta sea devuelta a sus due?os o bien que se decrete su quiebra, con el consiguiente reparto de sus activos entre los acreedores.

Los sueldos de estos profesionales salen de las arcas de la propia empresa en crisis y, en general, se los fijan ellos mismos. Eso s¨ª, con aquiescencia del juez y en funci¨®n del volumen y activos de la industria. Ha habido interventores en Madrid que han percibido hasta 50 millones de pesetas por tramitar una quiebra de 5.000 millones en una empresa. El comisario de la quiebra de las bodegas Garvey, por ejemplo, por cuya gesti¨®n los fiscales le atribuyen un supuesto delito de cohecho, se fij¨® un sueldo mensual de tres millones de pesetas.

Cuanto m¨¢s se retrase la tramitaci¨®n judicial de la crisis, m¨¢s meses percibe el interventor ese salario. Hay jueces, no obstante, que tienen por costumbre establecer sueldos para los interventores de unas 300.000 pesetas al mes. Pero ¨¦stos son los menos. Los interventores que m¨¢s suspensiones o quiebras consiguen de los jueces suelen tener grandes despachos con trabajadores a su cargo. En Madrid ha habido varias investigaciones en los ¨²ltimos a?os dirigidas a averiguar por qu¨¦ un min¨²sculo grupo de interventores monopolizaba casi todas las quiebras y suspensiones de pagos de empresas.

'Personas de confianza'

Fernando Fern¨¢ndez Mart¨ªn, poco despu¨¦s de acceder por primera vez a su cargo de juez decano, en 1995, constat¨® que un 70% de las quiebras y suspensiones que se tramitaban en la capital estaban en manos de s¨®lo tres interventores. Todas las indagaciones efectuadas al respecto han sido archivadas ante la dificultad que implica probar que un juez designa siempre a un mismo interventor porque tiene alg¨²n tipo de connivencia con ¨¦l. 'El hecho de que algunos jueces elijan siempre a los mismos peritos suele deberse a razones de confianza; son temas delicados, y lo que le preocupa al juez es que el administrador sea una persona fiable que resuelva con eficacia', afirman fuentes judiciales conocedoras de estos procesos.

Hace un a?o, la Fiscal¨ªa de Madrid decidi¨® personarse en todas las suspensiones y quiebras para supervisar su gesti¨®n y evitar eventuales corrupciones, todo ello en un intento de velar por los intereses de los trabajadores de estas empresas en quiebra. La labor de supervisar estos expedientes se encomend¨® a la Fiscal¨ªa de Delitos Econ¨®micos, experta en estos asuntos. La fiscal¨ªa ha pedido a los jueces que todos los asuntos relacionados con esos procesos sean comunicados a los fiscales de delitos econ¨®micos.

Precisamente, ¨¦sta es la secci¨®n que ha destapado el supuesto caso de corrupci¨®n en la quiebra de las bodegas Garvey. Seg¨²n la querella de la fiscal¨ªa, el titular del Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 40 de Madrid, Marcelino Sexmero, pudo dilatar el procedimiento de quiebra de dichas bodegas a cambio de un puesto como juez de la Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol. Un interventor de la quiebra de Garvey, relacionado con el citado organismo deportivo, habr¨ªa contribuido a conseguirle el puesto, siempre seg¨²n la querella.

Los fiscales afirman adem¨¢s en esa querella que los interventores judiciales exigieron al due?o de las bodegas Garvey, el empresario Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, 100 millones de pesetas a cambio de elaborar un informe favorable a la viabilidad de sus empresas. Ruiz-Mateos film¨® y grab¨® las conversaciones de la supuesta extorsi¨®n y las entreg¨® a los fiscales, y ¨¦stos, a su vez, a un juzgado de Majadahonda. Los interventores implicados se hayan ahora en libertad provisional tras haber pagado una fianza total de 31 millones de pesetas.