La fiscal¨ªa francesa acepta que Chirac puede ser citado como testigo por el juez

En Francia, donde el pago por cheques o tarjetas est¨¢ absolutamente extendido, el efectivo se usa para comprar el pan o pagar el taxi: tanto es as¨ª, que los cajeros autom¨¢ticos s¨®lo entregan 2.000 francos (50.000 pesetas) cada 10 d¨ªas. De ah¨ª la sorpresa causada por la revelaci¨®n de que Jacques Chirac pag¨® en l¨ªquido una veintena de viajes privados de ¨¦l mismo, de su esposa Bernadette y de su hija Claude, por un valor de 2,4 millones de francos (unos sesenta millones de pesetas) entre 1992 y 1995, cuando era alcalde de Par¨ªs.

Los tres jueces que instruyen un sumario por desviaciones de fondos en obras del Ayuntamiento parisiense sospechan que parte de ese dinero pudo ser utilizado para sufragar los viajes privados de Chirac y de su familia. Hay que tener cuidado con las sospechas, porque pueden ocultar otras: el entorno presidencial ha sugerido que el dinero de los viajes proced¨ªa de los fondos reservados. No sin aclarar que de esos fondos disponen tanto el presidente como sus adversarios pol¨ªticos, los miembros del Gobierno.

?Cu¨¢nto tiempo podr¨¢ resistirse el jefe del Estado franc¨¦s, Jacques Chirac, a ser interrogado por los jueces? A menos de un a?o de las presidenciales, el fiscal jefe de Par¨ªs, Jean-Pierre Dintilhace, introdujo ayer otra china en el zapato del presidente, al considerar que 'nada se opone' a su interrogatorio judicial 'en los asuntos que lo necesiten'. Es la primera vez que el ministerio p¨²blico desbloquea un intento judicial de pedir cuentas al primer mandatario de Francia, pese a la invocaci¨®n a la inmunidad que hasta ahora le ha protegido.

La postura de la fiscal¨ªa implica la luz verde para el interrogatorio del jefe del Estado como 'testigo asistido', figura legal a medias entre la convocatoria como simple testigo y la comparecencia a declarar bajo alguna imputaci¨®n. El 'testigo asistido' comienza a deponer sin que haya indicios contra ¨¦l; pero no est¨¢ obligado a decir verdad ni a declarar contra s¨ª mismo, y se arriesga a terminar la sesi¨®n habiendo pasado a la situaci¨®n de imputado. De ah¨ª la protecci¨®n que la ley le ofrece para hacerlo con asistencia letrada.

Chirac podr¨ªa negarse a comparecer, como ya lo hizo ante la llamada de otro magistrado, Eric Halphen, que pretend¨ªa preguntarle sobre la financiaci¨®n ilegal supuestamente extra¨ªda de las obras p¨²blicas adjudicadas por el Ayuntamiento parisiense, cuando aqu¨¦l era el alcalde. La situaci¨®n, muy embarazosa, vuelve a plantear el problema de si existe alg¨²n medio de obligar al jefe del Estado a responder ante un juez.

Este paso se produce en plena tempestad entre izquierda y derecha acerca del estatuto penal del jefe del Estado y del pasado trotskista del primer ministro, el socialista Lionel Jospin. Cada campo acusa al otro de alimentar los descubrimientos de los jueces y las revelaciones period¨ªsticas. As¨ª, el diputado socialista Jean-Christophe Cambad¨¦lis afirma que existe un 'gabinete negro' en torno a Chirac, una especie de estructura clandestina que usa los medios del Estado para desestabilizar a los adversarios pol¨ªticos.

En el campo contrario, el entorno de Chirac atribuye a Jospin haber sostenido secretamente al diputado socialista Arnaud Montebourg, autor de una propuesta para acusar al presidente ante el Alto Tribunal de Justicia -un ¨®rgano concebido para juzgar los casos de alta traici¨®n- si el jefe del Estado persiste en su negativa a explicarse ante la justicia ordinaria. Montebourg es el principal animador de una recogida de firmas entre diputados para iniciar los tr¨¢mites que permitir¨ªan llevar al presidente ante el Alto Tribunal. Tiene 31, aunque el m¨ªnimo requerido es de 58.

El presidente franc¨¦s conoci¨® de la postura adoptada por la fiscal¨ªa durante su visita a Rusia, donde se neg¨® a hacer comentario alguno sobre asuntos 'de pol¨ªtica interior'.