Asociacionismo militar

El Gobierno parece dispuesto a cortar de ra¨ªz cualquier posibilidad de asociacionismo en el seno de la Guardia Civil y del nuevo Ej¨¦rcito profesional mediante una ley que proh¨ªba a sus miembros el ejercicio de ese derecho constitucional. Aunque sea posible limitar su ejercicio, negarlo radicalmente es inconstitucional, como han denunciado las asociaciones de guardias civiles y militares que sobreviven en r¨¦gimen de alegalidad.

El problema del asociacionismo militar sigue sin encontrar un cauce legal. En el caso de la Guardia Civil, la situaci¨®n es especialmente grave. Suprimido el derecho de sindicaci¨®n de sus miembros -una opci¨®n que la Constituci¨®n permite, pero que no impone al legislador-, quedaba la v¨ªa abierta al asociacionismo profesional como una f¨®rmula civilizada de encauzar los problemas sociolaborales del colectivo. No hay que olvidar que la Guardia Civil, pese a su car¨¢cter militar -por el que optaron en el pasado los Gobiernos socialistas en contra de sus promesas anteriores-, es un cuerpo dedicado a tareas ordinarias de polic¨ªa entre la poblaci¨®n civil. Es un contrasentido que sus miembros est¨¦n sometidos a un r¨¦gimen disciplinario que les veda cualquier posibilidad de defender sus intereses.

Hab¨ªa alguna esperanza de que el anunciado Consejo Asesor de Personal -previsto en la Ley Org¨¢nica de Reestructuraci¨®n de la Guardia Civil de 1999- colmase ese vac¨ªo que afecta a un colectivo de 73.000 agentes. Se esperaba que su reglamento, en fase de redacci¨®n, fuera m¨¢s all¨¢ de reconocer el derecho de los guardias a dirigir propuestas o sugerencias individuales a sus superiores. Pero los prop¨®sitos del Gobierno son muy restrictivos.

Aunque el proyecto de ley de asociaciones no est¨¢ cerrado, el ministro Rajoy ha adelantado que 'no va a haber ni sindicatos ni asociaciones de car¨¢cter reivindicativo en la Guardia Civil'. Sindicatos no hay, de conformidad con el car¨¢cter militar de la Guardia Civil, pero que no haya asociaciones depender¨¢ de lo que digan los tribunales. Algunas sentencias han reconocido ese derecho y el Tribunal Constitucional urgi¨® hace a?os al Gobierno a dotar a ese cuerpo de un r¨¦gimen disciplinario compatible con cauces para la soluci¨®n colectiva de sus problemas sociolaborales.