Un juez procesa a Videla por 'asociaci¨®n il¨ªcita' para ejecutar el Plan C¨®ndor

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral orden¨® que se mantenga la prisi¨®n preventiva de Videla y un embargo de sus bienes por valor de un mill¨®n de d¨®lares (unos 200 millones de pesetas). Por esta misma causa, en la que se investiga la desaparici¨®n de unas 80 personas, el juez pidi¨® a la Interpol la captura internacional con vistas a la extradici¨®n del dictador paraguayo Alfredo Stroessner, asilado pol¨ªtico en Brasil; del general Manuel Contreras, ex jefe de la polic¨ªa secreta chilena detenido en Chile, y de tres oficiales uruguayos y un ex agente de la polic¨ªa de ese pa¨ªs, a los que el Gobierno de Uruguay decidi¨® no arrestar.

Adem¨¢s de los testimonios, el juez tiene pruebas documentales de los cr¨ªmenes cometidos en el marco de la Operaci¨®n C¨®ndor recogidas por el ciudadano paraguayo Mart¨ªn Almada, una v¨ªctima de la represi¨®n que ejerce actualmente como profesor de derechos humanos en la Universidad de Kansas. Los llamados 'archivos del terror', descubiertos en el octavo piso del Palacio de Justicia de Asunci¨®n (Paraguay), revelan en detalle los alcances de la organizaci¨®n.

En un oficio dirigido al entonces jefe de la polic¨ªa paraguaya, general Francisco Britez, fechado en Asunci¨®n el 13 de abril de 1981 y firmado por el jefe del Departamento de Investigaciones, se describe la acci¨®n de militantes pol¨ªticos, y all¨ª puede leerse: '... pero ante la posibilidad de que sean detectados y tomados por las Fuerzas Armadas militares argentinas, dentro de la Operaci¨®n C¨®ndor, est¨¢n analizando y buscando un lugar seguro donde realizar sus reuniones principales y la gran convenci¨®n'.

En declaraciones telef¨®nicas recogidas por el peri¨®dico La Naci¨®n de Buenos Aires, el profesor Almada recuerda que se enter¨® de la existencia del plan conjunto cuando uno de los oficiales que le torturaban le dijo: 'Usted est¨¢ en las garras del C¨®ndor'. Seg¨²n Almada, 'Contreras present¨® formalmente la Operaci¨®n C¨®ndor entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975 en Santiago de Chile, en la primera sesi¨®n de la que participaron representantes de los pa¨ªses del Cono Sur, y dijo que tomaba como modelo a la Interpol de Par¨ªs'. El plan represivo cont¨® con la colaboraci¨®n de la CIA y el FBI, de la secretar¨ªa de espionaje del Gobierno argentino y de la organizaci¨®n paramilitar conocida como Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).

El pasado noviembre, cuando un tribunal argentino juzg¨® y conden¨® a reclusi¨®n perpetua al ciudadano chileno Enrique Arancibia Clavel por su 'participaci¨®n necesaria' en el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa, Sof¨ªa Cuthbert, exiliados en Buenos Aires despu¨¦s del golpe de Estado que encabez¨® el general Augusto Pinochet, el proceso demostr¨® tambi¨¦n la colaboraci¨®n de las Fuerzas Armadas en la represi¨®n ilegal de la oposici¨®n pol¨ªtica. En la requisa de la casa de Arancibia en 1978, sospechoso entonces de ser 'esp¨ªa' al servicio de Chile, la polic¨ªa encontr¨® cinco carpetas con informes enviados por el ex agente de la polic¨ªa pol¨ªtica chilena en los que se inclu¨ªan listados de ciudadanos muertos y desaparecidos en Argentina. 'Se tienen por computados 22.000 entre muertos y desaparecidos desde 1975 hasta la fecha, seg¨²n el Batall¨®n 601 de Inteligencia del Ej¨¦rcito'.

La nueva orden de procesamiento acaba con las ¨²ltimas esperanzas de Videla para conseguir su libertad. Sus abogados hab¨ªan presentado un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, el m¨¢ximo tribunal del pa¨ªs, basado en la sentencia de la C¨¢mara Federal que juzg¨® a los comandantes de la dictadura en 1985, donde quedaba establecido que 'no podr¨¢ renovarse la persecuci¨®n penal en contra de los nueve enjuiciados [Videla y el resto de los comandantes de las juntas militares] por los hechos susceptibles de serles atribuidos en su calidad de comandantes de las respectivas fuerzas'. Videla fue entonces condenado a reclusi¨®n perpetua como autor responsable de 66 homicidios, 306 privaciones ilegales de la libertad, 93 casos de torturas y 26 robos, y liberado de prisi¨®n en 1990 por los decretos de indulto que firm¨® el entonces presidente, Carlos Menem.

El borrador del texto elaborado en la secretar¨ªa penal de la Corte Suprema consideraba los argumentos de la defensa en el sentido de que Videla no pod¨ªa ser procesado nuevamente por delitos que ya hab¨ªan sido juzgados y en su condici¨®n de comandante de la dictadura. Seg¨²n el juez Canicoba Corral, cuando se decidi¨® la aplicaci¨®n del Plan C¨®ndor en la regi¨®n, Videla ejerc¨ªa el cargo de 'presidente', adem¨¢s de ser el jefe de las Fuerzas Armadas. Las Abuelas de Plaza de Mayo hab¨ªan advertido de que, en caso de que la Corte llegara a anular la prisi¨®n preventiva ordenada por los jueces federales Adolfo Bagnasco y Roberto Marquevich cuando se inici¨® la investigaci¨®n del robo de ni?os nacidos en cautiverio, recurrir¨ªan a la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos.