Los consumidores alertan de los cursos de idiomas con 'cr¨¦ditos encubiertos'
Las academias alegan que los alumnos saben que pagan un pr¨¦stamo
Las cadenas de academias con amplia oferta horaria, ¨¦nfasis en los sistemas multimedia y la posibilidad de que el alumno aprenda durante un n¨²mero ilimitado de horas proliferan frente a los centros cl¨¢sicos. A menudo con fuerte despliegue publicitario, estos centros han introducido un nuevo sistema de pago. Especializadas sobre todo en la ense?anza de ingl¨¦s, venden el curso por paquetes de niveles. El estudiante debe comprar un m¨ªnimo de tres o cuatro que suponen siete u ocho meses de estudio a un ritmo de tres o cuatro horas semanales y un m¨¢ximo de un a?o, seg¨²n la informaci¨®n suministrada en dos grandes cadenas.
La matr¨ªcula (incluye el material) se paga en 12 o 13 mensualidades, sin posibilidad de darse de baja una vez transcurridos los 10 o 15 primeros d¨ªas. 'Lo financiamos sin intereses. Si paga al contado tiene un descuento del 5%', aseguran en las academias Wall Street Institute y English Opening School (con m¨¢s de 150 centros cada una en Espa?a). Son dos de las que aplican el nuevo sistema. El precio m¨ªnimo supera en ambos casos las 220.000 pesetas. Con este m¨¦todo, los centros evitan que el absentismo da?e la cuenta de resultados.
'Las academias que recurren a estas pr¨¢cticas no suelen informar al consumidor de que est¨¢ pidiendo un cr¨¦dito a una entidad para financiar sus estudios', explica el portavoz de la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios, Jos¨¦ Mar¨ªa M¨²gica. 'El centro cobra del banco por adelantado y luego el alumno no puede dar marcha atr¨¢s porque debe el dinero a una entidad financiera, y no a quien presta el servicio', prosigue. 'Este sistema no va contra la ley, pero se apoya en vac¨ªos legales y provoca la indefensi¨®n del consumidor', puntualiza M¨²gica.
Desde English Opening School, ?ngeles Mendo niega las acusaciones de los consumidores. 'El alumno es consciente de que pide una financiaci¨®n y los intereses del cr¨¦dito los pagamos nosotros. En caso de fuerza mayor, puede rescindir el compromiso del curso', asegura. En Wall Street Institute, su director general, Jos¨¦ Rafael L¨®pez, puntualiza: 'El alumno compra un volumen de conocimientos, equivalente a un master. Si su situaci¨®n cambia, intentamos facilitarle que pueda seguir con los estudios'. Respecto a la financiaci¨®n, asegura que informan a los alumnos 'de todos los detalles'. 'No son cr¨¦ditos encubiertos. El procedimiento es claro y en torno al 75% de nuestros 70.000 alumnos recurre a la financiaci¨®n', a?ade.
Este m¨¦todo ha puesto en pie de guerra a las asociaciones de consumidores. 'Dado el volumen de documentos que se pone a la firma, el alumno no se entera de que suscribe un cr¨¦dito y firma todo sin leer', se?ala Carmen Torres, experta de la Uni¨®n de Consumidores de Espa?a (UCE). 'Un problema a?adido es que la obligaci¨®n de pagar resulta ajena a que se cumplan los servicios pactados, porque la prestaci¨®n de servicios y el pr¨¦stamo siguen v¨ªas distintas en los tribunales y el segundo tiene un procedimiento mucho m¨¢s r¨¢pido que el primero', detalla el secretario general de la UCE, Jorge Hinojosa.
Mercado enrarecido
Tanto esa organizaci¨®n como la OCU han recibido decenas de reclamaciones. En la Confederaci¨®n Espa?ola de Organzaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) recibieron 4.000 quejas por situaciones similares en 1999. Las del a?o pasado ser¨¢n a¨²n m¨¢s, porque el sistema se ha puesto de moda, afirma Eugenio Rib¨®n, experto de la entidad.
Por su parte, la Confederaci¨®n Espa?ola de Centros y Academias Privadas (CECAP), que representa a buena parte de los centros de idiomas tradicionales, considera que el sistema, pese a ser legal, 'enrarece el mercado'. La entidad calcula que las nuevas academias atienden entre el 30% y el 40% de la demanda adulta de ense?anza de ingl¨¦s. Javier Garc¨ªa Bartolom¨¦, jefe de Normativa del Instituto Nacional del Consumo (INC), se?ala que el organismo es consciente del problema, pero cree que la soluci¨®n debe venir de la inspecci¨®n de las comunidades aut¨®nomas.
Impagos en los juzgados
A Jos¨¦ Linaza, catedr¨¢tico universitario, un banco le ha reclamado 316.602 pesetas, 'm¨¢s los gastos, costas e intereses que se devenguen' en un juzgado de Madrid. Es la factura del curso que contrat¨® para un hijo con la academia Quick Center en octubre de 1999 para 24 meses. En la letra peque?a se inclu¨ªa un pr¨¦stamo bancario. 'La academia se compromet¨ªa a enviar un profesor a casa una vez por semana, pero no lo hizo nunca. A comienzos de 2000 di orden al banco de no pagar. Ped¨ª que me devolvieran el dinero. Me dijeron que no era posible. Luego recib¨ª una llamada del banco para reclamarme que reintegrara el cr¨¦dito que yo ignoraba tener', afirma. El responsable de Quick Center argumenta que el alumno no envi¨® los ejercicios para poder recibir la visita del profesor: 'Nos pidieron la devoluci¨®n del dinero al cabo de tres meses, cuando no se hab¨ªa registrado ning¨²n incumplimiento por nuestra parte'.
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