El conflicto laboral de Rota 'enturbia' la renegociaci¨®n del tratado con EE UU

El tiempo se echa encima. El Gobierno espa?ol pretend¨ªa, como declar¨® el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, en la entrevista publicada por EL PA?S el 25 de septiembre de 2000, que el conflicto laboral de Rota estuviese resuelto antes de que se iniciara la renegociaci¨®n formal del tratado. Pero la pasada semana, mientras una delegaci¨®n de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa viajaba a Washington para presentar las propuestas espa?olas de modificaci¨®n del convenio, la base de Rota viv¨ªa la huelga m¨¢s larga de su historia, de seis d¨ªas de duraci¨®n.

El desencadenante de este conflicto -que puede 'enturbiar' la renegociaci¨®n del convenio militar, seg¨²n ha advertido el Gobierno espa?ol a EE UU- est¨¢ en la Ley de Acompa?amiento de los Presupuesto Generales del Estado de 2000, que elimin¨® la exenci¨®n fiscal que desde 1971 disfrutaba el llamado 'complemento salarial americano'. Esta reforma legal supuso para los trabajadores espa?oles la p¨¦rdida de entre el 10% y el 30% de sus retribuciones. Ello se sum¨® a una congelaci¨®n de los salarios reales desde 1989 y a la imposibilidad de negociar su poder adquisitivo, por impedirlo el convenio con EE UU.

La reivindicaci¨®n de los trabajadores ha encontrado un apoyo social y pol¨ªtico sin precedentes. La Comisi¨®n de Defensa del Congreso aprob¨® el pasado 7 de noviembre, por unanimidad, una moci¨®n de respaldo y la pasada semana, en plena huelga, sus representantes fueron recibidos en las Cortes por diputados de los Grupos Popular y Socialista.

Amnist¨ªa fiscal

La Administraci¨®n norteamericana aduce que su legislaci¨®n interna le impide conceder un aumento como el que pretenden los trabajadores y que el problema 'lo ha creado unilateralmente el Gobierno espa?ol al eliminar la exenci¨®n fiscal, por lo que es ¨¦ste quien debe resolverlo'. Como m¨¢ximo, est¨¢ dispuesta a buscar alguna 'f¨®rmula de compensaci¨®n' sufragada conjuntamente.

Pero el Gobierno espa?ol replica que ¨¦l ya ha asumido su parte. La Ley de Acompa?amiento de 2000 incluy¨® tambi¨¦n una amnist¨ªa fiscal en virtud de la cual Hacienda renunci¨® a cobrar los impuestos pendientes de los cinco a?os anteriores y levant¨® los embargos que, por valor de unos 3.000 millones de pesetas, pesaban sobre los trabajadores.

El problema no es s¨®lo salarial. Desde 1997, el personal local empleado en la base ha pasado de casi 1.600 a menos de 1.200. El Gobierno espa?ol autoriz¨® en enero a EE UU a potenciar Rota con la construcci¨®n de 16 aparcamientos para aviones de transporte estrat¨¦gico, por valor de 125 millones de d¨®lares (m¨¢s de 23.000 millones de pesetas), alegando que ello redundar¨ªa en el desarrollo econ¨®mico de la zona.

Pero el Comit¨¦ de Establecimiento acaba de revelar un documento norteamericano que anuncia ocho nuevos despidos en los pr¨®ximos meses. Defensa sostiene que est¨¢ atado de pies y manos. Aunque formalmente es este ministerio el que despide, el convenio dice que, si en 90 d¨ªas no da luz verde a las peticiones de reducci¨®n de plantilla, EE UU deja de pagar los salarios.

Las retribuciones de los trabajadores espa?oles suponen, adem¨¢s, el ¨²nico beneficio indirecto para el Ayuntamiento de Rota, que no percibe ning¨²n impuesto sobre las actividades econ¨®micas que se desarrollan en la base, a pesar de que ¨¦sta ocupa un tercio de su t¨¦rmino municipal.En estas condiciones, el punto m¨¢s urgente del documento presentado en Washington por los representantes del Gobierno espa?ol es la resoluci¨®n del conflicto de Rota y el segundo, la modificaci¨®n del anejo ocho del convenio, sobre asuntos laborales.

Defensa no quiere seguir sirviendo de intermediario entre los trabajadores espa?oles y la Administraci¨®n de EE UU, cuyos intereses y decisiones est¨¢ obligado legalmente a defender, sin posibilidad de influir en ellos, como se ha visto en la pr¨¢ctica. En 1997 se firm¨® el primer, y hasta ahora ¨²ltimo, convenio colectivo.

Las movilizaciones de los trabajadores, que bloquearon la entrada de la base durante seis meses el a?o pasado, han supuesto un centenar de sanciones administrativas, por valor de m¨¢s de 19 millones de pesetas, y una decena de procesos judiciales. Dos miembros del Comit¨¦ de Establecimiento, entre ellos su presidente, Julio Malvido, han sido ya condenados a seis meses de c¨¢rcel por resistencia a la autoridad. Y a Malvido, con dos trabajadores m¨¢s, le espera otro juicio en el que el fiscal pide hasta tres a?os de prisi¨®n por des¨®rdenes p¨²blicos, atentado y lesiones.

Con este panorama convulso, el Rey tiene previsto visitar Rota durante la segunda quincena de mayo. Ser¨¢ su primera visita a la base de utilizaci¨®n conjunta en m¨¢s de una d¨¦cada, desde 1990.