Involuci¨®n en la pol¨ªtica educativa de la Generalitat
La pol¨ªtica educativa del Gobierno de la Generalitat se ha caracterizado siempre por una falta de voluntad para crear una escuela p¨²blica que tenga como objetivo la equidad, entendida como el hecho de dar a cada alumno lo que necesita, que no es lo mismo que la igualdad, equivalente a dar lo mismo a todos.
Esta premisa se concreta en la creaci¨®n de una doble red de escuelas p¨²blicas y privadas concertadas que subvierte todo el sistema. El modelo de CiU en estos 21 a?os se concreta en unas inversiones en ense?anza muy bajas (un 2,4% del PIB, cuando la media europea es del 6%), en no desarrollar con fuerza y decisi¨®n la formaci¨®n profesional, en una desatenci¨®n de la educaci¨®n de 0 a 3 a?os y de la educaci¨®n de adultos, en no facilitar la gratuidad progresiva de los libros de texto y el material escolar (actuaci¨®n que s¨ª han llevado a cabo las comunidades de Arag¨®n, Andaluc¨ªa y Castilla-La Mancha), y en mantener un profesorado desmotivado en la escuela p¨²blica por falta de est¨ªmulos y reconocimiento, y en la concertada por las d¨¦biles condiciones contractuales y laborales. En definitiva, el modelo no sirve para potenciar la cohesi¨®n social y disminuir las diferencias, sino todo lo contrario.
Este modelo, que obedece a una ideolog¨ªa conservadora, entra en los ¨²ltimos a?os en una involuci¨®n derechista de consecuencias muy graves para nuestra sociedad.
Voy a poner tres ejemplos para ilustrar la afirmaci¨®n: el decreto de matriculaci¨®n (que no es nuevo), el proyecto de decreto que regula los centros que acojan de manera regular a ni?os y ni?as de hasta seis a?os, y la vor¨¢gine de conciertos irregulares con la escuela privada.
Es sintom¨¢tico del car¨¢cter prepotente y autoritario del Departamento de Ense?anza que apruebe un decreto de matriculaci¨®n con la oposici¨®n de los sindicatos, del profesorado, de los padres y madres, y de la Federaci¨®n de Municipios; que no haga caso de las recomendaciones del Consejo Escolar de Catalu?a, y que, en un arranque de soberbia, exija al S¨ªndic de Greuges que d¨¦ alternativas cuando critica el documento. Todo el mundo en contra menos los centros privados concertados, que pueden mantener su negocio sin obst¨¢culos. Un decreto que, seg¨²n palabras del S¨ªndic de Greuges, es 'poco decisivo para garantizar la integraci¨®n efectiva de los alumnos inmigrantes'. Un decreto que no considera la necesidad de un punto ¨²nico de informaci¨®n sobre el proceso de preinscripci¨®n, ni una comisi¨®n de escolarizaci¨®n permanente, ni contempla el papel decisivo de los ayuntamientos en la planificaci¨®n de las plazas escolares, ni tiene el mismo nivel de exigencia y control en la red p¨²blica que en la privada. En definitiva, un decreto que no garantiza el derecho a la educaci¨®n de los ni?os y j¨®venes, y no preserva la igualdad en el acceso a la educaci¨®n.
El segundo s¨ªntoma de involuci¨®n lo demuestra la vor¨¢gine de concertaciones de escuelas privadas religiosas y laicas que hace el departamento. Concertaciones que vulneran el derecho a la educaci¨®n. Se concierta con escuelas que discriminan a los alumnos por razones de sexo (Opus Dei), en zonas pudientes con excedentes de oferta educativa sostenida con fondos p¨²blicos, con centros que no garantizan un m¨ªnimo de calidad al tener una sola l¨ªnea de ESO y muchos de ellos cobran importantes cifras a los padres para fundaciones o para reservas de plaza antes del l¨ªmite legal. Mientras que se subvencionan estos centros, la Generalitat destina para los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de situaciones sociales desfavorables (pobreza) 10.000 pesetas por alumno y a?o. Toda una demostraci¨®n de fomento de la cohesi¨®n social de la conservadora consejera de Ense?anza.
La guinda a este proceso la pone el proyecto de regulaci¨®n de los centros de cero a seis a?os: todo un ejemplo de desregulaci¨®n del sector y de potenciaci¨®n de la iniciativa privada.
El borrador del proyecto establece tres tipos de centros:
a) Escuelas de educaci¨®n infantil: con funci¨®n educativa, con control directo del departamento y sometidas a leyes educativas.
b) Guarder¨ªas: con funci¨®n asistencial y educativa si hace falta, control compartido entre ayuntamientos y el departamento, y no sometidas a leyes.
c) Servicios de atenci¨®n a la infancia: con finalidad de guardia y custodia, sin ning¨²n control y en funci¨®n de las necesidades de los padres, y sin garant¨ªa de titulaci¨®n del personal que est¨¦ a cargo de estos ni?os y ni?as.
Es la aplicaci¨®n del liberalismo m¨¢s salvaje, del s¨¢lvese quien pueda aplicado a la educaci¨®n infantil. Si no, ?c¨®mo se explica que se intente regular el segundo ciclo de educaci¨®n infantil (se tres a seis a?os) si ya est¨¢n escolarizados en una etapa educativa m¨¢s de un 90% de los ni?os y ni?as de Catalu?a? Con este decreto, el Departamento de Ense?anza renuncia al despliegue de la LOGSE en la etapa que va de cero a tres a?os y a una aut¨¦ntica regulaci¨®n del sector, traspasando la responsabilidad a los municipios o a la iniciativa privada. Parece un intento de legalizar todo lo que hay, aunque no cumpla los requisitos exigibles, y as¨ª evitar una planificaci¨®n que garantice el derecho a la educaci¨®n de los ni?os y ni?as de cero a tres a?os. Unos ver¨¢n garantizada la v¨ªa educativa, otros ser¨¢n asistidos y otros custodiados.
Ante estos hechos tan graves, la sociedad tiene que decir basta y exigir un cambio de modelo educativo que est¨¦ al servicio de todos los ciudadanos y que impulse el derecho a la educaci¨®n y persiga la cohesi¨®n social. Un pa¨ªs rico en movimientos de renovaci¨®n pedag¨®gica, con una comunidad educativa muy activa, con un profesorado con una alta dosis de voluntarismo, no se merece una consejera ni una pol¨ªtica educativa involucionista.
Joan Boada i Masoliver es portavoz del grupo parlamentario de IC-V
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