La oposici¨®n exige al Gobierno que suavice el reglamento de Extranjer¨ªa

El ministro del Interior, Mariano Rajoy, entreg¨® el borrador del reglamento a los grupos parlamentarios el 16 de marzo. Ese mismo d¨ªa afirm¨® que el Gobierno estaba dispuesto a dialogar sobre su contenido, pero que en todo caso aprobar¨ªa el texto definitivo en junio. Tras estudiar el documento durante un mes, los principales partidos de la oposici¨®n coinciden en exigir cambios fundamentales para apoyarlo.

La negociaci¨®n del reglamento amenaza con convertirse en la tercera edici¨®n de la falta de acuerdo en que desembocaron las conversaciones sobre la Ley de Extranjer¨ªa y sobre el Programa Global de Regulaci¨®n y Coordinaci¨®n de la Inmigraci¨®n, conocido como Plan Greco.

Los cuatro grupos parlamentarios convocados esta semana por Fern¨¢ndez-Miranda coinciden en dos objeciones al proyecto del Gobierno: la arbitrariedad que deja en manos de la Administraci¨®n y el aumento de la burocracia que consagra.

'El borrador tiene dos defectos b¨¢sicos', afirma el diputado de Converg¨¨ncia i Uni¨® Carles Campuzano: 'Impide la celeridad en la concesi¨®n de los papeles de residencia y no da suficientes garant¨ªas a los inmigrantes. Fija plazos para que los extranjeros cumplan con los tr¨¢mites que les corresponden, pero no compromete a la Administraci¨®n en la misma medida'.

La secretaria de pol¨ªticas sociales y migratorias del PSOE, Consuelo Rum¨ª, est¨¢ de acuerdo con este diagn¨®stico: 'El reglamento incide especialmente en aspectos policiales y de control, e introduce con car¨¢cter general arbitrariedad e inseguridad jur¨ªdica en los procedimientos', afirma.

Rum¨ª, que el jueves se reunir¨¢ con Fern¨¢ndez-Miranda para explicarle las salvedades socialistas al proyecto, critica, respecto a los art¨ªculos relacionados con los visados, que el Ministerio de Asuntos Exteriores pretenda introducir requisitos subjetivos en las decisiones de las misiones diplom¨¢ticas y oficinas consulares. 'Adem¨¢s', a?ade, 'los nuevos procedimientos aumentar¨¢n la burocracia y supondr¨¢n un incremento de los tiempos para resolver las solicitudes'.

'Visi¨®n policial'

Izquierda Unida tambi¨¦n llama la atenci¨®n sobre estos aspectos. Seg¨²n el detallado documento de 22 folios entregado ayer por su portavoz en el Congreso, Felipe Alcaraz, al secretario de Estado, 'la visi¨®n policial de la inmigraci¨®n y de control del ilegal recorre la mayor parte del articulado' del proyecto. 'Mantiene el n¨²cleo duro', afirma, 'claramente restrictivo, de la pol¨ªtica inmigratoria hasta ahora seguida, en materia de visados, entrada, expulsiones y control de la estancia, con retrocesos en las garant¨ªas y la protecci¨®n jur¨ªdica efectiva, adem¨¢s de reforzarse la arbitrariedad de la autoridad consular y el control gubernativo'.

Tambi¨¦n la diputada de Coalici¨®n Canaria Mar¨ªa del Mar Julios cree que el borrador debe ser modificado para agilizar los tr¨¢mites de regularizaci¨®n, 'sobre todo en los procesos de selecci¨®n de los inmigrantes en su pa¨ªs de origen. Ese mecanismo est¨¢ anquilosado', asegura. 'Si desde que un empresario solicita a un trabajador hasta que ¨¦ste obtiene sus papeles transcurre un a?o, el mecanismo no sirve para nada'.

Adem¨¢s de estos aspectos, los grupos pol¨ªticos exigen la modificaci¨®n de otros muchos art¨ªculos del reglamento. El PSOE denuncia que 'utiliza la figura de la inadmisi¨®n a tr¨¢mite sin establecer que la resoluci¨®n tendr¨¢ que ser motivada y sin prever un procedimiento espec¨ªfico o de reexamen urgente de las solicitudes inadmitidas a tr¨¢mite'. Apunta que 'impone a los transportistas unas obligaciones que exceden a las del convenio de Schengen y que deber¨ªan ser asumidas por las autoridades gubernativas'.

Izquierda Unida considera que el texto consolida 'un sistema de reagrupaci¨®n familiar oneroso, ya que son varios los a?os que se exigen para poder ejercer este derecho, junto a una serie de medidas arbitrarias y abusivas que lo pueden dificultar m¨¢s a¨²n'. Y a?ade: 'Bajo un pretendido car¨¢cter estrictamente t¨¦cnico, elude cualquier menci¨®n a los derechos sociales o c¨ªvicos que la ley recoge, aunque sea en exclusiva para los residentes'. 'El concepto de arraigo', dice, 'queda muy devaluado'.

Tambi¨¦n Coalici¨®n Canaria se muestra preocupada por la 'ambig¨¹edad' con que el proyecto aborda las situaciones humanitarias. Considera 'necesario' que la asistencia sanitaria se mantenga y que 'no haya diferencias entre lo que se le pide al turista y lo que se le exige al inmigrante, sobre todo cuando en muchos casos este ¨²ltimo cotiza a la Seguridad Social'. Algunos aspectos, como la obligaci¨®n de que los empresarios que transporten irregulares se hagan cargo de ellos le parecen de dif¨ªcil cumplimiento en las islas. En este sentido pone como ejemplo la llegada a Tenerife, la semana pasada, de un barco con 108 inmigrantes. '?En d¨®nde encontramos al empresario que flet¨® el buque para que los repatr¨ªe?', se pregunta. '?Qui¨¦nes son los empresarios de las pateras que llegan a nuestras costas?'.