Garz¨®n cita a declarar en el 'caso del lino' a dos hijos de un ex alto cargo de Agricultura
El juez les notifica que acuden a la Audiencia Nacional como imputados
El juez se?ala en el auto notificado a las partes que cita a los hijos de Nicol¨¢s L¨®pez de Coca como imputados "teniendo en cuenta que las preguntas que se les van a formular necesariamente tendr¨¢n car¨¢cter incriminatorio o al menos as¨ª se desprende del escrito de la acusaci¨®n particular postulante".
La petici¨®n del letrado que representa a la Junta de Castilla-La Mancha se produjo despu¨¦s de comprobar que los hijos del citado ex presidente del FEGA figuraban como administradores de dos sociedades con las que posteriormente se constituy¨® la empresa transformadora Colisur 2000, seg¨²n informaron fuentes jur¨ªdicas a Efe. En abril del a?o pasado, el Gobierno de Castilla-La Mancha retir¨® la autorizaci¨®n para transformar lino a Colisur 2000 despu¨¦s de una investigaci¨®n que, en el caso de esta sociedad, revel¨® irregularidades contables, consistentes en diferencias entre los libros de existencias y la transformaci¨®n real de lino.
La Junta de Castilla-La Mancha asegur¨® que, tras las inspecciones realizadas, no se pudo comprobar f¨ªsicamente la existencia de la fibra de lino que se reflejaba en los libros de control. Dos meses despu¨¦s, en junio, L¨®pez de Coca present¨® un demanda de protecci¨®n al honor contra el presidente de Castilla-La Mancha, Jos¨¦ Bono, que en septiembre ampli¨® al consejero de Agricultura de esa comunidad, Alejandro Alonso Mu?oz, a los que reclam¨® 30 millones de pesetas por las "imputaciones" que hac¨ªan contra su familia.
Incendios
En la demanda se indicaba que Bono y el citado consejero relacionaron a los L¨®pez de Coca con la "trama del lino" a prop¨®sito de dos incendios, ocurridos en abril y mayo de 1999 en la sede de Colisur 2000 en Pic¨®n (Ciudad Real), sociedad en la que participaban dos de los tres hijos del ex presidente del FEGA. L¨®pez de Coca indic¨® entonces que sus hijos "obtuvieron un beneficio por subvenciones de algo m¨¢s de 23 millones de pesetas durante un periodo de cinco a?os, y todo ello vigilado, aprobado y autorizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que durante todo ese tiempo no ha opuesto ninguna objeci¨®n".
Baltasar Garz¨®n tambi¨¦n ha citado como testigos para los pr¨®ximos d¨ªas 24 y 25 de julio al actual director general del FEGA y a varios funcionarios de este organismo, as¨ª como a responsables de pol¨ªtica agraria de las comunidades aut¨®nomas de Andaluc¨ªa, Arag¨®n, Castilla-La Mancha, Castilla y Le¨®n y Extremadura, cuyas declaraciones, previstas para esta semana, hab¨ªan sido aplazadas.
Adem¨¢s, ha acordado archivar la causa respecto de Estela Arroyo, Marta Cid y Esperanza Arroyo, administradoras de la transformadora Texar, de Almaz¨¢n (Soria), al entender que "aparece clara falta de relaci¨®n con los hechos inicialmente imputados" a las mismas. Por ¨²ltimo, ha confirmado el rechazo de la solicitud de 40 agricultores castellano-manchegos de personarse como acusaci¨®n particular en la causa, y ha emplazado a cada uno de ellos a "justificar el perjuicio real o potencial derivado de la conducta penal para s¨ª mismo y su patrimonio" si quieren ser acusaci¨®n particular. Los agricultores pretend¨ªan actuar contra responsables pol¨ªticos de la Junta de Castilla-La Mancha ante la existencia de supuestos delitos de prevaricaci¨®n en conexi¨®n con fraude en subvenciones y delito fiscal. El juez afirma que no hay "indicio de responsabilidad penal alguna".
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