Las defensas interpretan la sentencia del 'caso Intelhorce' como la demostraci¨®n de un gran fiasco
El magistrado ponente pide perd¨®n a las partes por la filtraci¨®n del fallo a la prensa
'Se ha demostrado que los hechos no eran tales', concluy¨® el abogado Carlos Larra?aga, para quien el resultado final del proceso evidencia que el instructor 'se equivoc¨®'. Larra?aga ha defendido al ex presidente de la empresa p¨²blica que se encarg¨® de la privatizaci¨®n de Intelhorce en 1989 (Improasa), Jos¨¦ Miguel Moreno Garc¨ªa, a quien se acusaba de cohecho por haber recibido una comisi¨®n para que el Estado adjudicara la compa?¨ªa a Giovanni Orefici y que finalmente ha quedado absuelto. Moreno, que pas¨® seis meses en prisi¨®n en 1995 por orden del juez instructor, no quiso hacer ninguna declaraci¨®n a la prensa. 'Estoy lleno de amargura, esto ha sido muy duro y muy feo y me la tengo que quitar poco a poco', se excus¨®.
Todos los altos cargos del Estado y funcionarios p¨²blicos implicados en el caso han quedado tambi¨¦n absueltos. El ex director general de Patrimonio del Estado Luis Alcaide asegur¨® que la sentencia 'demuestra que no hubo ninguna trama y que todas aquellas acusaciones contra funcionarios p¨²blicos eran puras especulaciones y calumnias m¨¢s o menos interesadas'. Alcaide estuvo acusado de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n supuestamente por permitir nuevos pagos a Intelhorce una vez privatizada cuando el comprador, Giovanni Orefici, no hab¨ªa cumplido los compromisos a los que le obligaba el contrato con el Estado. Tambi¨¦n Alcaide record¨® al juez Ram¨ªrez Barroso: 'Durante la instrucci¨®n en modo alguno se tuvo en cuenta los derechos fundamentales de una persona cualquiera'.
El Tribunal de los Derechos Humanos Estrasburgo conden¨® al Estado espa?ol por el trato durante la instrucci¨®n al principal acusado en la causa, Giovanni Orefici, que pas¨® m¨¢s de dos a?os en prisi¨®n preventiva. El empresario italiano que compr¨® Intelhorce al Estado en agosto de 1989 ha sido condenado a 17 a?os de prisi¨®n, casi la mitad de lo que ped¨ªa la acusaci¨®n, por delitos continuados de estafa, falsedad y contra la hacienda p¨²blica cometidos en la gesti¨®n de la factor¨ªa hasta 1992. Su hijo Mario, acusado de delitos similares, ha quedado absuelto.
Ni Orefici ni su abogado defensor, Carlos Font, quisieron valorar ayer la sentencia, que consta de 726 folios, porque a¨²n no la hab¨ªan le¨ªdo, aunque s¨ª anunciaron que la recurrir¨¢n. La fiscal¨ªa a¨²n no ha tomado una decisi¨®n al respecto.
El ex director financiero de la f¨¢brica Abel Arribas ha sido condenado a siete a?os por estafa y falsedad. ?lvaro Garc¨ªa Lavigne, socio de Orefici que pignor¨® acciones de Intelhorce, tendr¨¢ que cumplir cuatro a?os y ocho meses de c¨¢rcel por simulaci¨®n de contrato y delito contra la hacienda; en tanto que Jos¨¦ Serrano, propietario de Stock Service Canarias, proveedor de Intelhorce, ha sido sentenciado a un a?o de c¨¢rcel por delito de encubrimiento. Los otro tres condenados, los financieros Alejandro M¨¢rquez Espinal y Jorge Bardeau Salm y el abogado Jos¨¦ Luis Castillo, lo han sido por delitos contra la hacienda p¨²blica a penas que oscilan entre cuatro y dos a?os de prisi¨®n.
El abogado Adolfo Martos, uno de los 23 acusados absueltos, lament¨® el 'da?o que se ha hecho durante a?os a mucha gente' y dijo que la sentencia certifica el fracaso de un caso que fue 'tremendamente magnificado', en el que record¨® hubo imputados altos cargos, funcionarios p¨²blicos, abogados del estado y notarios.
El fallo de la sentencia, apenas tres folios de los 726 de los que consta en total, fue le¨ªdo ayer a las partes por el magistrado ponente, Federico Morales, quien les pidi¨® excusas por la filtraci¨®n de la misma, publicada ayer por el diario Sur antes de hacerse p¨²blica. El magistrado explic¨® que ¨¦l mismo ha redactado y corregido el texto, y que posiblemente la filtraci¨®n se realizara el mi¨¦rcoles, d¨ªa en que la sentencia entr¨® en la red inform¨¢tica de los juzgados malague?os para ser imprimida. Morales no descart¨® la apertura de una investigaci¨®n, aunque matiz¨® que s¨®lo se har¨¢ en el caso de que 'existan garant¨ªas de que se puede esclarecer lo ocurrido'. 'Lo que no vamos a hacer es abrirla por abrirla', dijo.
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