Confesiones desde la celda

En el interior de una destartalada prisi¨®n en el centro de la ciudad, en una tarde calurosa, varios antiguos generales del presidente Fujimori pasean, entre gru?idos, por un patio de cemento de color verde. Los generales, detenidos recientemente, pasan su tiempo de recreo con poco entusiasmo, jugando al f¨²tbol y recordando los d¨ªas en los que los colaboradores de Fujimori pod¨ªan contar, al menos, con un amigo fiel: el t¨ªo Sam.

El general Juan Miguel del ?guila, jefe de la Oficina Nacional Antiterrorista de Per¨² hasta el a?o pasado, y m¨¢s tarde jefe de seguridad de la Polic¨ªa Nacional, recuerda las frecuentes reuniones con agentes de los servicios de informaci¨®n norteamericanos hasta el momento en el que Fujimori abandon¨® la presidencia y huy¨® a Jap¨®n, el pasado noviembre.

'Estados Unidos era nuestro socio en todos los aspectos, nos proporcionaba informaci¨®n, formaci¨®n, material y colaboraci¨®n sobre el terreno', dice Del ?guila, que est¨¢ acusado de conspiraci¨®n en el caso de la bomba que estall¨® el a?o pasado en un banco del centro de Lima, una acci¨®n planeada por el Gobierno y de la que se pretendi¨® responsabilizar a los adversarios de Fujimori para dar una imagen radical de ellos. 'Estados Unidos era nuestro mejor aliado.'

Menos hablador, el general Nicol¨¢s Hermoza R¨ªos, que se gradu¨® con todos los honores en la Escuela de las Am¨¦ricas de Fort Benning (Georgia), se quita de encima a un periodista extranjero. El ex jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Fujimori durante la mayor parte de los a?os noventa -una d¨¦cada en la que Per¨² se disput¨® con Colombia el honor de ser el mayor receptor de ayuda militar de EE UU en Latinoam¨¦rica-, acaba de declararse culpable de haberse quedado con 2.500 millones de pesetas de beneficios il¨ªcitos por venta de armas. Sigue rechazando otras acusaciones m¨¢s serias de haber aceptado dinero, en concepto de protecci¨®n, de los mismos traficantes de drogas por los que EE UU estaba pagando a Per¨² para que luchara contra ellos.

Las detenciones de 18 generales en los seis meses transcurridos desde la ca¨ªda de Fujimori -entre m¨¢s de 70 altos cargos militares y de informaci¨®n de su Gobierno contra los que se han presentado acusaciones penales- han levantado un velo que cubr¨ªa el lado oscuro de la colaboraci¨®n estrat¨¦gica de Washington con Per¨² durante los a?os noventa. Celebrada como un modelo de cooperaci¨®n militar entre Estados Unidos y Latinoam¨¦rica, la estrecha alianza form¨® parte de una cruzada para aplastar a los guerrilleros de izquierdas y los narcotraficantes. Para ello, EE UU proporcion¨® a Per¨² no s¨®lo dinero, sino tambi¨¦n formaci¨®n, material, informaci¨®n y personal de la CIA, a la Agencia de Lucha contra la Droga y las fuerzas armadas.

El principal enlace de Per¨² con Washington fue durante a?os Vladimiro Montesinos , adem¨¢s de jefe de los servicios de informaci¨®n de Fujimori. Ahora es un fugitivo por el que se ofrece una recompensa de 900 millones de pesetas. Continuamente defendido por las autoridades estadounidenses y la CIA y calificado de firme aliado en la guerra contra la droga, Montesinos afronta en la actualidad 31 cargos criminales, que incluyen la acusaci¨®n de que orden¨® una serie de matanzas de civiles entre 1991 y 1992 y protegi¨® a ciertos narcotraficantes mientras ayudaba a EE UU a capturar a otros.

Sin embargo, la depuraci¨®n que se est¨¢ llevando a cabo desde la ca¨ªda de Fujimori ha revelado que muchas de las personas con las que m¨¢s estrechamente colabor¨® EE UU para alcanzar sus objetivos -sobre todo en la guerra contra las drogas-, al parecer, actuaron a ambos lados de las trincheras y formaron una red de corrupci¨®n delante de las narices de sus socios norteamericanos. Para muchos peruanos, este hecho ha suscitado la duda de si los funcionarios estadounidenses que trabajaban en el pa¨ªs fueron v¨ªctimas de un enga?o o se limitaron a mirar hacia otro lado.

Algunos funcionarios estadounidenses reconocen que fallaron al no adoptar una postura m¨¢s firme respecto a personajes importantes del Gobierno de Fujimori, especialmente Montesinos. ?ste, un desertor del ej¨¦rcito que vendi¨® secretos de Estado a la CIA en los a?os setenta, fue en otra ¨¦poca abogado de narcotraficantes. A principios de los ochenta firm¨® un documento legal en nombre de un cliente colombiano para la compra de unos edificios en Lima en los que luego se descubri¨® que se hab¨ªa guardado material para fabricar coca¨ªna.

Sus antecedentes y las constantes alegaciones sobre delitos cometidos en los a?os noventa suscitaron preocupaci¨®n en la embajada estadounidense en Lima, y en Washington. Pero la CIA explic¨® que los rumores sobre su implicaci¨®n en la corrupci¨®n eran exagerados y le calific¨® de elemento fundamental. Sigui¨® siendo el enlace principal con EE UU y asisti¨® a numerosas reuniones con autoridades norteamericanas, entre ellos el ex coordinador de la pol¨ªtica sobre droga en la Casa Blanca, Barry R. McCaffery, y el general Charles Wilhelm, antiguo jefe del Mando Sur de EE UU.

En Per¨², los cr¨ªticos dicen que la relaci¨®n floreci¨® pese a que, desde principios de los noventa, las pruebas indicaban un cuadro generalizado -aunque incompleto- de corrupci¨®n en altas instancias. Entre dichas pruebas estaba el testimonio presentado durante una investigaci¨®n del Congreso sobre corrupci¨®n en 1993, cuando una testigo gubernamental que hab¨ªa trabajado con el m¨¢s famoso traficante de drogas de Per¨², Demetrio El Vaticano Ch¨¢vez, testific¨® que el general Hermoza hab¨ªa estado recibiendo entre 10 y 20 millones de pesetas al mes en concepto de protecci¨®n. La testigo dijo asimismo que Montesinos 'es el que m¨¢s provecho est¨¢ sacando de El Vaticano', seg¨²n las transcripciones de su testimonio.

Pruebas concluyentes

Ch¨¢vez fue detenido en Colombia y extraditado a Per¨². Durante su proceso, en 1996, asegur¨® que hab¨ªa pagado a Montesinos diez millones mensuales. Varios d¨ªas despu¨¦s de su testimonio Ch¨¢vez rectific¨®. Pero ahora dice que le torturaron y le ordenaron que se retractara. Otros narcotraficantes capturados tambi¨¦n dicen que prestaron testimonio y suministraron datos a las autoridades norteamericanas sobre el dinero que se le pagaba a Montesinos, pero que sus informaciones fueron ignoradas. Un funcionario estadounidense dijo: 'El problema de las supuestas pruebas sobre Montesinos y los generales es que siempre parecen proceder de narcotraficantes'.

Sin embargo, aparecieron otras pruebas. En mayo de 1996 la polic¨ªa aprehendi¨® 170 kilos de coca¨ªna -con un valor aproximado de 3.000 millones de pesetas- en un DC-8 de las fuerzas a¨¦reas peruanas que viajaba hacia Rusia a trav¨¦s de Miami. Fueron detenidas 13 militares. El mes de julio de ese mismo a?o se encontraron 127 kilos en dos barcos de la marina peruana, uno en Vancouver, Canad¨¢, y el otro en el principal puerto de Per¨², El Callao. A lo largo de estos diez a?os se investig¨® a docenas de funcionarios por tr¨¢fico de drogas, y muchos fueron detenidos.

Pero los antiguos responsables de la lucha contra la droga en el Gobierno de Fujimori aseguran que agentes de la CIA y los organismos antidroga de EE UU se daban por satisfechos con las promesas de que se iban a hacer esfuerzos para erradicar la corrupci¨®n. 'No voy a defender a una Administraci¨®n que, como ahora sabemos, estaba podrida, pero s¨ª puedo asegurar que la mayor¨ªa de los que trabaj¨¢bamos en la lucha contra las drogas ¨¦ramos personas honradas y no sab¨ªamos lo que suced¨ªa', declara el general Dennis del Castillo, que dirigi¨® la Oficina de Narc¨®ticos de la Polic¨ªa Nacional.

? The Washington Post