Mafias

Uno de los argumentos m¨¢s utilizados por el Gobierno para justificar su Ley de Extranjer¨ªa fue la necesidad de disponer de un instrumento eficaz contra las mafias que trafican con inmigrantes. Se trata de un argumento irreprochable, pero que no es privativo de la filosof¨ªa de la actual legislaci¨®n. La lucha contra el tr¨¢fico ilegal de personas ha sido tambi¨¦n un objetivo preferente de las sucesivas normas sobre inmigraci¨®n que han estado vigentes en Espa?a desde 1985. A pesar de las distintas leyes y de los cambios legislativos, las mafias dedicadas al tr¨¢fico ilegal de inmigrantes no han dejado de aumentar.

En los cinco meses que lleva en vigor la ley actual, el n¨²mero de detenidos por traficar con inmigrantes casi se ha duplicado respecto al mismo periodo del a?o anterior. Ello significa que la eficacia policial ha mejorado, pero tambi¨¦n que las mafias han aumentado al ritmo creciente de inmigrantes que pugnan por entrar en Europa jug¨¢ndose la vida en las aguas del Estrecho y de Canarias. La mayor vigilancia en estas aguas no basta para parar el flujo migratorio, aunque s¨ª para descubrir pateras y detener inmigrantes cada vez en mayor n¨²mero. Sin embargo, no en el suficiente para impedir que muchos se escabullan a trav¨¦s de los montes y los campos hasta que son aprehendidos por la Guardia Civil o logran escaparse definitivamente.

La actividad ascendente de la delincuencia organizada que trafica con inmigrantes y el descaro con que act¨²a constituyen un problema que merece la m¨¢xima atenci¨®n del Gobierno y, desde luego, de las fuerzas de seguridad del Estado. La ley tiene que aplicarse con el m¨¢ximo rigor a quienes, como ha sucedido en El Ejido, manten¨ªan secuestrados a 24 inmigrantes sin papeles a cambio del pago de un rescate, tras haberlos introducido ilegalmente en territorio espa?ol.

La lucha eficaz contra ese tipo de delincuencia exige la colaboraci¨®n de los pa¨ªses de origen del inmigrante. Pero tal colaboraci¨®n o no existe o es manifiestamente escasa. Mientras el Gobierno se esfuerza, con los argumentos diplom¨¢ticos y econ¨®micos que tiene a su alcance, en conseguir esta colaboraci¨®n, no puede permitir que el tr¨¢fico ilegal de inmigrantes se fomente desde territorio espa?ol. Adem¨¢s del C¨®digo Penal, que castiga severamente el tr¨¢fico ilegal de personas, la Ley de Extranjer¨ªa garantiza la regularizaci¨®n y el permiso de residencia al inmigrante que denuncie al traficante del que haya sido v¨ªctima. Al menos el 10% de las detenciones se debe a esta colaboraci¨®n. Hay que potenciarla, porque da la impresi¨®n de que esta v¨ªa no est¨¢ suficientemente explotada y que las v¨ªctimas del tr¨¢fico ilegal se inhiben por miedo a que las autoridades conozcan su situaci¨®n irregular.