Ruptura nefasta

En el oto?o de 1999 se perdi¨® una oportunidad de oro para definir una pol¨ªtica de Estado en relaci¨®n con el problema m¨¢s importante que tiene planteado la sociedad espa?ola, que no es el problema del terrorismo, sino el de la inmigraci¨®n. El reto del terrorismo puede ser m¨¢s urgente, pero no es comparable al que supone ya y va a suponer todav¨ªa m¨¢s en el corto y en el medio y largo plazo la integraci¨®n de una poblaci¨®n inmigrante de dimensiones considerables. Con el terrorismo dejaremos de tener que enfrentarnos en alg¨²n momento en un futuro dif¨ªcilmente determinable, pero dejaremos de tener que enfrentarnos, con la integraci¨®n de la poblaci¨®n inmigrante no.

Quiero decir que, de la misma manera que nadie discute que es necesario alcanzar la unidad entre todos los partidos democr¨¢ticos contra ETA, nadie deber¨ªa discutir que es necesario alcanzar la unidad entre todos los partidos democr¨¢ticos para dar respuesta, ahora en positivo, al reto de la inmigraci¨®n. No hay Gobierno que pueda por s¨ª solo hacer frente al terrorismo. Pero tampoco hay Gobierno que pueda por s¨ª solo hacer frente al problema de la inmigraci¨®n. En ambos casos se trata de asuntos de Estado que o se resuelven entre todos o no se resuelven.

As¨ª se entendi¨® inicialmente por todos los partidos pol¨ªticos y de ah¨ª que la Ley de Extranjer¨ªa de 1999 fuera resultado de una proposici¨®n de ley y no de un proyecto de ley, es decir, de una iniciativa parlamentaria y no gubernamental. Era la manera de fraguar un consenso general desde el principio, sin que ning¨²n partido se apuntara el tanto.

Este consenso se rompi¨® como consecuencia de la oposici¨®n del Ministerio de Interior al texto consensuado parlamentariamente. Aunque no evit¨® que la Ley de Extanjer¨ªa fuera aprobada finalmente, porque, al tratarse de una ley org¨¢nica, ten¨ªa que ser aprobada por mayor¨ªa absoluta en el Congreso de los Diputados y el PP dispon¨ªa de mayor¨ªa absoluta en el Senado pero no en el Congreso, con lo que no consigui¨® que las enmiendas aprobadas en el Senado lo fueran posteriormente por el Congreso. La ley consensuada parlamentariamente entr¨®, pues, en vigor. Pero el Ministerio de Interior boicote¨® su aplicaci¨®n, a la espera de que, una vez celebrada las elecciones de 2000, el PP tuviera la mayor¨ªa suficiente para modificarla, como as¨ª ocurri¨®. La Ley de Extranjer¨ªa actualmente vigente ser¨ªa aprobada el a?o pasado sin consenso y con las dificultades en su aplicaci¨®n de todos conocidas.

El error no ha podido tener consecuencias m¨¢s nefastas. No s¨®lo no ha detenido el supuesto efecto llamada que hab¨ªa generado la ley anterior, sino que adem¨¢s ha impedido que se dise?e y se ponga en pr¨¢ctica una pol¨ªtica coherente para integrar a la poblaci¨®n inmigrante que ya est¨¢ en nuestro pa¨ªs y que continua llegando.

Los resultados est¨¢n a la vista en varias comunidades aut¨®nomas, entre otras en la nuestra. El n¨²mero de inmigrantes que llegan en pateras o escondidos en camiones en condiciones terribles no s¨®lo no ha disminuido, sino que ha aumentado y continua aumentando. Las condiciones en las que son atendidos cuando llegan y las condiciones en las que viven una vez que se instalan y empiezan a trabajar son terribles, como hemos tenido ocasi¨®n de comprobar estas ¨²ltimas semanas con el trato dispensado a trabajadores inmigrantes en una explotaci¨®n del sector de la fresa en la provincia de Huelva.

En un Estado pol¨ªticamente descentralizado como el nuestro, en el que la autonom¨ªa regional y municipal est¨¢ reconocida y garantizada constitucionalmente, no se puede dar respuesta al reto de la inmigraci¨®n sin el concurso de todos los niveles de gobierno. La competencia en materia de inmigraci¨®n es del Estado, pero el ejercicio real y efectivo de la misma exige la colaboraci¨®n de las comunidades aut¨®nomas y de los municipios. Lo estamos viendo estos d¨ªas en Andaluc¨ªa con el problema de la vivienda, sobre el que ha llamado la atenci¨®n el Defensor del Pueblo. En ese terreno el Estado no puede hacer mucho. Y la comunidad aut¨®noma tampoco sin la colaboraci¨®n de los muncipios. El decreto de la Junta de Andaluc¨ªa para promover la construcci¨®n de viviendas para los inmigrantes no ha podido ser ejecutado porque los ayuntamientos, de todos los colores, se niegan a ceder suelo para la construcci¨®n de las mismas. O todas las administraciones act¨²an conjuntamente o el problema no se resuelve.

Y ello exige un pacto de Estado, en el que se impliquen todos los partidos pol¨ªticos. Sin ese acuerdo, cada municipio actuar¨¢ por su cuenta y ello se traducir¨¢ en que ninguno ceder¨¢ suelo para la construcci¨®n de viviendas, ni se preocupar¨¢ de que los ni?os est¨¦n escolarizados y as¨ª sucesivamente. O hay un compromiso general o continuaremos en la situaci¨®n en que ahora mismo nos encontramos.

El pacto tiene que ser de Estado. Mientras las direcciones generales de los partidos no lo suscriban, no habr¨¢ pacto en los niveles subcentrales. Lo estamos viendo en Andaluc¨ªa estos d¨ªas. Sin que la direcci¨®n nacional del PP se comprometa, la direcci¨®n regional no lo va a hacer. Es la posici¨®n que mantuvo ayer mismo la presidenta del PP, Te¨®fila Mart¨ªnez, quien asegur¨® que ella no dar¨¢ ¨®rdenes a los alcaldes de su partido, pero que 'ellos saben que tienen que llegar a acuerdos con la Junta y cumplirlos' (EL PA?S, 19 de mayo).

Eso y nada es lo mismo. Los dirigentes nacionales y regionales no se pueden desentender de su responsabilidad en este punto y descargarla en los gobiernos municipales. El gobierno municipal es el que se ve presionado de manera m¨¢s directa por sus electores, quienes, en ausencia de una pol¨ªtica general consensuada, no va a aceptar nunca cargar con el costo de la integraci¨®n. O hay una respuesta unitaria desde arriba o habr¨¢ una resistencia m¨²ltiple por abajo a cualquier pol¨ªtica de integraci¨®n de los inmigrantes. Como recordaba el viernes el Defensor del Pueblo, no es un solo municipio el que no colabora en la aplicaci¨®n del decreto sobre vivienda. Son todos.