Una reforma para corregir la educaci¨®n

A lo largo del a?o que lleva en ejercicio, la ministra de Educaci¨®n, Cultura y Deportes no ha hecho demasiadas declaraciones contundentes a los medios de comunicaci¨®n, con excepci¨®n de las relativas a la frase le¨ªda por el Rey durante la entrega del ¨²ltimo Premio Cervantes sobre el castellano. Pero, en contraste con sus predecesores en el Gobierno popular, se ha propuesto reformar la educaci¨®n en todas sus etapas, tal y como demuestran los textos normativos que est¨¢ dando a conocer. Que los cambios propuestos sirvan para mejorarlo es una cuesti¨®n discutible que debe responderse con un an¨¢lisis pormenorizado y la prueba de su puesta en pr¨¢ctica.

Los sucesivos Gobiernos socialistas acometieron en los a?os 80 una reforma en profundidad de todo el sistema educativo que lo ha mejorado en t¨¦rminos generales. La reforma abordada por Pilar del Castillo no se plantea un objetivo tan ambicioso; pretende, en muchos casos, corregir los efectos colaterales no previstos en su momento y responde, en otros, a razones de tipo ideol¨®gico. En la ense?anza secundaria, la anunciada Ley de Calidad del Sistema Educativo se propone modificar algunos aspectos de las leyes que definen esta etapa, pero sin poner en cuesti¨®n los principios contenidos en la LOGSE. La prolongaci¨®n de la escolaridad obligatoria hasta los 16 a?os, una medida deseable y positiva, y la mec¨¢nica de paso de un curso a otro en la ESO han creado dificultades en las aulas que los profesores han puesto de manifiesto, mientras que la reducci¨®n del bachillerato a dos a?os y la influencia del examen de selectividad sobre su desarrollo han deslucido su perfil. Pero atajar estos efectos indeseados no es tarea f¨¢cil, y las medidas propuestas, como la definici¨®n de itinerarios diferentes en la segunda etapa de la ESO o la introducci¨®n de alguna forma de rev¨¢lida, suscitan reacciones encontradas en la comunidad escolar.

En lo que se refiere a la ense?anza superior, se proponen cambios en la organizaci¨®n y el gobierno de las universidades para facilitar su adaptaci¨®n a las nuevas demandas sociales. Se suprime la prueba de selectividad con car¨¢cter general, de forma que las condiciones de acceso sean fijadas por las propias universidades, lo que pone en cuesti¨®n un sistema de evaluaci¨®n acad¨¦mica independiente de las de los centros de secundaria, y puede dificultar la movilidad estudiantil. Se introduce una forma distinta de seleccionar a los profesores universitarios, en dos etapas. En la primera, de car¨¢cter nacional, los candidatos obtienen la habilitaci¨®n para cada cuerpo docente, y en la segunda, las universidades seleccionan entre los habilitados. Pero ser¨ªa err¨®neo reducir el problema de la falta de nivel acad¨¦mico de muchos profesores a la llamada endogamia, y ¨¦sta a la composici¨®n de los tribunales en los concursos de acceso. Se abre tambi¨¦n la posibilidad de incorporar al sistema universitario a profesores doctores contratados, que pueden paliar el d¨¦ficit de oportunidades para investigadores, pero el que ¨¦sta sea una alternativa real a la carrera de funcionario depender¨¢ de su instrumentaci¨®n pr¨¢ctica. Finalmente, se modifica el tratamiento de las universidades privadas, eximiendo a las de la Iglesia de los requisitos que deben cumplir todas las dem¨¢s, sean p¨²blicas o privadas, a saber, una ley del Parlamento aut¨®nomo y un informe del Consejo de Universidades. Esta propuesta, injustificable desde el punto de vista acad¨¦mico, parece querer convalidar el dislate perpetrado con las universidades cat¨®licas de ?vila y Murcia y consagrarlo como m¨¦todo para reconocer en el futuro este tipo de universidades.

Cayetano L¨®pez es catedr¨¢tico de f¨ªsica de la Universidad Aut¨®noma de Madrid.