El Gobierno publicar¨¢ en la prensa el nombre de quienes da?en la naturaleza
IU cree que la futura norma debe ser mejorada porque considera que 'a¨²n es un coladero legal'
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Pedro Calvo Poch, del PP, consejero de Medio Ambiente, asegur¨® ayer que la futura ley busca el 'desarrollo sostenible' de la regi¨®n y una mayor agilidad en la tramitaci¨®n de los procesos de evaluaci¨®n ambiental. La norma, que establece un procedimiento abreviado de evaluaci¨®n para los proyectos de escasa repercusi¨®n medioambiental (peque?as empresas, tuber¨ªas de gas, azucareras...), es sumamente dura con los infractores. En su art¨ªculo 56 establece claramente que 'en ning¨²n caso la multa correspondiente ser¨¢ igual o inferior al beneficio que resulte de la comisi¨®n de la infracci¨®n, pudiendo incrementarse su cuant¨ªa hasta el doble del mismo'.
El director general de Calidad y Evaluaci¨®n Ambiental, Ignacio L¨®pez-Galiacho, explic¨® que con esta nueva normativa 'se intenta evitar que a los infractores les salga m¨¢s barato contaminar que pagar la multa'.
Sin embargo, Julio Seti¨¦n, portavoz de medio ambiente de IU, no se muestra tan optimista con los frutos de la futura ley. 'Este texto representa un avance en el r¨¦gimen sancionador', pero a¨²n es un 'coladero' para los que pretendan vulnerarlo, dice el diputado. Seti¨¦n recuerda que por el procedimiento abreviado de evaluaci¨®n ambiental se pueden colar las graveras o los campos de golf. Por ello, cree que el texto debe ser mejorado, al considerar que su redacci¨®n es muy enrevesada.
Ecologistas en Acci¨®n, por su parte, se queja de que el procedimiento abreviado de evaluaci¨®n de los proyectos urban¨ªsticos que prev¨¦ la ley es 'fruto del atasco de los servicios de evaluaci¨®n de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente'. 'No deben reducir el colapso a trav¨¦s de evaluaciones de impacto m¨¢s cortas, sino contratando m¨¢s personal', afirma la asociaci¨®n.
L¨®pez-Galiacho replica que este tipo de procedimientos abreviados se establece porque existen proyectos 'con poca repercusi¨®n ambiental' que pueden ser resueltos de forma m¨¢s sencilla que lo que contempla la vigente Ley 10/91.
El borrador multiplica por ocho la cuant¨ªa de las multas m¨¢ximas. Actualmente, y con arreglo a las leyes en vigor, la sanci¨®n m¨¢xima que puede imponer el Gobierno regional es de 50 millones. La futura ley de evaluaci¨®n ambiental las eleva a los 400 millones.
Adem¨¢s, las personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas que hayan sido sancionadas por faltas graves o muy graves 'no podr¨¢n obtener subvenciones ni otro tipo de ayudas de la Comunidad hasta haber cumplido la sanci¨®n y haber ejecutado las medidas correctoras pertinentes', seg¨²n el borrador.
Los infractores, con independencia de las multas impuestas, quedar¨¢n obligados, adem¨¢s, a 'reparar el da?o causado, con objeto de reponer los bienes a su estado anterior a la comisi¨®n de la infracci¨®n'. Si el infractor no reparase los da?os medioambientales, 'el ¨®rgano competente podr¨¢ imponerle multas coercitivas, que ser¨¢n reiteradas por lapsos de tiempo suficiente para cumplir lo ordenado'. Estas multas ser¨¢n independientes y compatibles con las sanciones impuestas, y 'cada una' podr¨¢ alcanzar hasta el 10% de la multa. Pero, adem¨¢s de estas sanciones, la ley obligar¨¢ a los infractores a 'indemnizar por los da?os causados' al entorno natural. Su importe podr¨¢ ser exigido en v¨ªa de apremio. Medio Ambiente se reserva tambi¨¦n una posible comunicaci¨®n de los hechos 'al ¨®rgano jurisdiccional competente o al ministerio fiscal'.
Esta ley surge, seg¨²n su pre¨¢mbulo, por las 'crecientes exigencias de la sociedad para la protecci¨®n del medio ambiente'.
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