Los jueces investigaron en 2000 el patrimonio de 40.000 personas que dec¨ªan ser insolventes

Seg¨²n datos del decanato de los juzgados de la plaza de Castilla, en 2000 se investig¨® el patrimonio de un total de 38.430 personas, todas ellas incursas en procedimientos judiciales.

Los jueces de instrucci¨®n (los que investigan delitos) son los que m¨¢s investigaciones patrimoniales decretaron (en total, 17.397). Se trata de ciudadanos que son condenados a pagar una multa o a resarcir los da?os causados a v¨ªctimas de sus hechos delictivos, y que alegaban carecer de bienes para afrontar esos pagos. Los jueces no les creyeron e investigaron sus cuentas.

El ahora f¨¢cil acceso al ordenador evita que el juez tenga que enviar, como hac¨ªa antes, un exhorto a la Delegaci¨®n de Hacienda y esperar a que este departamento le contestase. La investigaci¨®n patrimonial es, de esta forma, mucho m¨¢s r¨¢pida. Si el juez observa signos externos de que el implicado miente, puede adoptar medidas m¨¢s contundentes contra ¨¦l y -si la indagaci¨®n con Hacienda resulta positiva- ordenar el embargo de sus bienes para resarcir el da?o causado a la v¨ªctima.

La cifra de investigados por cuestiones judiciales civiles (rupturas matrimoniales, quiebras de empresas, deudas entre ciudadanos) fue en 2000 m¨¢s reducida que la penales: se elev¨® a 10.781. Muchos c¨®nyuges, tras la separaci¨®n, indican que su patrimonio es insuficiente para afrontar los pagos que les impone el juez de familia; por ejemplo, a la hora de evaluar la pensi¨®n por alimentos. Tambi¨¦n hay c¨®nyuges que afirman que ocultan al juez su patrimonio real con vistas a salir m¨¢s beneficiados en el reparto de bienes.

Ahora, gracias al citado terminal inform¨¢tico se puede comprobar la veracidad de sus afirmaciones. Basta una mirada al ordenador para dilucidar si mienten o no, salvo que, como ocurre en muchos casos, tengan los bienes a nombre de terceras personas o testaferros.

Por cuestiones relacionadas con la jurisdicci¨®n laboral (las antiguas magistraturas de trabajo) se investig¨® a 3.539 personas (empresarios que se declaran insolventes para pagar las n¨®nimas de los trabajadores u otras deudas).

Embargo de coches

Un juez tambi¨¦n puede embargar un coche a un moroso. El a?o pasado se investig¨®, a trav¨¦s de la Direcci¨®n General de Tr¨¢fico, a 6.713 personas con vistas a averiguar si dispon¨ªan de veh¨ªculos a su nombre.

Los jueces que m¨¢s utilizan el ordenador conectado con Hacienda son los de ejecutorias, que se encargan en exclusiva de ejecutar sentencias dictadas por los juzgados de lo penal sobre delitos con penas inferiores a cinco a?os de prisi¨®n, que son los m¨¢s irritantes para el ciudadano (robos, peque?as estafas, lesiones). Varios funcionarios de Hacienda se han trasladado a los juzgados y hacen las indagaciones que les ordenan los magistrados. S¨®lo ¨¦stos, y tras la preceptiva orden judicial, tienen acceso a esta terminal. El ordenador registra los nombres de las personas que acceden a ¨¦l, seg¨²n fuentes judiciales.

Antes de crearse los juzgados de ejecutorias, en 1996, las deudas impagadas de los condenados (indemnizaciones a v¨ªctimas, multas) se cifraban en 'cientos de millones de pesetas'. 'Al existir mayor control, estamos consiguiendo que muchos delincuentes paguen', afirman fuentes judiciales.

La estad¨ªstica del decanato de los juzgados de Madrid relativa al a?o 2000 ofrece tambi¨¦n los siguientes datos: las quejas de los ciudadanos respecto al funcionamiento de los juzgados son poco significativas, quiz¨¢ por ignorancia de que existe un servicio al respecto en el decanato, que dirige el magistrado Fernando Fern¨¢ndez -el cual, seg¨²n ha manifestado, las supervisa y contesta 'todas'-. El a?o pasado se presentaron 199 quejas, cifra similar a la de a?os anteriores. La mayor¨ªa alude a discrepancias de ciudadanos sobre resoluciones dictadas por los jueces.

En 2000 hab¨ªa en Madrid cuatro juzgados de menores. Ahora, tras la entrada en vigor de la nueva Ley del Menor, el pasado 13 de enero, se han creado otros dos. S¨®lo los cuatro antiguos juzgados recibieron el a?o pasado casi 4.000 asuntos penales relacionados con menores de 16 a?os.

Algunos datos curiosos que figuran en la estad¨ªstica de los juzgados que hacen funciones de registro civil son los siguientes: en 2000 hubo casi 1.500 ciudadanos que pidieron cambiar su nombre, casi 8.000 extranjeros pidieron la nacionalidad y 557 parejas inscribieron fuera de plazo a sus hijos. Adem¨¢s, 352 hombres acudieron al Registro Civil para 'destruir la presunci¨®n de personalidad' respecto a alguno de sus hijos.