Hacienda ofrece 225.000 millones m¨¢s para la financiaci¨®n auton¨®mica y el PSOE pide el doble
Los socialistas rechazan retirar los recursos de inconstitucionalidad como exige el Ejecutivo
Desde que el 17 de junio delegaciones del Gobierno y del PSOE, encabezadas por el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, y el responsable del ¨¢rea econ¨®mica socialista, Jordi Sevilla, anunciaron el inicio formal de las negociaciones sobre el nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica, el intercambio de documentos entre ambas partes ha sido constante.
El trasvase de propuestas culmin¨® con una reuni¨®n discreta celebrada el pasado viernes a la que asistieron el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Gim¨¦nez-Reyna y el secretario general del Ministerio, Antonio Beteta, por el Gobierno, y Jordi Sevilla y el senador Octavio Granado, por el PSOE.
El secretario de Estado de Hacienda sostiene que 'las negociaciones avanzan' y mantiene la esperanza de alcanzar un preacuerdo para cuando el Ejecutivo convoque al Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, hacia el 18 de julio. La delegaci¨®n socialista se muestra m¨¢s pesimista. Fuentes del PSOE precisan que Sevilla ofreci¨® ayer, en la reuni¨®n de la Ejecutiva federal de su partido, un panorama 'con tintes muy sombr¨ªos' sobre la marcha de la negociaci¨®n
La principal diferencia entre el Gobierno y el PSOE radica en la cifra que Hacienda est¨¢ dispuesta a poner sobre la mesa para que el nuevo sistema eche a andar. La diferencia est¨¢ en 250.000 millones de pesetas. Mientras el Gobierno ofrece aumentar el actual modelo con 225.000 millones de pesetas, el PSOE reclama 475.000 millones. La cifra resultante de las negociaciones, si hay acuerdo, se a?adir¨¢ a los aproximadamente ocho billones que mueve ahora el sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, con la sanidad incluida. Fuentes socialistas precisan que su reclamaci¨®n es la 'cifra m¨ªnima' ya que est¨¢ calculada por debajo del crecimiento de la media de los impuestos.
La segunda discrepancia de entidad entre el Ejecutivo y el PSOE radica en el tratamiento que se debe dar a las tres comunidades aut¨®nomas gobernadas por socialistas en 1996 -Andaluc¨ªa, Extremadura y Castilla-La Mancha- que no aceptaron el modelo de financiaci¨®n auton¨®mica vigente (v¨¦ase gr¨¢fico).
Rechazo andaluz
El Gobierno exige como condici¨®n previa a este aspecto de la negociaci¨®n el levantamiento de los recursos que las tres comunidades interpusieron ante el Tribunal Constitucional en 1996 como rechazo al modelo de financiaci¨®n. Jordi Sevilla y su equipo negociador encuentran un fuerte rechazo en estas tres comunidades, especialmente en la andaluza, a aceptar esta condici¨®n gubernamental. Sin embargo, si se superase este escollo, los t¨¦rminos de la negociaci¨®n no presentar¨ªan mayores problemas. Seg¨²n las fuentes consultadas, el Ejecutivo no exigir¨ªa a las tres comunidades socialistas que asumiesen el modelo anterior para negociar el nuevo y, a cambio, el PSOE rebajar¨ªa la cifra de compensaci¨®n exigida por el dinero que, a su juicio, perdieron estas comunidades. Algunas fuentes se?alan como cifra inicial de negociaci¨®n medio bill¨®n de pesetas.
Tampoco habr¨ªa problema por parte del Gobierno para liquidar a las tres comunidades socialistas el dinero que se les adeuda una vez descontado el que percibieron como anticipo de la liquidaci¨®n provisional al no haber aceptado el sistema de financiaci¨®n vigente. El PSOE estima en 120.000 millones el importe de esta factura pendiente.
En el encuentro del pasado viernes, Gim¨¦nez-Reyna confirm¨® a la delegaci¨®n socialista los obst¨¢culos existentes para que la Uni¨®n Europea (UE) acepte que las comunidades aut¨®nomas puedan disponer de una limitada capacidad normativa -aumentar o reducir seg¨²n sus necesidades- sobre los impuestos especiales.
Sobre la descentralizaci¨®n en la gesti¨®n de impuestos, el Gobierno y el PSOE confirmaron el acuerdo b¨¢sico del pasado 17 de junio. No obstante, la delegaci¨®n socialista plante¨® el viernes que si la Uni¨®n Europea s¨®lo acepta una capacidad normativa en manos de la administraci¨®n central, se estudien f¨®rmulas para que las comunidades puedan ejercerla en la medida de lo posible.
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