El ex dictador argentino Galtieri, detenido por secuestro y desapariciones

El ex general Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente de Argentina entre 1981 y 1982, permanece desde ayer en prisi¨®n preventiva bajo la acusaci¨®n de secuestro, tortura, asesinato y desaparici¨®n de militantes Montoneros. Galtieri, que cumplir¨¢ 76 a?os el pr¨®ximo lunes, fue absuelto en el juicio por violaciones a los derechos humanos contra el ex general Jorge Videla y el resto de los miembros de las juntas de la dictadura militar en 1984. S¨®lo hab¨ªa sido condenado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a 12 a?os de prisi¨®n por 'negligencia' tras la derrota argentina en la guerra de las Malvinas.

Era una de las caras terribles de la dictadura militar argentina y estaba en libertad. Los generales actuales le invitaban todav¨ªa a festejar junto con ellos el D¨ªa del Ej¨¦rcito de Tierra. Se le recordaba en cada aniversario de la guerra por la soberan¨ªa de las islas Malvinas en 1982, cuando en su condici¨®n de comandante en jefe y presidente de la naci¨®n desafiaba a las tropas inglesas con su voz alcoh¨®lica y trasnochada. 'Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla', gritaba desde los balcones de la Casa Rosada, la sede del Gobierno.

La orden del juez federal Claudio Bonad¨ªo, que investiga el destino final de 18 militantes de las llamadas Tropas Especiales de Infanter¨ªa (TEI) de la izquierda peronista desaparecidos a comienzos de 1980, se cumpli¨® de inmediato.

Galtieri, que se benefici¨®, como todos los dem¨¢s militares procesados, por los indultos que dict¨® el ex presidente Carlos Menem a fines de 1991, fue trasladado en principio a la sede del regimiento de Granaderos a Caballo.

El juez dispuso la prisi¨®n de otros 41 ex oficiales militares y civiles integrantes del servicio de inteligencia del Ej¨¦rcito de Tierra, conocido como el batall¨®n 601. Desde all¨ª se mont¨® el operativo que en el marco del llamado Plan C¨®ndor, de colaboraci¨®n con las Fuerzas Armadas de la regi¨®n, dispon¨ªa el intercambio de informaci¨®n, la persecuci¨®n y el asesinato de opositores pol¨ªticos en cualquiera de los pa¨ªses del Cono Sur suramericano: Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil.

Entre los 36 militares acusados, adem¨¢s de un ex oficial del Ej¨¦rcito y de cinco agentes civiles, se encuentran tambi¨¦n el ex comandante en jefe del Ej¨¦rcito de Tierra Cristino Nicolaides y el ex jefe del Cuerpo del primer cuerpo de Ej¨¦rcito Carlos Su¨¢rez Mason, que ya cumplen arresto en su domicilio por el robo de ni?os nacidos en cautiverio. Ambos son mayores de 70 a?os y la justicia argentina podr¨ªa conceder tambi¨¦n a Galtieri el beneficio de permanecer detenido en su propia casa.

La llamada 'contraofensiva' de la organizaci¨®n Montoneros se inici¨® a fines de 1979, cuando comenzaron a regresar al pa¨ªs los militantes que habr¨ªan logrado huir luego de que la dictadura militar iniciara la cacer¨ªa de opositores entre 1976 y 1978. El servicio de Inteligencia del Ej¨¦rcito fue alertado por los agentes a su servicio y desde el batall¨®n 601 se planific¨® la represi¨®n.

El juez Bonad¨ªo retom¨® en 1999 un expediente de 1983, cuando Claudia Allegrini, la esposa de Lorenzo Vi?as, hijo del escritor David Vi?as, desaparecido tres a?os antes tras ser detenido en la ciudad brasile?a de Uruguayana, reclam¨® que se investigara el destino final del cuerpo de su marido. Ese d¨ªa tambi¨¦n fue detenido en el mismo lugar el sacerdote cat¨®lico Jorge Adur.

Entre las v¨ªctimas se encuentran, entre otros, Ricardo Zucker, hijo del actor Marcos Zucker, su esposa, M¨®nica Pinus de Binstock, y Horacio Campiglia, secuestrados y desaparecidos en el aeropuerto de R¨ªo de Janeiro el 12 de marzo de 1980. Por esta misma causa Claudio Scagliuzzi, el hijo de un oficial del Ej¨¦rcito y agente de espionaje, permanece detenido en Barcelona. El juez Bonad¨ªo ha reclamado nuevamente su extradici¨®n a Espa?a.

El amparo de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dictadas entre 1986 y 1987, libraron de proceso a 1.180 militares y polic¨ªas sospechosos de distintos grados de participaci¨®n en los campos de concentraci¨®n que mont¨® la dictadura para el secuestro y la tortura de los detenidos, donde murieron asesinadas y desaparecieron unas 30.000 personas, pero no benefician a civiles que colaboraron con los militares como Scagliuzzi. Las leyes fueron derogadas por el Parlamento en 1998 y declaradas inconstitucionales por dos jueces federales, Bonad¨ªo y Gabriel Cavallo. El recurso de los abogados defensores ante el Supremo a¨²n no fue resuelto por el m¨¢ximo tribunal del pa¨ªs.

Los acusados

Entre los acusados hay un solo militar en actividad: un oficial del que no se ha revelado la identidad todav¨ªa. Los portavoces del Ej¨¦rcito advierten que podr¨ªa demorar todav¨ªa 'un par de d¨ªas' el arresto de todos los acusados porque algunos de ellos viven en provincias. Los principales acusados son Raimundo Romero Ojeda, ex jefe de la Polic¨ªa Federal, el general Juan Ram¨®n Mabraga?a, el general Jorge Olivera Rovere, los oficiales Enrique Jos¨¦ del Pino, Santiago Hoya, Arias Duval y el temible Turco Juli¨¢n, uno de los agentes de espionaje que trabajaba para el Ej¨¦rcito de Tierra y reconoci¨® p¨²blicamente haber participado en secuestros, torturas y asesinatos.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, expres¨® su 'satisfacci¨®n enorme' por la detenci¨®n de Galtieri. 'Se estaban buscando pruebas para hacerlo responsable por un campo de concentraci¨®n en Santa Fe, pero hasta ahora no hab¨ªa sido detenido', dijo. 'Es una satisfacci¨®n enorme que un juez como Bonad¨ªo, que tiene el antecedente de haber declarado inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia debida y mantiene un compromiso claro de hacer justicia, haya promovido la investigaci¨®n por el Plan C¨®ndor y la desaparici¨®n de militares Montoneros secuestrados cuando regresaban al pa¨ªs'.