La justicia, en espera

La justicia sigue a la espera de lo que los poderes p¨²blicos decidan sobre su futuro. El pacto de Estado para su reforma, anunciado por el ministro ?ngel Acebes al inicio de la actual legislatura, no acaba de cerrarse. Tanto Aznar como Rodr¨ªguez Zapatero siguen expresando puntos de vista alejados sobre la forma de elecci¨®n de los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial -el primero, a favor de los jueces; el segundo, a favor del Parlamento, como sucede ahora- que obstaculizan el acuerdo global.

Resolver de una vez la controversia sobre la elecci¨®n de los miembros del ¨®rgano de gobierno de la judicatura constituye un asunto institucional y pol¨ªticamente relevante. La legitimidad democr¨¢tica de esa instituci¨®n del Estado no puede seguir estando bajo sospecha. Pero ese asunto no deber¨ªa distraer al partido del Gobierno y a la oposici¨®n del verdadero objetivo de la reforma: hacer de la Administraci¨®n de justicia un servicio p¨²blico ¨¢gil y eficaz, a la vez que accesible y transparente a los ciudadanos. En todo caso, las divergencias entre el PP y el PSOE pueden no ser tan distantes como aparentan. Si se trata de que 'el ¨®rgano de gobierno de los jueces deje de lanzar el mensaje de vinculaci¨®n de sus miembros a los partidos pol¨ªticos', como acaba de se?alar el ministro Acebes, hay f¨®rmulas para neutralizar ese efecto sin sustraer la elecci¨®n de ese ¨®rgano constitucional al Parlamento.

La justicia no es s¨®lo cosa de jueces; tambi¨¦n lo es de abogados, juristas y el conjunto de ciudadanos. La elecci¨®n corporativa de 12 miembros del Consejo del Poder Judicial -su mayor¨ªa- supondr¨ªa entregar el gobierno de un poder del Estado al exclusivo control de los jueces, instaur¨¢ndose as¨ª una especie de autogobierno judicial chocante en una democracia. Y no evitar¨ªa la politizaci¨®n de la justicia, como arguyen sus defensores. Basta recordar la elecci¨®n corporativa del primer Consejo del Poder Judicial, entre 1980 y 1985, convertida en batalla entre los diversos sectores judiciales y atizada desde fuera por los partidos y el Gobierno de entonces.

La renovaci¨®n, en julio pr¨®ximo, de los 20 vocales del Consejo demostrar¨¢ hasta qu¨¦ punto es sincera la voluntad de los partidos de dar de lado el bochornoso sistema de cuotas. Porque esa renovaci¨®n seguir¨¢ estando en manos del Parlamento. Si los partidos quieren acabar con las cuotas -y no con la elecci¨®n parlamentaria, como parece pretender el PP-, hay una manera de hacerlo: compartir con los colectivos jur¨ªdicos y sociales -asociaciones de jueces, colegios de abogados y procuradores, facultades de Derecho, asociaciones de usuarios de la justicia...- la predesignaci¨®n de candidatos con los que formar ternas que permitan al legislativo la elecci¨®n del m¨¢s cualificado. De esa forma, u otra similar, se difuminar¨ªa la vinculaci¨®n partidaria de los designados y se evitar¨ªa el corporativismo.