El nuevo modelo laboral

Las exigencias de la competencia en la globalizaci¨®n, en el nuevo contexto tecnol¨®gico, est¨¢ sirviendo en bandeja al neoliberalismo la direcci¨®n del cambio en la sociedad laboral y, en consecuencia, en los valores sociales imperantes. En la nueva econom¨ªa, la flexibilidad y la desregulaci¨®n son los mantras a invocar necesariamente; sin ellos, al parecer, no hay ni creaci¨®n de empleo ni progreso.

La sociedad de la comunicaci¨®n (r¨¢pida, instant¨¢nea, pero superficial) nos ofrece pocas ocasiones y de escaso eco para debatir en profundidad las consecuencias sociales y culturales de este cambio. Al final, cuando llegan -nadie sabe c¨®mo ha sido-, parecen fen¨®menos naturales. Y, sin embargo, han sido el resultado de unas pol¨ªticas y de sus presupuestos te¨®ricos. Autores como Beck, Sennett, Reich, Zubero, Castell y otros advierten en sus obras sobre las consecuencias del nuevo modelo: destrucci¨®n del contrato social b¨¢sico, dualismo laboral, precariedad; y una vida social desquiciada por el estr¨¦s, los horarios de trabajo prolongados y el aumento de la responsabilidad individual en el trabajo y en las relaciones laborales. La contrapartida es el empleo como cifra, m¨¢s empleo aunque sea malo, aprovechando el ciclo de crecimiento de los ¨²ltimos seis a?os.

Hoy podr¨ªamos hablar no ya de contratos basura, sino de neoesclavismo en ciertos ambientes

?sta es la filosof¨ªa y el modelo del Gobierno espa?ol, muy alejados de la actual preocupaci¨®n europea por la calidad del empleo. La pol¨ªtica espa?ola ha querido aprovechar intensamente el ciclo para mejorar las cifras del empleo, utilizando como ventajas competitivas nuestros diferenciales en su calidad, es decir, bajos salarios, alta temporalidad, m¨¢xima subcontrataci¨®n, m¨ªnima seguridad, etc¨¦tera. Por eso, a la actual ralentizaci¨®n en el ritmo de descenso del paro que indican las estad¨ªsticas de los ¨²ltimos meses hay que a?adir notables divergencias estructurales respecto a Europa en un mercado laboral crecientemente devaluado en sus salarios, estabilidad, protecci¨®n social y condiciones laborales generales, con una tendencia a la dualizaci¨®n y a la fragilizaci¨®n sociolaboral que pasar¨¢ factura cuando el ciclo cambie. La intervenci¨®n del Gobierno, poniendo fin abruptamente al di¨¢logo social con el Real Decreto 5/2001 sobre la reforma laboral, no har¨¢ sino acentuar esta tendencia.

Por ejemplo, la temporalidad. Tenemos un 32% de contratos eventuales, m¨¢s del doble que la media europea. La apuesta del Gobierno se dirige a estimular la contrataci¨®n fija tocando los costes, haciendo m¨¢s barato el despido de los fijos y un poco m¨¢s caro el de los temporales. Pero se ha negado a tocar el n¨²cleo del problema, es decir, la necesidad de reforzar la causalidad y las garant¨ªas contractuales que eviten el fraude y el abuso en la contrataci¨®n temporal como ocurre, entre otros casos, con el encadenamiento de contratos temporales a un mismo trabajador o la concatenaci¨®n de sucesivos trabajadores temporales para un mismo puesto de trabajo. Si adem¨¢s se a?aden nuevas figuras de eventualidad -los nuevos contratos de inserci¨®n y la exagerada extensi¨®n del contrato de formaci¨®n-, cabe pronosticar que, en uno o dos a?os, esta anomal¨ªa -que afecta desde luego a los trabajadores pero que perjudica tambi¨¦n a las empresas- no s¨®lo no se habr¨¢ corregido, sino que habr¨¢ empeorado.

?Recuerdan cuando se acu?¨® la expresi¨®n contrato basura? Durante la protesta sindical de 1994 se denunci¨® una f¨®rmula que pretend¨ªa la incorporaci¨®n al trabajo de j¨®venes sin experiencia laboral. Aquel contrato de formaci¨®n, con un salario del 80% del salario m¨ªnimo y sin desempleo, se extiende ahora a cualquier trabajador, sea cual sea su edad, si lleva en el paro m¨¢s de tres a?os, es inmigrante o se trata de un 'excluido social'. Hoy podr¨ªamos hablar no ya de contrato basura, sino de neoesclavismo en determinados ambientes. Porque, ?qu¨¦ raz¨®n hay para contratar en esas condiciones a los inmigrantes si la demanda de su trabajo ya existe? ?Cu¨¢les ser¨¢n las consecuencias de ese dumping social interior de nuestro mercado laboral sino el de arrastrar a la baja y degradar las condiciones laborales de los sectores y zonas en los que se practique?

Algo parecido ocurrir¨¢ con el contrato a tiempo parcial. Aqu¨ª la responsabilidad es m¨¢s difusa, porque la baj¨ªsima tasa de trabajo a tiempo parcial en nuestro pa¨ªs obedece a causas culturales y sociol¨®gicas propias. Pero, ante la necesidad de incrementar ese raqu¨ªtico 8% de contratos de media jornada, frente al 38 % holand¨¦s o el 20% de los europeos, el Gobierno ha flexibilizado de tal manera esta contrataci¨®n que ha acabado abriendo una peligrosa puerta a la disposici¨®n arbitraria del empresario sobre la jornada laboral de estos trabajadores. En efecto, ser¨¢ contrato a tiempo parcial el que contemple cualquier jornada inferior a la normal; y el empresario podr¨¢ establecer 'a conveniencia' horas complementarias de hasta un 60% de las pactadas. Los sindicatos temen, con raz¨®n, que esta figura produzca un trasvase degradante de la contrataci¨®n fija a la parcial, en vez de servir, en sentido contrario, como v¨ªa de salida de la contrataci¨®n temporal a la estable. Y, sobre todo, alertan sobre la exagerada capacidad que se otorga al empresario para disponer 'al d¨ªa' sobre la jornada laboral, que se convierte as¨ª en una suerte de regulaci¨®n laboral permanente encubierta, gratis y sin autorizaci¨®n administrativa alguna.

La misma filosof¨ªa inspira la desregulaci¨®n de las contratas y de la subcontrataci¨®n en general. El Gobierno se ha negado a perseguir la intermediaci¨®n laboral fraudulenta ('puesta a disposici¨®n de trabajadores, en fraude de ley', a trav¨¦s de empresas subcontratadas), y a incorporar disposiciones legales que refuercen la responsabilidad solidaria (no s¨®lo salarial) del empresario principal respecto de contratistas y subcontratistas con sus respectivos trabajadores. La alt¨ªsima siniestralidad que padecemos est¨¢ ¨ªntimamente relacionada con esta situaci¨®n.

La cr¨ªtica, sin embargo, no puede limitarse a los aspectos regresivos de esta reforma. Hay, adem¨¢s, ausencias clamorosas de una intervenci¨®n necesaria en otras anomal¨ªas de nuestro mercado laboral que el Gobierno desoye o aplaza conscientemente sine die.

Es urgente, por ejemplo, una evaluaci¨®n de las pol¨ªticas p¨²blicas en materia de fomento del empleo. Desde hace a?os gastamos rutinaria y a veces in¨²tilmente miles de millones en subvenciones, bonificaciones y otras d¨¢divas para estimular la contrataci¨®n fija o la contrataci¨®n de determinados colectivos. Son pol¨ªticas que requieren esa sana costumbre europea, tan poco practicada entre nosotros, de evaluar sus resultados. Nunca se ha hecho esto en Espa?a.

Desde hace a?os se viene observando una persistente rigidez geogr¨¢fica en nuestro mercado laboral. Hay provincias y regiones con tasas de paro baj¨ªsimas que no cubren sus ofertas de empleo, aunque en otras zonas, con tasas de paro superiores al 20%, hay inscritos parados de esa misma cualificaci¨®n. No existen pol¨ªticas para la movilidad geogr¨¢fica en nuestro mercado de trabajo. No funciona la intermediaci¨®n laboral p¨²blica y no existe a¨²n un sistema inform¨¢tico que articule, en el ¨¢mbito estatal, los diferentes servicios p¨²blicos de empleo. Las transferencias del Inem y la inoperancia del Gobierno han sumido al Servicio Estatal de Empleo en un estado catat¨®nico, y est¨¢n convirtiendo en una ficci¨®n la unidad del mercado de trabajo en nuestro pa¨ªs.

La mejora de la calidad del empleo precisa intervenci¨®n p¨²blica y requiere innovar con medidas que otros pa¨ªses ya est¨¢n experimentando: mejorar las condiciones laborales de los teletrabajadores y de los aut¨®nomos forzosos; o incorporar est¨ªmulos a la reducci¨®n de las horas extraordinarias y a la negociaci¨®n de reducciones de jornada favorecedoras del empleo y de la flexibilidad en la producci¨®n. Habr¨ªa que a?adir otras disposiciones para favorecer la maternidad y la conciliaci¨®n entre familia y trabajo; y proponer nuevos instrumentos para favorecer la igualdad real en el acceso de las mujeres al trabajo y en las condiciones laborales. Es necesario estudiar mecanismos de mejora de las remuneraciones salariales m¨¢s bajas. Y es hora ya de desarrollar instrumentos de participaci¨®n de los trabajadores en la empresa, en los beneficios y en el capital (f¨®rmulas esbozadas en directivas de la Comisi¨®n Europea). Nada de esto se ha hecho. Y lo que es peor, no hay ni reflexi¨®n ni di¨¢logo que permita pensar en lo que se debe hacer.

Sin embargo, en Europa se discute y se avanza en estos temas. El canciller alem¨¢n, Gerhard Schr?der, acaba de proponer una profunda reforma para reforzar las competencias de sindicatos y comit¨¦s de empresa para, entre otras cosas, fortalecer el sindicalismo en su pa¨ªs. Holanda presenta un modelo de m¨¢xima compatibilidad entre vida familiar y trabajo, con medidas constantemente reevaluadas y adaptadas (no s¨®lo sociales, sino tambi¨¦n institucionales y culturales). La Uni¨®n Europea reflexiona y debate sobre la responsabilidad social de las empresas. En EE UU es de dominio p¨²blico la contraposici¨®n conceptual entre shareholders (ostentadores de t¨ªtulos de propiedad de la empresa) y stakeholders (ostentadores de t¨ªtulos de inter¨¦s social, cultural o medioambiental sobre las actividades de la empresa: trabajadores consumidores, proveedores, comunidad circundante). ?Pueden las empresas descontextualizar su existencia de su entorno social y medioambiental y moverse en un ¨¢mbito global sin vinculaci¨®n ni responsabilidad alguna? ?Pueden y deben guiarse s¨®lo por la cuenta de resultados? La 'acci¨®n social' de la empresa emerge como un nuevo concepto que las obliga a comportarse con arreglo a un c¨®digo laboral, social, ecol¨®gico, incluso pol¨ªtico y de derechos humanos. Y las obliga porque el contexto social, cultural y pol¨ªtico de los mercados se lo exige. Francia lo ha incorporado al debate p¨²blico al proponer a su Asamblea Nacional medidas que comprometen a las empresas con relaci¨®n a los despidos masivos, a los que se recurre en cuanto aparecen s¨ªntomas de debilidad de la demanda, y de reducci¨®n de beneficios. El pa¨ªs vecino, siempre en la vanguardia, est¨¢ aplicando una aut¨¦ntica ingenier¨ªa social sobre la jornada laboral para evitar que media sociedad (los adultos instalados entre los ventitantos y los sesenta a?os de edad) se drogue con un trabajo competitivo, estresante y compulsivo (que los anula para la vida social y familiar), mientras la otra mitad (j¨®venes, jubilados, parados, precarios) se drogue o se pudra en el ostracismo porque no tiene trabajo o malvive al d¨ªa con el que tiene eventualmente (anulando as¨ª su contribuci¨®n a la econom¨ªa).

?Hay una v¨ªa intermedia entre liberalizaci¨®n e intervencionismo? ?Podemos encontrar un camino entre la flexibilidad que exige la competencia y la seguridad que demandan los trabajadores? ?sta es la cuesti¨®n. Pero dejar hacer, desregular y flexibilizar al m¨¢ximo como ha hecho el Gobierno del PP es apostar por el mercado como regulador de una cuesti¨®n social y hoy sabemos bien que si el mercado impone su ley, la nueva econom¨ªa establecer¨¢ una sociedad laboral en la que el contrato social se deval¨²a, el dualismo laboral se acrecienta y empeoran las condiciones laborales de los desfavorecidos. Es acentuar el riesgo de una sociedad fragmentada en la que los vaivenes del mercado nos afectan a todos, pero en la que nadie se siente responsable de nadie. Que el mercado regula la actividad econ¨®mica es evidente. Que la pol¨ªtica y el di¨¢logo social deben regular la sociedad laboral con sus equilibrios sociales y apuntar a la civilizaci¨®n con el estilo de vida al que aspiramos no debiera serlo menos.

Ram¨®n J¨¢uregui Atondo es portavoz socialista de Pol¨ªtica Social y Empleo.