El esp¨ªa que escuch¨® desde el cielo

La confirmaci¨®n por el Supremo de la sentencia dictada en mayo de 1999 por la Audiencia Provincial de Madrid contra el general Alonso Manglano, el ex teniente coronel Perote y otros cinco funcionarios del Centro Superior de Investigaci¨®n de la Defensa (Cesid) como responsables de un delito de interceptaci¨®n telef¨®nica ilegal ha zanjado el litigio en la v¨ªa penal; a la hora de resolver los previsibles recursos de amparo de los condenados, el Tribunal Constitucional s¨®lo tomar¨¢ en consideraci¨®n las eventuales conculcaciones de los derechos fundamentales y las garant¨ªas procesales en la instrucci¨®n, juicio oral y fallo del caso. Sigue vivo, en cambio, el debate acerca del tipo de instrumentos a que puede recurrir un Estado de Derecho, mas all¨¢ de los procedimientos legales trasparentes, para perseguir las actuaciones del crimen organizado sin atentar contra las libertades y los valores democr¨¢ticos.

En t¨¦rminos constitucionales y penales, el asunto de las escuchas del Cesid apenas dejaba m¨¢rgenes razonables para la duda. El art¨ªculo 18 de la Constituci¨®n garantiza el secreto de las comunicaciones telef¨®nicas si no media autorizaci¨®n judicial: la infracci¨®n de ese mandato est¨¢ configurada como delito en el C¨®digo Penal. La Audiencia madrile?a declar¨® probado que los barridos del espacio radioel¨¦ctrico realizados por el Cesid hab¨ªan incluido en sus rastreos las bandas de frecuencia reservadas a los tel¨¦fonos inal¨¢mbricos y que la central de inteligencia registr¨® y almacen¨® conversaciones del Rey y de pol¨ªticos, empresarios y periodistas. Las v¨ªas a trav¨¦s de las cuales fueron dadas a conocer las grabaciones mostraron, para mayor inri de los implicados, que los aparatos de seguridad del Estado hab¨ªan estado trabajando en realidad para unos delincuentes: en 1995 Conde recibi¨® de manos de Perote algunas de esas cintas y transcripciones y las difundi¨® a trav¨¦s del diario El Mundo para chantajear al Gobierno.

La tesis exculpatoria de que el secreto de las comunicaciones telef¨®nicas cubrir¨ªa exclusivamente las transmisiones a trav¨¦s de cable resulta jur¨ªdicamente insostenible; la sentencia del Supremo rechaza contundentemente esa 'cristalizaci¨®n o fosilizaci¨®n de las tecnolog¨ªas' al servicio de la impunidad: la marginaci¨®n de la telefon¨ªa inal¨¢mbrica del amparo constitucional y penal equivaldr¨ªa a convertirla 'en una especie de tierra inexplorada y sin titulares, dispuesta a ser ocupada por el primer aventurero que dispusiera de medios para captarla'. El argumento seg¨²n el cual otros Estados europeos admiten en determinados supuestos la interceptaci¨®n gubernativa de las comunicaciones telef¨®nicas sin previa autorizaci¨®n judicial tropieza - guste o no-con la letra inequ¨ªvoca del art¨ªculo 18. Las novelas y las pel¨ªculas de esp¨ªas, desde la c¨ªnica licencia para matar extendida por Ian Fleming a favor de James Bond hasta los conflictos morales de los personajes de John Le Carr¨¦, han popularizado tambi¨¦n la idea de que las viejas democracias conceden bajo cuerda un trato penalmente exculpatorio a los agentes de los servicios secretos cuando son atrapados delictivamente con las manos en la masa. Sin duda, la apelaci¨®n a la seguridad nacional como causa de justificaci¨®n de las escuchas ilegales realizadas por el Cesid hace un gui?o a los aficionados a ese g¨¦nero literario y cinematogr¨¢fico. Pero la aceptaci¨®n de tales pr¨¢cticas significar¨ªa el restablecimiento de la raz¨®n de Estado, arbitrariamente interpretada por sus administradores, y la puesta entre par¨¦ntesis de los derechos y libertades.fundamentales .

Rafael del ?guila ha estudiado en La senda del mal (Taurus, 2000) los arduos problemas ¨¦tico-pol¨ªticos planteados a la democracia por las inevitables tensiones entre la seguridad de las instituciones y las libertades ciudadanas, as¨ª como la impropiedad de las simplistas r¨¦plicas extremas dadas a esos delicados conflictos por los implacables (pragm¨¢ticos defensores de la raz¨®n de Estado) y los impecables (ang¨¦licos aplicadores de reglas justas dictadas por sabios legisladores). El asunto de las escuchas del Cesid, en cualquier caso, ofrece escasa materia para ese debate: la sentencia del Supremo subraya que la exculpaci¨®n penal en nombre de la seguridad nacional del delito de interceptar conversaciones privadas a trav¨¦s de la telefon¨ªa inal¨¢mbrica significar¨ªa convertir la intimidad en producto accesible, 'sin costos ni respuesta jur¨ªdica', a los servicios secretos del Estado.