Por qu¨¦ los argumentos de las empresas no se sostienen

El 5 de marzo de 2001, 39 de las m¨¢s importantes empresas farmac¨¦uticas del mundo llevaron al Gobierno de Sur¨¢frica ante el Alto Tribunal de Pretoria debido a la aprobaci¨®n de la Ley sudafricana sobre Medicamentos. Esta ley fue el primer gran paso de la Sud¨¢frica post apartheid para enfrentar la grave crisis nacional que supone la incidencia del virus VIH/sida entre sus habitantes. B¨¢sicamente, pretende que la poblaci¨®n tenga acceso a las medicinas esenciales de calidad disponibles en el mercado (a trav¨¦s de la importaci¨®n de medicamentos de marca m¨¢s baratos o de la importaci¨®n y/o fabricaci¨®n de productos gen¨¦ricos), limitando adem¨¢s las irregularidades inherentes al proceso de recetado (el marketing de las compa?¨ªas farmac¨¦uticas entre los m¨¦dicos) y garantizando un mecanismo transparente de asignaci¨®n de precios. La reacci¨®n de los grandes laboratorios fue r¨¢pida y contundente: en su opini¨®n, la ley no s¨®lo es ilegal -ya que contraviene las normas de la Organizaci¨®n Mundial del Comercio (OMC) sobre la propiedad intelectual (conocidas como TRIPs), asumidas por Sur¨¢frica- sino que tambi¨¦n es inconstitucional, ya que vulnera la propiedad de compa?¨ªas privadas. M¨¢s a¨²n, los grandes laboratorios temen que el caso surafricano siente un precedente que, en ¨²ltimo t¨¦rmino, desestimule el esfuerzo investigador de muchas empresas.

?frica, con s¨®lo un 1% del mercado de las farmac¨¦uticas, no amenaza sus esfuerzos inversores

En medio de una impresionante expectaci¨®n internacional, el tribunal ha admitido que las implicaciones del caso van mucho m¨¢s all¨¢ de esta demanda concreta y que, por tanto, debe considerarse en el contexto amplio del problema sobre el precio de los medicamentos. Por eso decidi¨® suspender el juicio hasta el 18 de abril, al admitir las alegaciones de organizaciones civiles y dar tiempo a las empresas para estudiar las alegaciones.

Todo esto ocurre en un pa¨ªs donde m¨¢s de 4,5 millones de personas est¨¢n infectadas por el virus del VIH/sida. Se dan 1.700 nuevos casos cada d¨ªa, de los cu¨¢les 200 son ni?os reci¨¦n nacidos. Pese a ello, pr¨¢cticamente todos los antiretrovirales utilizados para detener el virus del sida est¨¢n protegidos por patentes y se venden a precios entre cuatro y doce veces superiores a los de sus equivalentes gen¨¦ricos, disponibles en el mercado internacional. Esto lo saben pa¨ªses como Brasil, que ha reducido a la mitad la mortalidad por sida gracias a la utilizaci¨®n de gen¨¦ricos. En Sur¨¢frica, utilizando productos patentados, el coste de un tratamiento retroviral combinado es de 10.000 d¨®lares estadounidenses por persona y a?o. Si el Gobierno quisiese asegurar el tratamiento para una proporci¨®n similar a la del caso brasile?o (lo que supondr¨ªa atender con urgencia a unas 700.000 personas), tendr¨ªa que desembolsar unos 7.000 millones de d¨®lares; el equivalente a 27 veces el presupuesto p¨²blico total para gasto en medicinas.

Nadie niega que es imprescindible que las compa?¨ªas inversoras recuperen los altos costes de la investigaci¨®n a trav¨¦s de un sistema de patentes, ya que de otra forma no habr¨ªa incentivos al desarrollo cient¨ªfico desde la iniciativa privada. Sin embargo, un an¨¢lisis algo m¨¢s detallado de los argumentos de las empresas farmac¨¦uticas muestra hasta qu¨¦ punto su posici¨®n est¨¢ injustificada en este caso y en otros parecidos. En primer lugar, y pese a sus muchos defectos, la normativa TRIPs de la OMC es completamente neutral en lo que se refiere a las importaci¨®n de medicamentos de marca m¨¢s baratos y reconoce expl¨ªcitamente el derecho a conceder licencias obligatorias para la importaci¨®n y producci¨®n de gen¨¦ricos bajo ciertas condiciones (en concreto, cuando se d¨¦ una 'emergencia nacional de salud'; ?qui¨¦n puede negar esta situaci¨®n en muchos pa¨ªses del Tercer Mundo?). En segundo lugar, ?frica representa tan s¨®lo un 1% del total de las ventas de estas multinacionales -4% en el caso de Am¨¦rica Latina-, por lo que dif¨ªcilmente un mercado tan exiguo va a poner en riesgo los esfuerzos inversores de las empresas. Los impresionantes beneficios resultantes de las patentes (hasta un 30% sobre el precio del medicamento) se generan fundamentalmente en los pa¨ªses industrializados, aquellos que tienen una mayor capacidad para absorber los altos precios vinculados a las patentes. En tercer lugar, la Constituci¨®n surafricana establece que 'todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a servicios b¨¢sicos de salud', por lo que, atendiendo a este art¨ªculo, la aprobaci¨®n de esta Ley est¨¢ en perfecta consonancia con la Constituci¨®n. Con estos argumentos, ser¨ªa dif¨ªcil que las compa?¨ªas demandantes ganasen el juicio, pero nunca debe menospreciarse la capacidad de persuasi¨®n de las empresas transnacionales en situaciones como ¨¦sta.

Por si acaso, el Gran Pharma -como le llamar¨ªa John Le Carr¨¦- no ha perdido el tiempo. Dicen que est¨¢n obligados ante sus accionistas a recuperar las importantes cantidades que han arriesgado en beneficio de todos, y dicen tambi¨¦n que la ¨²nica manera de hacerlo es a trav¨¦s de un sistema mundial de patentes, por fr¨ªo que parezca a veces. Eso no quiere decir -contin¨²an- que no les preocupe el problema del acceso de poblaciones pobres a medicamentos esenciales, por lo que se apresuran a ofrecer acuerdos con instituciones p¨²blicas y privadas para reducir el precio de ciertos medicamentos en algunos pa¨ªses. Fruto de la considerable presi¨®n social -y no tanto del arrebato filantr¨®pico de las compa?¨ªas- durante los ¨²ltimos meses se han ido anunciando algunas iniciativas de reducci¨®n de precios (entre otros, la Accelerating Access Initiative firmada entre ONUSIDA y los cinco laboratorios m¨¢s grandes o la reducci¨®n en los precios de medicamentos contra el sida de la empresa Merck para Brasil). No cabe duda que estos acuerdos pueden ser parte de la soluci¨®n, pero se quedan muy cortos si se plantean de forma aislada. No olvidemos que son circunstanciales y no vinculantes, que a menudo est¨¢n condicionados y que no garantizan los mejores precios posibles.

Al ofrecer estos acuerdos, las compa?¨ªas no hacen sino reconocer la importancia del factor precio en el acceso a medicamentos esenciales. Est¨¢ claro, como ellas dicen, que ¨¦sta es s¨®lo parte del problema. Las restricciones presupuestarias, la escasez y mala formaci¨®n del personal sanitario o la inadecuada infraestructura tienen tambi¨¦n mucho que ver. Pero eso no niega el argumento principal: el alto precio de los medicamentos esenciales es una barrera insalvable, que los hace inasequibles para el sistema de salud p¨²blica y la mayor parte de compradores individuales. Y ¨¦se es un problema al que debemos hacer frente en situaciones concretas, como la que ahora se vive en Sur¨¢frica.

Una industria farmac¨¦utica fuerte y rentable es importante para lograr avances en el bienestar humano. Pero la combinaci¨®n de un conjunto de normas injustas sobre propiedad intelectual dentro de la OMC y una estrategia despiadada por parte de las empresas con el objeto de maximizar sus beneficios, est¨¢n alimentando una crisis sanitaria global en la que cientos de millones de personas padecen la miseria de las enfermedades cr¨®nicas y la muerte temprana.

Hasta ahora los contrargumentos de los gigantes farmac¨¦uticos han sido m¨¢s bien d¨¦biles. Las empresas m¨¢s importantes saben que se enfrentan a una seria crisis de imagen ante la sociedad y aun as¨ª parecen incapaces de situarse a la altura del reto que enfrentan. Confiamos en que, dentro de poco, una o dos empresas del sector farmac¨¦utico aprendan de la visi¨®n a largo plazo que ya han mostrado algunas compa?¨ªas de otros sectores -como el del petr¨®leo- y comiencen a liderar el camino hacia una estrategia empresarial que sea rentable pero tambi¨¦n responsable, y que permita responder a la crisis sanitaria mundial con una globalizaci¨®n de rostro humano.

Gonzalo Fanjul es t¨¦cnico del Departamento de Estudios de Interm¨®n Oxfam