La fiscal cambia ahora su criterio y acusa a dos guardias civiles de torturas

La fiscal que ha participado esta semana en el juicio por torturas contra diez guardias civiles en la Audiencia de Vizcaya sorprendi¨® ayer a todos al modificar sus conclusiones iniciales y pasar a acusar a dos guardias, uno de los cuales ha sido condenado en dos ocasiones por torturas. La fiscal admite ahora que los agentes torturaron a los detenidos para obtener informaci¨®n, pero no acusa al resto porque 'no se ha acreditado' que infligieran o conocieran los malos tratos.

Los testimonios de las torturas escuchados durante esta semana -algunos realmente 'espeluznantes', como record¨® ayer un letrado de la acusaci¨®n-, los informes forenses que acreditan las lesiones y los reconocimientos de los supuestos torturadores tanto en rueda como en el juicio han forzado a la fiscal a cambiar su criterio inicial de no acusar a ninguno de los diez guardias civiles procesados.

La representante del ministerio p¨²blico reconoce ahora que, dado que las detenciones se produjeron sin violencia, las 'lesiones de origen traum¨¢tico' que presentaban todos los arrestados 's¨®lo pudieron producirse durante la investigaci¨®n policial', esto es, en los interrogatorios realizados en las dependencias del instituto armado en La Salve con el fin de obtener informaci¨®n sobre ETA. Y solicita un mes y un d¨ªa de arresto mayor para cada uno de los guardias de los que considera se ha acreditado su participaci¨®n en los hechos: Lucio de Sosa Roblebo y Jos¨¦ Garc¨ªa Maldonado, adem¨¢s de una indemnizaci¨®n de 50.000 pesetas para las tres personas a las que infligieron malos tratos. Se da la circunstancia de que De Sosa fue condenado por torturas en el caso Linaza (1990) y en el de Torre Altonaga (1987).

Por contra, la fiscal no admite el criterio de las acusaciones de pedir la condena por torturas de los guardias que actuaron como secretarios o instructores en las declaraciones prestadas ante la Guardia Civil. Las acusaciones consideran que todos ellos 'tuvieron que ver las marcas de los malos tratos' en la cara de los detenidos y 'no lo denunciaron'. Por ello mantienen sus peticiones, que oscilan entre los seis y 36 meses de arresto mayor y seis y 36 a?os a?os de inhabilitaci¨®n. La defensa solicit¨® la absoluci¨®n y consider¨® probado que dos de ellos no estaban destinados en Bilbao cuando se produjeron los hechos, a finales de 1980.