El gobierno de la Universidad

Hace unos d¨ªas, el Ministerio de Educaci¨®n, Cultura y Deporte ha remitido al Consejo de Universidades el borrador del anteproyecto de la Ley de Universidades. Es un texto innovador, que combina con prudencia una serie de medidas para transformar una universidad en expansi¨®n cuantitativa en una universidad que tenga por objetivo irrenunciable la calidad; calidad que garantice el desarrollo de unas universidades m¨¢s modernas, que compitan con garant¨ªas de ¨¦xito en el marco del nuevo espacio com¨²n de ense?anza superior europeo que surge tras las declaraciones de la Sorbona y de Bolonia.

Desde esta doble ¨®ptica se ha abordado la elaboraci¨®n del anteproyecto de la Ley de Universidades, en el que son objetivos b¨¢sicos: mejorar la calidad del sistema universitario en todos su ¨¢mbitos, docentes, investigadores y de gesti¨®n, potenciar la actividad investigadora como eje de la sociedad del conocimiento, integrar nuestro sistema universitario en el espacio universitario europeo, propiciar la movilidad de estudiantes y profesores, garantizar el m¨¦rito y la capacidad en la selecci¨®n del profesorado y dotar de mayor eficacia y eficiencia a los ¨®rganos de gobierno y representaci¨®n de nuestras universidades.

Es l¨®gico que la Universidad rinda cuentas ante la sociedad, sin que ello suponga el menoscabo de la autonom¨ªa universitaria

Para lograr alcanzar todos y cada uno de estos objetivos, el texto del anteproyecto introduce una serie de iniciativas innovadoras en todos los ¨¢mbitos de la Universidad, derivadas del consenso y del convencimiento generalizado de la comunidad universitaria espa?ola de que el propio dinamismo del sistema universitario durante las dos ¨²ltimas d¨¦cadas ha agotado el marco previsto en la Ley de Reforma Universitaria, entre otros aspectos, en lo referente al dise?o de los ¨®rganos de gobierno y representaci¨®n de las universidades.

Los nuevos ¨®rganos. En este caso concreto, el nuevo texto se ha construido a partir de un fruct¨ªfero debate -que dura ya a?os, y que incluso ha dado lugar a alg¨²n intento de modificaci¨®n legislativa- sobre la necesidad de reformar, de manera urgente, mecanismos de gobierno que han conducido a una par¨¢lisis en el proceso de toma de decisiones de nuestras universidades. Durante estos debates, se han identificado una serie de problemas, y se han apuntado coincidentes o muy parecidas soluciones a los mismos, aunque sin ignorar la existencia de matices y tambi¨¦n de divergencias, como no pod¨ªa ser de otra forma en una sociedad democr¨¢tica.

La confusi¨®n sobre las competencias de los diversos ¨®rganos en sus funciones de gesti¨®n, representaci¨®n y control, y la lentitud e ineficiencia en la gesti¨®n ordinaria de la universidad ha desencadenado que la necesaria responsabilidad acad¨¦mica y de gesti¨®n del equipo rectoral se diluya en una serie de ¨®rganos colegiados que, en el empe?o est¨¦ril de vigilarse unos a otros, dificultan la adaptaci¨®n necesaria de la Universidad a los cambios que se generan en una sociedad din¨¢mica como la nuestra.

Es urgente, pues, una reforma que mejore los mecanismos de gobierno y representaci¨®n de la Universidad. Una nueva Ley de Universidades que afronte con firmeza estos problemas y promueva las condiciones para dibujar un escenario de gobierno que garantice el que cualquier universidad pueda desarrollar estrategias docentes e investigadoras propias y diferenciadas de las del resto. Porque si hasta hace unos a?os no hab¨ªa sido necesaria esta diferenciaci¨®n, ahora es fundamental que cada universidad pueda abordar, mediante unos ¨®rganos de gobierno y representaci¨®n m¨¢s flexibles y eficientes, planes estrat¨¦gicos propios, diferenciados y especializados. Es la garant¨ªa para avanzar en el cumplimiento de los compromisos que surgen del espacio de ense?anza superior europeo y para fomentar la competividad de nuestras universidades en el contexto internacional.

El anteproyecto de Ley de Universidades dibuja, como punto de partida, una separaci¨®n n¨ªtida, no s¨®lo en su configuraci¨®n, sino principalmente en sus competencias, entre ¨®rganos de gobierno, de representaci¨®n, y de control y supervisi¨®n, a la manera de cualquier otra organizaci¨®n pol¨ªtica o social en contextos democr¨¢ticos. Pero adem¨¢s, se simplifica la estructura, composici¨®n y funciones de cada uno de los ¨®rganos, con el fin de poder dotar a ¨¦stos de la m¨¢xima flexibilidad, en el convencimiento de que los Estatutos de las universidades responder¨¢n a esta flexibilidad de distintas formas, de acuerdo a sus leg¨ªtimos intereses y prioridades estrat¨¦gicas. De esta forma, a los ¨®rganos de representaci¨®n, el Claustro y la Junta Consultiva, se les otorga la capacidad de propuesta y asesoramiento, complementos ineludibles a sus funciones representativas.

Asimismo, se refuerza la capacidad de gesti¨®n, pero tambi¨¦n, y en mayor medida, la responsabilidad ante la comunidad universitaria y la sociedad, de su principal ¨®rgano de gobierno. El Consejo de Gobierno, designado por tercios por la comunidad universitaria, a trav¨¦s del Claustro, por el rector y por la sociedad, a trav¨¦s del Consejo Social, es el ¨®rgano al que le corresponder¨¢ la m¨¢xima direcci¨®n de la universidad, al estar entre sus competencias la aprobaci¨®n de las l¨ªneas estrat¨¦gicas y program¨¢ticas de la misma.

Para lograr que estas acciones de gobierno se transformen en medidas eficientes, se refuerza, igualmente, la figura del rector y las competencias de su equipo, en una apuesta clara por una nueva forma de gestionar las universidades que responda a los retos que ¨¦stas tienen hoy planteados. Si se apuesta por un Consejo de Gobierno ¨¢gil, eficaz y responsable, que pueda tomar decisiones program¨¢ticas y estrat¨¦gicas aceptadas por la comunidad universitaria, es tambi¨¦n imprescindible apostar por equipos rectorales que realicen su gesti¨®n con la agilidad, eficacia y responsabilidad que la sociedad reclama.

Pero el buen funcionamiento del sistema universitario demanda, adem¨¢s, la real y efectiva implicaci¨®n de la sociedad en las actividades de la Universidad. Dado que es ¨¦sta, la sociedad, de la que emanan los recursos, es l¨®gico que la Universidad rinda cuentas ante ella, sin que ello suponga el menoscabo de la autonom¨ªa universitaria. As¨ª lo contempl¨® ya la Ley de Reforma Universitaria al establecer la creaci¨®n de un Consejo Social en la estructura de gobierno de las universidades. Sin embargo, en la mayor¨ªa de los casos, los consejos sociales han sido poco activos y no se han implicado oportunamente en la modernizaci¨®n de las universidades; en otros casos, han sido coprotagonistas de est¨¦riles disputas.

La existencia de dos ¨®rganos con funciones de gobierno, recelosos entre s¨ª y con capacidad de veto rec¨ªproco, ha obstaculizado el desarrollo de los necesarios mecanismos de conexi¨®n entre la sociedad y las universidades. Es ¨¦ste el momento de hacer m¨¢s eficaz la mutua implicaci¨®n entre el entorno social y econ¨®mico y la Universidad. Si en el nuevo dise?o se desea que la Universidad tenga una adecuada percepci¨®n de las prioridades e intereses de la sociedad que la rodea y que, a su vez, esta ¨²ltima asuma como propias las necesidades de la Universidad, no es suficiente con el encuentro de ambas en el Consejo Social. Se necesita, adem¨¢s, que la sociedad participe de manera activa en la definici¨®n de las l¨ªneas program¨¢ticas y estrat¨¦gicas de la Universidad. Se trata, en definitiva, de transformar un esquema de bloqueos entre ¨®rganos con composiciones, orientaciones e intereses diferentes, en un sistema de coparticipaci¨®n y corresponsabilidad, no s¨®lo en el ¨®rgano de supervisi¨®n y control, sino tambi¨¦n en el de gobierno.

La puesta en marcha todos estos mecanismos, en aras de los objetivos dise?ados, no s¨®lo va a depender de la voluntad del legislador durante el debate sobre la Ley de Universidades en el Parlamento. Va a depender, en mayor medida, de la implicaci¨®n en este proyecto com¨²n de nuestros gestores universitarios, de nuestros profesores y de nuestros alumnos, pero tambi¨¦n de la sociedad en general y de sus representantes. Una mayor transparencia en la toma de decisiones y en la rendici¨®n de cuentas de las universidades es condici¨®n necesaria, pero no suficiente, para la modernizaci¨®n del sistema universitario. Es tambi¨¦n necesario que dise?os como el de la participaci¨®n activa de la sociedad en los ¨®rganos universitarios sirva no s¨®lo para ejercer una funci¨®n leg¨ªtima de supervisi¨®n y control, sino tambi¨¦n para asumir como propias las necesidades, entre ellas las financieras, que demandan nuestras universidades para afrontar con garant¨ªas de ¨¦xito el futuro ya inmediato del espacio universitario europeo.

Julio Iglesias de Ussel es secretario de Estado de Educaci¨®n y Universidades.