'Recorte del principio constitucional de autonom¨ªa'

La junta de gobierno de la Polit¨¦cnica de Valencia afirma que 'las universidades valencianas se convertir¨¢n en las instituciones del sector p¨²blico m¨¢s controladas y auditadas' y ve como 'una duplicaci¨®n innecesaria la creaci¨®n de una organizaci¨®n administrativa nueva en los consejos sociales'. Para UGT, el anteproyecto es 'socialmente regresivo' y 'supone un recorte del principio constitucional de autonom¨ªa universitaria' y para CC OO, de la Universidad de Castell¨®n, 'el car¨¢cter intervencionista y el incremento de miembros del Gobierno causa extra?eza y estupor.

La Universidad de Valencia subraya tambi¨¦n que 'las universidades no se oponen a una mayor supervisi¨®n', sino a la manera y a la intenci¨®n que parece ocultar el texto legal, ya que 'las modificaciones no conllevan una gesti¨®n universitaria m¨¢s eficaz'. Esta universidad sostiene que, parad¨®jicamente, la funci¨®n para la que fueron concebidos los consejos sociales -fomentar el mecenazgo y la b¨²squeda de financiaci¨®n externa- se queda en pura menci¨®n, cuando ¨¦ste es un problema irresuelto. Seg¨²n un trabajo presentado y defendido por Antonio Mart¨ªnez Ballar¨ªn y Fernando Gurrea en la Conferencia Sectorial de Secretarios de Universidades, celebrada en mayo de 1999 en Oviedo, los consejos sociales no han funcionado, no por falta de competencias, sino por 'm¨¦todo de trabajo', y menciona una encuesta realizada en 31 consejos sociales de las universidades espa?olas. 'En 24 casos, el consejo no ha obtenido ninguna financiaci¨®n distinta a la universidad; s¨®lo en 3 de entre 8 y 100 millones'. Es decir, aportaciones pr¨¢cticamente nulas. Sin embargo, el aumento del 'control sobre la gesti¨®n del rectorado' suscita fuertes sospechas en todas las universidades acerca 'del uso y abuso de su discrecionalidad, cuando un rector aparezca inc¨®modo al poder'. Valencia ya vivi¨® en 2000 un ejemplo de ello cuando el actual director de Universidades, Salvador Forner, orden¨® a la Sindicatura de Cuentas 'investigar' la gesti¨®n del entonces rector Andr¨¦s Pedre?o bas¨¢ndose en una compra no autorizada de 531 millones de super¨¢vit para ampliar suelo universitario. El s¨ªndico no hall¨® irregularidad alguna, pero s¨ª detect¨® que el Gobierno valenciano inyect¨® ese mismo a?o 10.073 millones m¨¢s sin justificar, que, parad¨®jicamente, 'no hab¨ªa sido detectado por la Intervenci¨®n General de la Generalitat'.