El nuevo Senado

Los espa?oles celebraremos pronto el cuarto de siglo de nuestra Constituci¨®n. Si evitamos durante s¨®lo un instante recordar el amasijo de momentos duros, dificultades y renuncias que componen p¨¢ginas colectivas imborrables, podremos quiz¨¢ hacer un hueco para el gozo por el logro de haber construido un orden pol¨ªtico democr¨¢tico y libre constitucionalmente garantizado.

Pero debemos mirar al futuro y responder a los retos, las inquietudes y los problemas de unas nuevas generaciones de j¨®venes que han nacido y vivido en democracia y que hoy ya nos est¨¢n tomando el relevo. Lo que fue y ha sido extraordinario, una Constituci¨®n mod¨¦lica y que ha proporcionado el mayor periodo de estabilidad democr¨¢tica de la historia espa?ola, no debe cegarnos. Alcanzada la madurez del sistema, debemos afrontar ahora su perfeccionamiento.

Los espa?oles nos sentimos orgullosos por el resultado francamente positivo del experimento m¨¢s arriesgado que conten¨ªa la Constituci¨®n de 1978: la construcci¨®n de un Estado auton¨®mico. Con la perspectiva del tiempo podr¨ªamos decir hoy que fue f¨¢cil, pero lo cierto es que la Constituci¨®n no hizo ese dise?o (de hecho, ni siquiera le puso nombre), sino que tuvo que limitarse a establecer un conjunto de normas cuyo posterior y complejo desarrollo ha dado lugar a la organizaci¨®n auton¨®mica actual.

Ahora, cuando estamos terminando el despliegue institucional del nuevo estado democr¨¢tico, cuando el traspaso de competencias y recursos est¨¢ muy avanzado, nos aparece un problema, un problema que, para ser sinceros, va a ir creciendo en importancia. Toda descentralizaci¨®n incrementa los conflictos entre ¨®rganos y, por consiguiente, la complejidad del sistema. Los estados compuestos necesitan dotarse de mecanismos y procedimientos para negociar, resolver o, en ¨²ltimo extremo, dirimir problemas de relaci¨®n entre las diversas instancias de poder p¨²blico. Pero no es ¨¦ste el problema al que quiero referirme, que forma parte esencial del escenario pol¨ªtico de nuestro pa¨ªs y de cualquier otro dotado de similar tipo y grado de descentralizaci¨®n.

El problema, el nuevo problema, es diferente. Se trata de un desajuste surgido precisamente de la irreversible consolidaci¨®n del modelo auton¨®mico. Es ese ¨¦xito el que, al dotar a sus instituciones de una legitimidad y un conjunto de competencias que ejercen a t¨ªtulo propio, nos ha situado ante un Estado que, si nos gusta y nos sirve, no lo hab¨ªamos previsto. Esto es lo que los expertos han calificado como un modelo abierto, no determinado ni definido en su punto de llegada porque la Constituci¨®n sabiamente no pretendi¨® adivinarlo.

Ante problemas de tal naturaleza, tenemos que dotar nuestro sistema pol¨ªtico-constitucional con estructuras de decisi¨®n capaces de afrontar esta complejidad. Y es preciso decir que hoy no disponemos de ellas. Y no debo ocultar que el lamentable espect¨¢culo del procedimiento seguido con el Plan Hidrol¨®gico Nacional (?de qu¨¦ naci¨®n?) lo ha puesto de manifiesto. Llamo la atenci¨®n sobre el hecho de que temas tales como la definici¨®n de equilibrios nacionales b¨¢sicos no pueden tratarse ignorando adrede a los sujetos pol¨ªticos territoriales. Este mismo ejemplo del PHN servir¨ªa para el Plan Nacional de Infraestructuras o el Plan Nacional de Regad¨ªos. No contamos con espacios para explicar la postura de unas u otras comunidades y contribuir as¨ª a configurar la voluntad nacional. Quedan las posiciones explicadas s¨®lo a trav¨¦s de la propaganda o el conflicto jur¨ªdico una vez adoptada la decisi¨®n.

Es evidente, y por ello debe decirse alto, claro y fuerte, que la calidad de nuestro Estado democr¨¢tico nos obliga a ponernos a reflexionar y a actuar en este frente. Lo ha hecho ya el Parlamento aragon¨¦s, que, sin temor al reto, ha planteado, con el voto favorable de cuatro de las cinco formaciones en ¨¦l representadas, la necesidad de reformar, incluso la Constituci¨®n, para afrontar nuestras carencias sin excluir ninguna posibilidad, incluida la federal si colectivamente la vemos precisa. Esa posici¨®n de las Cortes de Arag¨®n viene a reclamar simple y llanamente foros donde podamos armonizar la pol¨ªtica espa?ola desde sus diferentes centros de poder, el del Gobierno de la Naci¨®n y el de las 17 comunidades aut¨®nomas.

No parece congruente que una comunidad aut¨®noma pueda iniciar un procedimiento de anulaci¨®n ante el Tribunal Constitucional de una ley votada en las Cortes Generales y, sin embargo, no exista un mecanismo previo -como los hay en sistemas federales de car¨¢cter cooperativo- que a¨²ne voluntades y posiciones institucionales previas implic¨¢ndolas con af¨¢n constructivo. En la actual situaci¨®n se impone el conflicto a la negociaci¨®n. Porque ahora no tenemos disyuntiva.

Y, sin embargo, debemos buscar puntos de encuentro, no dividir ni fracturar. Falta la pieza que permita articular ese encuentro y que permita evitar la tentaci¨®n permanente de la bilateralidad. Tenemos que armar mecanismos capaces de fortalecer nuestro actual modelo de Estado complejo, capaces de hacerlo m¨¢s s¨®lido y articulado, m¨¢s fuerte. Debemos rechazar aquellas versiones que intentan transmitirnos que un Estado complejo es un Estado d¨¦bil. ?Lo son acaso Estados Unidos o Alemania, lo son Canad¨¢ o Suiza?

Creer en el espejismo que confunde conflictos de competencias con carencias institucionales, que es necesario paliar cuanto antes, es un error de percepci¨®n muy grave. Ni tampoco es posible que sean los partidos pol¨ªticos de ¨¢mbito estatal los llamados sistem¨¢ticamente a soportar tensiones transversales generalizadas. Este es un antimodelo de alt¨ªsimos costes a largo plazo y de consecuencias institucionales nada deseables a corto. Ya lo estamos viendo.

Con seguridad tampoco nuestro Senado, en su actual formato, es una soluci¨®n. Ni siquiera un recurso paliativo. Debemos ponernos manos a la obra, seria y honestamente, y pronunciarnos al respecto. La primera medida a estudiar es modificar la C¨¢mara o desechar tal posibilidad y optar por otras v¨ªas.

Es posible que, tras todos estos esfuerzos, concluyamos que nuestra Constituci¨®n es precisamente la que nos obliga a su reforma. Una reforma que nos permita dar respuesta a las inquietudes y desvelos de las generaciones mejor preparadas de la historia de nuestro pa¨ªs, crear espacios de di¨¢logo y entendimiento, evitar la imposici¨®n de decisiones y conseguir as¨ª una mayor calidad para nuestra democracia.

Ese momento pol¨ªtico tendr¨¢ que volver a ser un momento colectivo, no de facci¨®n ni mayor¨ªas. Uno m¨¢s de nuestra joven, pero ya s¨®lida, tradici¨®n democr¨¢tica.

Marcelino Iglesias Ricou es presidente del Gobierno de Arag¨®n.