Delitos sin sanci¨®n en el 'bienio negro'

Javier Balza dispuso de muy poco tiempo a finales de diciembre de 1998 para tomar una decisi¨®n que, como a todas las personas que han pasado por el negociado de Interior, cambi¨® lo que hasta entonces hab¨ªa sido una vida de responsabilidades m¨¢s o menos tranquilas en el Gobierno vasco. Juan Jos¨¦ Ibarretxe le comunic¨® por tel¨¦fono que hab¨ªa sido el elegido para dirigir pol¨ªticamente a los 7.500 agentes de la Ertzaintza. Y el nuevo consejero de Interior, seg¨²n han denunciado populares y socialistas durante la frustrada legislatura de la paz, se lo tom¨® al pie de la letra.

'Desde el comienzo de la gesti¨®n del bienio negro se dedic¨® primero a explicar a los mandos policiales las esencias del Pacto de Estella y despu¨¦s a dar directrices pol¨ªticas para relajar el trabajo policial contra ETA y la violencia callejera antes y despu¨¦s de la tregua. Algo inaceptable y que ha conducido a los propios sindicatos policiales y los ertzainas de a pie a una situaci¨®n de enfrentamiento y descontento con sus responsables sin precedentes', asegura el responsable de Interior socialista en esta legislatura, V¨ªctor Garc¨ªa.

Moci¨®n de censura

Antes de cumplidos los 100 d¨ªas preceptivos de cortes¨ªa pol¨ªtica, en concreto el 17 de marzo de 1999, el PP pidi¨® su dimisi¨®n y el 12 de noviembre Balza se convert¨ªa en el primer consejero de un Gobierno vasco obligado a enfrentarse a una moci¨®n de censura (la legislaci¨®n vasca prev¨¦ que se presenten contra miembros del Ejecutivo y no s¨®lo contra el presidente). La provoc¨® la petici¨®n de Balza a Aznar de 'compensaciones pol¨ªticas' por la detenci¨®n de la dirigente etarra Bel¨¦n Gonz¨¢lez, que se sent¨® en la ¨²nica reuni¨®n reconocida entre ETA y el Gobierno, y el PP se qued¨® solo votando s¨ª a esa reprobaci¨®n.

Pero lo peor estaba por llegar. Tras al abandono de EH del Parlamento, la nueva mayor¨ªa constitucionalista en la oposici¨®n aprob¨® una moci¨®n para que el Gobierno dedicara m¨¢s ertzainas y medios contra la violencia callejera y evitar as¨ª la 'impunidad'. La puntilla se la dio el comisario europeo de Derechos Humanos, ?lvaro Gil-Robles, con un informe que levant¨® ampollas en el Gabinete Ibarretxe y llen¨® de pesadillas las noches de Balza. En resumen, Gil-Robles puso por escrito lo que opinan muchos ciudadanos y lo que han criticado el PP y el PSE toda la legislatura: que la violencia callejera (kale borroka) ha mantenido 'el clima de terror' contra 'los intelectuales y los responsables de partidos no nacionalistas, funcionarios y fuerzas de seguridad del Estado' y que la pr¨¢ctica totalidad de exiliados, extorsionados, asesinados, escoltados son no nacionalistas. Y que esta violencia se ejerce en un 'clima de impunidad casi total, debido a la pasividad de la polic¨ªa' vasca y por las 'directrices pol¨ªticas de no actuar'. El Gobierno vasco contraatac¨® acusando al comisario de parcial y de redactar un 'informe pol¨ªtico' con opiniones pero sin datos.