Los acuerdos del Gobierno con los inmigrantes carecen de validez jur¨ªdica

'Los acuerdos a los que se ha llegado con los encerrados, jur¨ªdicamente no tienen ning¨²n valor'. Desde la Oficina del Defensor del Pueblo se definen as¨ª los tres compromisos firmados entre delegaciones del Gobierno e inmigrantes irregulares encerrados. 'Los delegados del Gobierno no tienen capacidad para firmar estos acuerdos, por lo que no generan efectos jur¨ªdicos sino de buena voluntad', advierte la citada oficina.

Estos tres acuerdos recogen la revisi¨®n 'en los t¨¦rminos de m¨¢xima amplitud' de los expedientes rechazados durante el proceso de regularizaci¨®n y 'la revisi¨®n al amparo del art¨ªculo 31.4 de la ley', que habla de motivos de arraigo y razones humanitarias, de todos aquellos que puedan acreditar haber estado en la regi¨®n donde solicitan los permisos antes de la entrada en vigor de la Ley de Extranjer¨ªa (el 23 de enero pasado) y presenten una oferta de empleo. Las diferencias entre las tres comuniddes se refieren a los afectados. En un caso favorecen s¨®lo a las personas que se encerraron (Murcia) y en los otros dos a todos los inmigrantes (Valencia y Catalu?a). Adem¨¢s de estos convenios se est¨¢n negociando otros semejantes en Almer¨ªa y Madrid.

Desde la Oficina del Defensor se puntualiza que no s¨®lo 'la Administraci¨®n ha actuado de forma informal', sino tambi¨¦n 'algunos Defensores del Pueblo de las distintas comunidades, que han actuado con buena voluntad, aunque en los l¨ªmites de sus competencias'.

A pesar de esto, el Defensor del Pueblo no ha hecho llegar ninguna recomendaci¨®n al Gobierno ni ha intervenido ni a favor ni en contra en la firma de los acuerdos, porque 'cuando la realidad supera las posibilidades de la Administraci¨®n hay que actuar, y en estos casos estamos hablando de emergencias humanitarias. Adem¨¢s, no se pidi¨® nuestra participaci¨®n'. Salvo en el caso de Madrid: 'Aqu¨ª, hemos accedido a actuar como mediadores porque pensamos que pod¨ªamos aportar recursos jur¨ªdicos que dinamicen el proceso y hacer un mayor seguimiento, a pesar de que el valor jur¨ªdico de este acuerdo va a ser el mismo que en los otros casos', a?ade la Oficina del Defensor.

Las dudas sobre la validez de estos convenios no son s¨®lo del Defensor. Desde el sindicato CC OO, Paloma L¨®pez, secretaria de Pol¨ªtica Social, habla de 'parches pol¨ªticos a la inmigraci¨®n', y su hom¨®logo en Catalu?a, Llorens Serrano, explica que en esa comunidad el sindicato asisti¨® 'a las reuniones, pero no particip¨® de forma activa porque el acuerdo no tiene validez jur¨ªdica, sino que se basa en la buena voluntad de la Administraci¨®n'.

Ni siquiera todos los colectivos de inmigrantes apoyan estos acuerdos. Alde Hamid Bujuki, presidente de la asociaci¨®n marroqu¨ª ATIME cree que se trata de 'una tomadura de pelo'. ATIME particip¨® en la firma del acuerdo de Murcia, lo que ahora califica de 'error'. 'Estos convenios no s¨®lo no dan ninguna seguridad jur¨ªdica, sino que adem¨¢s fomentan la desigualdad', por lo que Bujuki pide que se acabe 'con estas regularizaciones discriminatorias'.

Consuelo Rum¨ª, secretaria de Pol¨ªtica Social del PSOE, incide en la indefensi¨®n jur¨ªdica de los inmigrantes tras la firma de estos convenios: 'Si ma?ana el Gobierno decide dar marcha atr¨¢s ?en base a qu¨¦ van a recurrir los inmigrantes? No existe una normativa, s¨®lo un acuerdo entre un delegado del Gobierno y unas organizaciones. Este tipo de regularizaciones se deber¨ªa regir mediante un real decreto'. Rum¨ª denuncia adem¨¢s que 'el Gobierno est¨¢ utilizando estos acuerdos para realizar una regularizaci¨®n encubierta y discriminatoria', y a?ade que 'el PP rechaz¨® en febrero una iniciativa nuestra que dec¨ªa lo mismo que estos acuerdos pero a nivel estatal. Sin embargo, ha decidido aplicar la medida de forma sectaria y sentando el precedente de que Interior s¨®lo suscribe acuerdos si previamente han mediado encierros'.

El ministro del Interior, Mariano Rajoy, defendi¨® en la ¨²ltima sesi¨®n de control parlamentario del Gobierno que todas las regularizaciones se atienen a la Ley de Extranjer¨ªa y que en el caso concreto de los acuerdos firmados se est¨¢ aplicando el art¨ªculo 31.4 de esa normativa legal.