Los sindicalistas: en el punto de mira
La cifra es escalofriante: en los dos meses largos que lleva este a?o 25 l¨ªderes sindicales han sido asesinados en Colombia. Siete han ca¨ªdo en ¨²ltima semana. En la lista figuran cinco trabajadores del sector energ¨¦tico y el presidente y vicepresidente del sindicato de la multinacional del carb¨®n Drummond. A los l¨ªderes de la carbon¨ªfera, que opera en la costa caribe, los bajaron del bus que los llevaba a la empresa .Al primero lo asesinaron delante de sus compa?eros; al segundo se lo llevaron y su cuerpo apareci¨®, horas despu¨¦s, tirado en un zanja.
Esta violaci¨®n sistem¨¢tica de los derechos humanos es el motivo central del paro de trabajadores que se realiz¨® la semana pasada en Colombia convocado por las tres grandes centrales obreras. En 1999 el numero de sindicalistas muertos fue de 69; el a?o pasado subi¨® a 128. El agravamiento de este a?o, le dijo a EL PA?S Jes¨²s Antonio Gonz¨¢lez, director de la oficina de Derechos Humanos de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), se debe "a la degradaci¨®n misma del conflicto que afecta a todo el pa¨ªs".
Todos los dirigentes sindicales del pa¨ªs, a nivel nacional o regional han sido declarados objetivos militares por Carlos Casta?o, jefe paramilitar. "Los paramilitares nos cobran que estemos trabajando por propiciar un di¨¢logo de paz", asegura Gonz¨¢lez .
Para Jorge Rojas, de Paz Colombia ,cada vez que hay avances en un proceso de paz o informes que dan cuenta de la situaci¨®n de derechos humanos en el pa¨ªs "se ponen en marcha operativos de eliminaci¨®n f¨ªsica de los activistas de derechos humanos, paz, movimientos sociales y sindicalistas". Para este defensor de los derechos humanos, los asesinatos y masacres muestran que est¨¢ en ejecuci¨®n el programa de exterminio. "Nos preocupa", dice, "que puedan estar apoyados por agentes del Estado como ocurri¨® con Wilson Borja", presidente del sindicato de trabajadores del Estado.
Desmentidos
Borja result¨® herido en un atentado a la salida de su casa en Bogot¨¢ el pasado 15 de diciembre . Luego de desmentidos, el jefe paramilitar Carlos Casta?o acept¨® que estaba detr¨¢s del atentado que seg¨²n ¨¦l fue un intento de secuestro. Las investigaciones involucran ya a un capit¨¢n de la polic¨ªa y a un oficial del Ej¨¦rcito.
El paro de trabajadores, en protesta tambi¨¦n por las pol¨ªticas econ¨®micas y sociales, por el despido programado de l00 mil trabajadores por el ajuste fiscal, empez¨® 24 horas antes para los trabajadores de Ecopetrol, la estatal petrolera.Lo hicieron entre otras para llamar la atenci¨®n por las m¨¢s de 150 muertes que ha dejado este a?o la guerra sucia en Barrancabermeja sede de la mayor refiner¨ªa del pa¨ªs. All¨ª, desde comienzos del a?o andan como Pedro por su casa los paras , matando, amenazando provocando ¨¦xodo.
Hasta las Brigadas Internacionales de paz que realizan una labor de protecci¨®n a los defensores de los derechos humanos y l¨ªderes c¨ªvicos, recibieron amenazas. Los paras llegaron a la sede de esta organizaci¨®n internacional en enero pasado, les arrebataron papeles y documentos y los conminaron a retirarse de la zona. Ellos siguen ah¨ª , al igual que otros amenazados, rodeados de solidaridad nacional e internacional. "Lo m¨¢s grave que le pueda pasar a Colombia donde no hay referentes humanitarios en el conflicto, es que se cierren los espacios para la acci¨®n humanitaria", opina Rojas..
L¨ªderes sindicales y de derechos humanos viajaran esta semana a Ginebra para la reuni¨®n anual sobre derechos humanos. Llevaran un completo documento para respaldar su propuesta: que Naciones Unidas nombre un relator especial para Colombia. Solicitaran adem¨¢s a la OIT una sanci¨®n por el no respeto a los derechos humanos de los trabajadores colombianos.
El informe de la ONU sobre la situaci¨®n colombiana, adelantado por la prensa, fue rechazado ya por el Gobierno. Aseguran que es "sesgado, fragmentario, inexacto y contradictorio". Entre otras, el informe de 68 p¨¢ginas, asegura que el compromiso del Estado frente al fen¨®meno del paramilitarismo es "d¨¦bil e inconsistente" y asegura que la violencia que afecta al pa¨ªs se ha proyectado particularmente sobre los dirigentes sindicales. Registra tambi¨¦n el alarmante aumento de "amenazas , hostigamiento ataques y atentados contra defensores de DH" y habla de la constante violaci¨®n del Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos guerrilleros. "La toma de rehenes por las FARC y las exigencias de pagos por las liberaciones han sido reiteradas e impunes", dice.
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