El PP se queda solo en su rechazo a despenalizar la insumisi¨®n
El PP utiliz¨® ayer su mayor¨ªa absoluta en el Senado para rechazar una moci¨®n del PSOE, apoyada por todos los dem¨¢s grupos, que instaba al Gobierno a 'adoptar las iniciativas legislativas necesarias a fin de que la normativa vigente se adapte a la nueva situaci¨®n creada por la supresi¨®n del servicio militar'. Dicho en otras palabras: eliminar los delitos que castigan la insumisi¨®n.
Por el PSOE, Jos¨¦ Antonio Mar¨ªn Rite insisti¨® en que se trataba de una moci¨®n 'abierta y constructiva' que dejaba en manos del Gobierno la forma de abordar este problema antes de que el pr¨®ximo 31 de diciembre desaparezca legalmente la mili.
El senador socialista record¨® que 'hay personas afectadas, que est¨¢n cumpliento condena o pendientes de juicio, a las que hay que dar una respuesta y eliminar la l¨®gica zozobra de ellas y sus familias'. Agreg¨® que 'el fortalecimiento del respeto a la ley no se compadece con la existencia en el C¨®digo Penal de delitos imposibles' de cometer, ya que el pasado mes de marzo se incorporaron a filas los ¨²ltimos reclutas.
Entre otros, Venancio Acosta, de Coalici¨®n Canaria, calific¨® la moci¨®n de 'completamente acertada'; Joseba Zub¨ªa, del PNV, se mostr¨® 'absolutamente de acuerdo con la misma'; y Salvador Capdevila, de CiU, la consider¨® 'sumamente oportuna' y anunci¨® que su grupo ha presentado una iniciativa similar en el Congreso, al igual que el PSOE e IU.
Sin embargo, el senador popular Manuel Arqueros rechaz¨® la iniciativa con el argumento de que 'significar¨ªa despenalizar anticipadamente una conducta que, hasta la supresi¨®n de la obligaci¨®n del servicio militar, ha sido y es constitutiva de delito'.
La propuesta socialista, afirm¨®, resulta 'incoherente, insta a la arbitrariedad, incide en la desigualdad' y provoca 'cierto desorden legislativo'. Especialmente duro se mostr¨® con la advertencia del PSOE de que, si no se modifica la ley, los jueces podr¨ªan no incriminar penalmente a los insumisos. S¨®lo admiti¨® la posibilidad de que el Gobierno, 'en su momento, haga uso del derecho de gracia' para evitar 'inadecuadas sanciones'.
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