La pirotecnia de Rafelcofer infringi¨® normas de prevenci¨®n y seguridad

La explosi¨®n en la pirotecnia Hermanos Borred¨¤ en Rafelcofer, que destruy¨® casi por completo la empresa el 15 de mayo de 2000, se cobr¨® la vida de siete personas y caus¨® heridas a otras nueve. Una de las v¨ªctimas era un cliente y los dem¨¢s fallecidos estaban ligados a la empresa. Unos 3.000 kilos de material pirot¨¦cnico quedaron desperdigados por el terreno, por lo que se organiz¨® una explosi¨®n controlada del material que caus¨® desperfectos por 27 millones de pesetas en viviendas Rafelcofer y L'Alqueria de la Comtessa.

La investigaci¨®n abierta tras el accidente en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Gandia est¨¢ ya en la fase final e incluye dos informes que achacan a la pirotecnia incumplimientos en materia de seguridad y formaci¨®n de los empleados. El entonces consejero de Justicia, Seraf¨ªn Castellano, asegur¨® tras el accidente que todo estaba en regla, que la empresa hab¨ªa superado la ¨²ltima inspecci¨®n del departamento de Industria -en la que s¨®lo se le recomend¨® renovar la parte antigua de un almac¨¦n- y que cumpl¨ªa el reglamento sobre explosivos.

Sin embargo, la Consejer¨ªa de Industria ha remitido al juzgado un informe en el que apunta que en dos de las 35 casetas de la empresa se produjo 'un almacenamiento excesivo' de material explosivo y en otras dos 'un almacenamiento indebido'. En el caso de una de las casetas, Industria califica de 'poco cre¨ªble' que s¨®lo guardara cinco kilos de p¨®lvora, como sostuvo la pirotecnia, porque el estallido 'abati¨® un muro de hormig¨®n armado' y abri¨® un boquete en un doble muro situado 'a 11 metros de distancia'. La explosi¨®n se propag¨® en cadena desde la caseta en la que comenz¨® el accidente, y la 'excesiva cantidad' de material o 'el inadecuado almacenamiento' en alg¨²n caso 'propiciaron la transmisi¨®n' del estallido inicial. El gerente de la empresa, Vicent Borred¨¤, entonces como ahora, rechaza los c¨¢lculos oficiales e insiste en que no almacenaba demasiado material explosivo.

El informe concluye que no se cumplieron las limitaciones previstas en el reglamento de explosivos de 1978, que es el que se aplica en este caso porque la nueva norma, aprobada en febrero de 1998, concede a los talleres de pirotecnia una moratoria de cinco a?os para adaptar sus instalaciones a mayores exigencias de seguridad. La pirotecnia de Rafelcofer, de hecho, hab¨ªa presentado dos meses antes del siniestro un proyecto para ampliar la zona de talleres en un terreno de 21 hanegadas y cumplir la nueva normativa. La aprobaci¨®n de la reforma por parte de la Delegaci¨®n del Gobierno se produjo en fechas cercanas al fatal accidente.

Otro de los 'preceptos reglamentarios infringidos' que constata la consejer¨ªa es la ausencia de un plan de prevenci¨®n de riesgos laborales. Hermanos Borred¨¤ hab¨ªa contratado los servicios de una empresa especializada para su elaboraci¨®n en agosto de 1999, pero casi un a?o despu¨¦s el plan a¨²n no se hab¨ªa aplicado, con lo que se infring¨ªa la Ley de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales.

Preguntado al respecto, Borred¨¤ reconoce la falta de un plan de prevenci¨®n y alega que no lleg¨® a recibir facturas relacionadas con el encargo a la firma especializada que deb¨ªa elaborarlo.

El segundo informe, de la Inspecci¨®n de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, se extiende sobre la ausencia de la evaluaci¨®n de riesgos y el consiguiente plan de prevenci¨®n para situaciones de peligro y accidente, y analiza otro aspecto, el de la formaci¨®n profesional de los empleados de la pirotecnia. Sobre el primer punto, Trabajo constata el siguiente incumplimiento: 'La realizaci¨®n de una evaluaci¨®n de riesgos laborales propios de cada uno de los puestos de trabajo existentes en la empresa, y la consiguiente puesta en marcha del plan de acci¨®n preventiva, que hubiese incluido instrucciones precisas sobre las medidas de seguridad a adoptar en la elaboraci¨®n de productos pirot¨¦cnicos'.

Falta de preparaci¨®n

Trabajo advierte tambi¨¦n de la insuficiente formaci¨®n de los empleados de la empresa. Hermanos Borred¨¢ aport¨® al expediente certificados de cursos de formaci¨®n en cuestiones de seguridad a una parte de los trabajadores, pero datan del a?o 1992, y la Inspecci¨®n considera que 'dicha formaci¨®n no ha sido actualizada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales', que es de 1995. Adem¨¢s, la empresa empleaba a trabajadores que no hab¨ªan recibido 'formaci¨®n alguna en dicha materia'.

Asimismo, dice el informe que 'la contrataci¨®n de personal y su designaci¨®n para funciones cualificadas ha de ser objeto de aprobaci¨®n fehaciente por el encargado del taller, que advertir¨¢ a cada uno de la peligrosidad de su tarea, entreg¨¢ndole un manual en el que se recojan las normas de r¨¦gimen del taller y las de car¨¢cter general, no quedando constancia' de que se cumplieran estas condiciones. El informe considera, as¨ª, que no se respet¨® la obligaci¨®n de 'proporcionar a los trabajadores accidentados una formaci¨®n e informaci¨®n, suficiente y adecuada en materia de prevenci¨®n de riesgos laborales'. Cita a continuaci¨®n varios art¨ªculos de la ley que se han infringido en relaci¨®n a la formaci¨®n e informaci¨®n a los trabajadores, y a las medidas de prevenci¨®n.

Por todo ello, la Inspecci¨®n decide iniciar 'de oficio' contra la empresa, por 'falta de medidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo', el llamado expediente 'de recargo de prestaciones econ¨®micas de la Seguridad Social' en favor de los trabajadores o de sus familias. Esto supone un aumento de las cantidades que percibir¨¢n de la Seguridad Social si el expediente es finalmente desfavorable a la empresa, una decisi¨®n que no se tomar¨¢ hasta que termine el proceso judicial.

La instrucci¨®n est¨¢ casi terminada, a falta de que las acusaciones particulares, en nombre de los afectados, y la defensa, en el de la empresa, remitan al juzgado sus escritos de conclusi¨®n. Ante los supuestos incumplimientos de la Ley de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales advertidos en los informes, la fiscal¨ªa sostiene que no se produjo un delito, sino una falta de imprudencia, seg¨²n fuentes judiciales.