Incertidumbre y miedo tras el desalojo de un asentamiento chabolista en N¨ªjar: ¡°?Qu¨¦ vamos a hacer ahora?¡±

Con cara seria, cansado por pasar la noche pr¨¢cticamente sin dormir, Mehdi, marroqu¨ª de 23 a?os, observa c¨®mo se acerca una excavadora al lugar donde reside. ¡°?Qu¨¦ vamos a hacer ahora?¡±, se pregunta consciente de que su chabola, una de la decena que hay en los terrenos del cortijo El Uno, en el municipio de N¨ªjar (Almer¨ªa) va camino de ser derribada por mandato judicial. A su alrededor, sus vecinos sacan a la calle los pocos enseres que les quedan en la vieja nave que comparten con otras familias. Sobre una valla hay mantas, neveras, ventiladores, bolsas de ropa, una camiseta de la selecci¨®n de Marruecos. Y una bicicleta de uno de los nueve menores que habitan este asentamiento, que en la ma?ana de este martes recibi¨®, puntual, a las 9.40 horas, la visita de la comitiva judicial que ha notificado el desahucio con la protecci¨®n de un amplio dispositivo de Guardia Civil y Polic¨ªa Local. Los agentes vigilaban que nadie impidiera a las piquetas echar abajo estas infraviviendas construidas a base de palets y pl¨¢sticos, trabajo que ha empezado poco antes de las once de la ma?ana.

El juzgado de Primera Instancia n¨²mero 1 de Almer¨ªa orden¨® a principios de mes el desalojo de este campamento chabolista compuesto por un pu?ado de chabolas, un antiguo cortijo dividido en peque?as casitas medio derribadas y una vieja nave industrial. ¡°No al desalojo¡±, se le¨ªa en una pintada escrita sobre una de las fachadas levantadas con bloques de hormig¨®n. En su puerta, apenas una s¨¢bana colgada de una cuerda, hab¨ªa un patinete con dos maletas. Es todo lo que pod¨ªa llevar una de las mujeres que residen en este rinc¨®n junto a la barriada de San Isidro rodeado de invernaderos. En ellos trabajan muchos de los habitantes de El Uno. ¡°Tomate, pimiento, calabac¨ªn¡±, subraya Mehdi. ¡°Hacemos temporadas, lo que podemos¡±, a?ade su amigo Maati. ¡°No sabemos a d¨®nde ir¡±, a?ad¨ªa el joven, de 27 a?os y que lleva cinco empleado de manera intermitente en la agricultura intensiva. Como ellos, otras 3.500 personas residen en otros 30 campamentos similares en la comarca de N¨ªjar. El mayor de ellos, Atochares, acoge a m¨¢s de 500 migrantes.

A primera hora de la ma?ana, ajeno a todo, un peque?o de dos a?os y medio trataba de pasear con una peque?a bicicleta de pl¨¢stico. ¡°El resto de ni?os est¨¢ ya en el colegio¡±, explicaba Fouciya, mujer en la treintena que ten¨ªa poco claro qu¨¦ hacer con su vida ni d¨®nde dormir esta noche. A su alrededor, minutos antes de las ocho, un grupo de activistas se afanaba en montar tres rudimentarias barricadas con viejos electrodom¨¦sticos, ladrillos y objetos variados. Varios de estos voluntarios han pasado la noche en el asentamiento echando una mano a los residentes, que llevaban ya desde el lunes realizando portes para sacar de las que han sido sus casas durante a?os sus pocas propiedades. ¡°No sabemos bien d¨®nde ir. Llevamos semanas buscando una vivienda, pero no hay nada para alquilar. Y si encima no tienes papeles, es mucho m¨¢s complicado¡±, a?ad¨ªa Abdoul, de 33 a?os.

Sobre las once, bajo las ¨®rdenes de la Guardia Civil y la mirada atenta de los residentes, una excavadora empezaba a derribar las primeras chabolas, a cuyos moradores la comitiva judicial hab¨ªa comunicado el desahucio minutos antes. Los golpes de la piqueta tiraban con facilidad las estructuras de madera y pl¨¢stico. ¡°Es un acto injusto e inhumano¡±, han denunciado las organizaciones sociales, sindicatos y partidos pol¨ªticos que forman la plataforma Derecho a Techo, que critica la pasividad de las administraciones y tambi¨¦n de la patronal agraria. ¡°Solo les queda el suelo para dormir¡±, subrayaba el activista Ricardo P¨¦rez.

Unos han conseguido hueco en la casa de alg¨²n familiar, otros prev¨¦n reconstruir su chabola en campamentos cercanos. Varios han viajado hasta Murcia en busca de otra oportunidad y hay incluso una familia que ha decidido volver a Marruecos. Apenas media docena de ellos ser¨¢n acogidos por Almer¨ªa Acoge y alguno m¨¢s por otras entidades sociales. La mayor¨ªa, sin embargo, se queda en la calle. ¡°La gente se est¨¢ buscando la vida. En realidad la mayor¨ªa no tienen a d¨®nde ir. Es una situaci¨®n muy traum¨¢tica ver c¨®mo se destroza la vida, el hogar de estas personas. Y peor a¨²n es hacerlo con la impotencia de ver que no hay ninguna alternativa, que nadie les ha planteado una soluci¨®n¡±, subraya Daniel Izuzquiza, m¨¢ximo responsable del Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) que lleva cuatro a?os trabajando en la zona con personas migrantes. ¡°Es que son muchas personas, entre 50 y 60, incluidos nueve menores, quienes van a quedar en la calle en situaci¨®n de desamparo. Y las administraciones p¨²blicas no han dado la respuesta que corresponde ni lo que la ley les obliga. Primero el Ayuntamiento, luego la Junta de Andaluc¨ªa ya s¨ª sucesivamente tienen la obligaci¨®n de defender los derechos de las personas en situaci¨®n de vulnerabilidad, especialmente los ni?os¡±, insist¨ªa Izuzquiza, que hac¨ªa menci¨®n tambi¨¦n al informe del Defensor del Pueblo Andaluz que este lunes ped¨ªa al Ayuntamiento de N¨ªjar que actuase ¡°con car¨¢cter urgente y preferente¡±.

El informe, enviado al alcalde de N¨ªjar, Jos¨¦ Francisco Garrido (PP) y firmado por el defensor, Jes¨²s Maeztu, ped¨ªa al municipio que valorase la situaci¨®n de vulnerabilidad de los residentes del cortijo El Uno, que se coordinase con otras administraciones para que no se queden en la calle ¡°priorizando a las familias con menores¡± y que canalizaran sus recursos de la mano de las organizaciones sociales que trabajan en la comarca. Fuentes del consistorio han insistido en los ¨²ltimos d¨ªas que el desalojo era un ¡°tema privado¡± en el que ellos no ten¨ªan ninguna responsabilidad ni competencia. ¡°No hay viviendas¡±, se excusaban para no proponer soluciones a las familias desalojadas este martes, aunque en la zona de Los Grillos hay 62 que hay ya listas y precisamente dirigidas a trabajadores del campo en la zona de Los Grillos est¨¢n a la espera de ¡°una cesi¨®n¡± para que sean gestionadas ¡°por una entidad¡±, seg¨²n la concejal de Servicios Sociales, ?ngeles G¨®ngora. Levantarlas cost¨® dos millones de euros. Y aunque llevan meses equipadas, a¨²n siguen vac¨ªas. Este es el cuarto asentamiento que se derriba desde febrero de 2023 tras los conocidos como Walili, Megasa y Ca?averal (el ¨²nico con opciones de realojo antes del derribo), todos en los alrededores de San Isidro.