El PP present¨® siete de los nueve recursos contra impuestos auton¨®micos
La Junta de Extremadura da por descontado que el Gobierno recurrir¨¢ ante el Tribunal Constitucional la ley auton¨®mica que crear¨¢ su nuevo impuesto sobre dep¨®sitos bancarios. Su consejero de Econom¨ªa, Manuel Amigo, argumenta que 'el PP ha llevado al Constitucional todos los impuestos creados por la Junta de Extremadura. No iba a ser ¨¦ste una excepci¨®n'. El anteproyecto de ley de ese impuesto est¨¢ pendiente del dictamen del Consejo Econ¨®mico y Social, y la Junta conf¨ªa en que sea aprobado antes de fin de a?o para que entre en vigor en 2002.
Cuatro de las nueve impuestos auton¨®micos que han sido recurridos ante el Constitucional son, precisamente, tributos extreme?os, y siete de esos nueve recursos fueron promovidos o por el PP o por el Gobierno popular. Est¨¢n pendientes del fallo del Alto Tribunal tres de esos nueve tributos, y dos de ellos son extreme?os: Uno, creado en 1998, sobre solares sin edificar en municipios de m¨¢s de 10.000 habitantes, con el que Extremadura pretende gravar que no se construya en suelo urbano a la espera de que suban los precios. El segundo, tambi¨¦n extreme?o, grava las torres de alta tensi¨®n del tendido el¨¦ctrico y las centrales nucleares, con el argumento de que esa autonom¨ªa exporta el 90% de la energ¨ªa el¨¦ctrica que se produce en su territorio mientras los beneficios de ese negocio revierten fuera.
El tercer impuesto pendiente del fallo del Constitucional es catal¨¢n: un gravamen sobre empresas que produzcan o almacenen sustancias peligrosas que puedan activar la alarma de protecci¨®n civil. El Gobierno ya ha aprobado el recurso contra otros dos impuestos: el catal¨¢n sobre los h¨ªper, que quiere gravar el impacto en el ordenamiento urbano y en el peque?o comercio de las grandes superficies, y la ecotasa castellano-manchega.
Cambio de mayor¨ªas
El ¨²ltimo fallo del Constitucional declar¨® nula una ecotasa: el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente creado por Baleares cuando all¨ª gobernaba el PP y recurrido por el Gobierno del Estado en la etapa socialista. Baleares preve¨ªa recaudar este a?o por ese tributo, ahora inconstitucional, 3.300 millones de pesetas. Tambi¨¦n fue declarado inconstitucional en 1995 un impuesto que el Gobierno popular de Baleares impuso sobre la loter¨ªa nacional, porque ese juego ya est¨¢ gravado por el Estado.
El Alto Tribunal consider¨® constitucional los tributos extreme?os sobre la caza y sobre dehesas infrautilizadas, as¨ª como el impuesto andaluz sobre fincas de uso manifiestamente mejorables y el recargo del 3% sobre el IRPF que promovi¨® Leguina para Madrid, y que nunca lleg¨® a poner en marcha.
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