Justicia global, para los dem¨¢s

Finalmente, Milosevic est¨¢ en La Haya, acusado ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), que hab¨ªa solicitado su extradici¨®n por cr¨ªmenes cometidos en Kosovo, sin incluir el de genocidio, aunque se ampliar¨¢n los cargos a las atrocidades cometidas a lo largo de 10 a?os. Es uno de los casos m¨¢s importantes que reflejan la globalizaci¨®n judicial en curso, basada en la red de leyes nacionales y tratados internacionales en existencia, o en tribunales internacionales ad hoc, como el TPYI. La detenci¨®n de Pinochet en Londres a instancias de la Audiencia Nacional espa?ola, la condena de dos monjas ruandesas por genocidio en un tribunal de B¨¦lgica, pa¨ªs donde tambi¨¦n se ha planteado una demanda contra Ariel Sharon por su responsabilidad en las matanzas de Sabra y Chatila en 1982, o el caso de Montesinos y Milosevic demuestran que los c¨ªmenes de este tipo empiezan a no quedar impunes. Aunque conviene recordar que, de haberse protegido con una simple misi¨®n, y por tanto, inmunidad, diplom¨¢tica, Pinochet no habr¨ªa sido detenido en Londres; s¨ª en Chile.

En EE UU, casos similares empiezan a llegar a los juzgados, lo que ha llevado a alg¨²n comentarista a considerar que este pa¨ªs se est¨¢ convirtiendo en un 'fiscal global'; pero EE UU no quiere que le fiscalicen. Quien m¨¢s ha presionado, y ha conseguido, que Belgrado extraditate a Milosevic ha sido Washington, ofreciendo la zanahoria de la ayuda financiera a lo que queda de la antigua Yugoslavia, es decir, Serbia y, a¨²n, Montenegro, que la necesita. 'Justicia a cambio de d¨®lares' se ha dicho en Belgrado por parte de los m¨¢s nacionalistas.

La gran paradoja es que Estados Unidos es el ¨²nico pa¨ªs occidental que no quiere aceptar ser parte del Tribunal Penal Internacional permanente (TPI), con competencia (sin car¨¢cter retroactivo) en cr¨ªmenes de guerra, cr¨ªmenes contra la humanidad, genocidio y crimen de agresi¨®n. Ciento treinta y nueve pa¨ªses han firmado el estatuto negociado en Roma en 1998, y 36 han completado el proceso de ratificaci¨®n. Faltan, pues, 24 ratificaciones para su entrada en vigor. Seg¨²n estaba saliendo de la Casa Blanca, Clinton firm¨® su estatuto, pese a no haberlo hecho -esencialmente, por presiones del Pent¨¢gono- cuando se negoci¨® en Roma hace tres a?os. Bush y los republicanos est¨¢n en contra, y el nuevo Senado habr¨¢ de pronunciarse. Sin duda, el tribunal permanente necesitar¨ªa del concurso de la hiperpotencia; pero sin ella, tambi¨¦n puede ponerse en marcha. Y eso es lo que algunos temen en EE UU.

Tanto, que, tras pasar por el Congreso, est¨¢ pendiente de su tr¨¢mite en el Senado la ley ASPA, de protecci¨®n a los militares estadounidenses (American Servicemembers' Protection Act), para proteger a sus soldados frente a posibles acusaciones en el TPI, iniciativa, entre otros, del senador Helms, que se reactiv¨® en mayo pasado. La ASPA no s¨®lo prohibir¨ªa a toda entidad gubernamental de EE UU cooperar con el TPI, o a agentes del tribunal investigar en territorio estadounidense, sino que autorizar¨ªa al presidente de EE UU a usar de todos los medios a su alcance (lo que en teor¨ªa incluir¨ªa la fuerza militar) para rescatar a cualquier ciudadano estadounidense o aliado acusado y detenido en contra de su voluntad por el TPI. Llevado a su l¨ªmite, significar¨ªa asaltar las eventuales c¨¢rceles del tribunal en Holanda. Es de esperar que el Senado, ahora con mayor¨ªa dem¨®crata, no apruebe tal desprop¨®sito. Pero el rechazo al TPI puede llevar al pa¨ªs con m¨¢s soldados fuera de su territorio a replegarse en su caparaz¨®n y participar cada vez menos en operaciones militares de paz, por miedo a que sus soldados puedieran alguna vez ser acusados por actos en el ejercicio de sus funciones. Ser¨ªa pernicioso que la justicia fuera global para unos y no para otros. La extradici¨®n de Milosevic a La Haya deber¨ªa llevar a la Administraci¨®n de Bush a reconsiderar su oposici¨®n al TPI.

aortega@elpais.es