El Tribunal de Cuentas destapa anomal¨ªas en el ente que gestiona cursos de formaci¨®n

El Tribunal de Cuentas aprob¨® ayer su informe sobre la pol¨ªtica de contrataci¨®n de la Forcem en materia de asistencia, consultor¨ªa, y servicios. El trabajo denuncia que este organismo 'ha carecido y carece' de normas para contratar a terceros. Por todo ello, durante el periodo analizado -de 1996 a 1998-, la contrataci¨®n de Forcem tuvo un 'car¨¢cter err¨¢tico' pues en unos casos se cumpl¨ªan unos tr¨¢mites y en otros se ignoraban. Esto, seg¨²n el alto tribunal, pudo 'incidir en un incremento no razonable del gasto p¨²blico realizado por el Inem, y en definitiva, en una utilizaci¨®n por Forcem de fondos de origen p¨²blico contraria a los principios de econom¨ªa y eficiencia'.

El informe da abundantes pruebas del irregular sistema de contrataci¨®n. 'Durante el periodo fiscalizado, con especial incidencia en 1998, la generalidad de los contratos celebrados por la fundaci¨®n que han sido objeto de an¨¢lisis no fueron formalizados por escrito'. Tal carencia impide conocer si 'los contratos fueron celebrados por persona con capacidad para contraer obligaciones'.

Tampoco existi¨® publicidad para obtener una adecuada concurrencia de ofertas. Ni se han hallado informes que justifiquen la necesidad de cada contrataci¨®n. Bajo tales premisas, el diagn¨®stico del Tribunal de Cuentas es tajante: 'Durante el periodo 1996-97, en la mayor¨ªa de los expedientes analizados no se observaron los requisitos precitados, lo que ha podido suponer una lesi¨®n para los intereses de la fundaci¨®n, por cuanto se han podido efectuar contrataciones en su nombre por un precio superior al de mercado o con una calidad inadecuada a los fines que se pretend¨ªan'. 'El inter¨¦s p¨²blico', a?ade el escrito, 'se ha podido ver perjudicado por cuanto los fondos con que han sido satisfechos estos contratos son de origen p¨²blico'. El Tribunal considera que la contrataci¨®n en 1994 de la empresa Od¨®n 91 para prestar asistencia jur¨ªdica constituye 'una muestra espec¨ªfica de las deficiencias del procedimiento de contrataci¨®n'. No hubo expediente que justificara su contrataci¨®n, ni modelara los servicios que deb¨ªa prestar; no hubo publicidad ni concurrencia de ofertas. Ning¨²n informe detalla por qu¨¦ se contrat¨® a Od¨®n 91, 'cuando los estatutos de esta sociedad limitada no incluyen el asesoramiento jur¨ªdico en su objeto social'. Tampoco se precis¨® qu¨¦ persona f¨ªsica prestar¨ªa tal labor, aunque la realizar¨ªa en la sede Forcem y asistir¨ªa a las reuniones de la junta de gobierno. Todo ello 'cre¨® un velo por medio del cual quedaba oculta de facto la realidad cotidiana de la prestaci¨®n de servicios a Forcem por la contratista, con resultado de la ocultaci¨®n de la persona f¨ªsica materialmente encargada de prestar el asesoramiento entre 1994 y 1998'.

En 1996, el contrato con Od¨®n 91, fue modificado con cuatro condiciones 'gravosas' para el Forcem: aumento del precio; mejora de la cl¨¢usula de revisi¨®n anual del precio; exclusi¨®n del iva del precio y la introducci¨®n de la indemnizaci¨®n por rescisi¨®n. Estas cuatro modificaciones supusieron un 'sustancial incremento del coste del contrato con Od¨®n 91', sin que hubiera constancia documental de una negociaci¨®n entre Forcem y contratista ni justificaci¨®n de tal variaci¨®n.

La gerencia increment¨® un 187% el coste del contrato sin dar cuenta a la junta de gobierno, 'rompiendo as¨ª la buena fe y confianza'. Por el aumento del coste y el peaje por la rescisi¨®n, el tribunal cifra en 94 millones el pago injustificado que Forcem debe devolver al Inem.