La cuesti¨®n alimentaria en Espa?a

La cuesti¨®n alimentaria, en nuestro pa¨ªs y en muchos otros pa¨ªses avanzados, lleva camino de convertirse en una de las cuestiones que caracterizar¨¢n el comienzo del siglo XXI. Por 'cuesti¨®n alimentaria' me refiero a la seguridad alimentaria, tan en entredicho desde hace tiempo por las sucesivas crisis de la encefalopat¨ªa espongiforme bovina, las dioxinas en la carne de pollo, los benzopirenos en el aceite de orujo... y ?cu¨¢ntas antes? o ?cu¨¢ntas en lo sucesivo? Muchas personas no son simplemente conscientes de que los alimentos que ingerimos est¨¢n expuestos, debido a los sistemas de producci¨®n, transformaci¨®n industrial, conservaci¨®n y distribuci¨®n hasta las despensas de los consumidores, a continuos riesgos de contaminaci¨®n, que a su vez se traducen en riesgos para la salud de los consumidores. Tan s¨®lo un sofisticado entramado de normativas, instancias administrativas y controles evita crisis sistem¨¢ticas de seguridad alimentaria que, sin embargo, se desencadenan puntualmente con cierta frecuencia. Cuando uno se pregunta por qu¨¦ se dan estos episodios ha de preguntarse, en realidad, en qu¨¦ fallan la normativa, las instancias administrativas o los controles.

Cuando un alimento implica un problema de salud, su producci¨®n, transformaci¨®n, conservaci¨®n o distribuci¨®n han dejado de atenerse a las normas establecidas, lo que puede suceder por accidente, negligencia o avaricia de los agentes implicados en el correspondiente eslab¨®n de la cadena. Tambi¨¦n puede suceder que, habiendo funcionado correctamente los protocolos establecidos, elementos inesperados hayan intervenido en la crisis, revelando as¨ª la insuficiencia de los mismos, que, por lo tanto, deber¨¢n ser revisados. En cualquier caso, la capacidad de reacci¨®n frente al problema que se suscita debe estar suficientemente garantizada.

En Espa?a y en la Uni¨®n Europea, sin entrar a considerar los mecanismos multilaterales arbitrados por la OMS (Organizaci¨®n Mundial de la Salud) y por la FAO (Food and Agriculture Organization), existe, como dec¨ªa, un entramado administrativo, de normas y de controles que deber¨ªan bastar para evitar crisis como las que se desatan con tanta frecuencia. Este entramado se basa en las numeros¨ªsimas disposiciones sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria (higiene, bacterias pat¨®genas, par¨¢sitos, contaminantes, aditivos, plaguicidas, materiales en contacto con los alimentos, etc¨¦tera) instrumentadas en las correspondientes directivas y reglamentos comunitarios en los que se fijan niveles m¨¢ximos autorizados. El consumidor debe saber que son miles las sustancias que se encuentran censadas y reguladas en la actualidad, aunque sus efectos no sean enteramente conocidos todav¨ªa. Tambi¨¦n debe saber que constantemente se introducen nuevas sustancias en los procesos de producci¨®n de alimentos que ponen en jaque a las propias autoridades reguladoras. La constante innovaci¨®n tecnol¨®gica, muchas veces sin el debido contraste, caracteriza a este sector econ¨®mico tanto como a los m¨¢s avanzados.

Dicha normativa se elabora mediante un proceso concertado entre la Comisi¨®n de la Uni¨®n Europea (Direcci¨®n General de Salud P¨²blica y Consumo), las autoridades competentes de los Estados miembros (ministerios o departamentos de Sanidad y Agricultura), los comit¨¦s cient¨ªficos creados al efecto y, en menor medida, las asociaciones europeas y nacionales representativas de los sectores implicados en la producci¨®n alimentaria. En esencia, todo el cuerpo normativo al que se ha aludido se basa en el mejor consejo cient¨ªfico disponible para establecer los niveles aceptables de sustancias peligrosas presentes en los alimentos, trata de combinar los intereses de los productores y los consumidores y establece los mecanismos de control de su cumplimiento y de sanci¨®n en caso contrario. Este proceso normativo es necesariamente complejo y pesado.

En nuestro pa¨ªs, como en el resto de la Uni¨®n Europea, son de aplicaci¨®n los principios generales anteriormente expuestos. Pero nuestras instituciones y mecanismos de control, concertaci¨®n, coordinaci¨®n y decisi¨®n son espec¨ªficos y marcan la diferencia en materia alimentaria con el resto. La fortaleza, flexibilidad y eficacia de los procedimientos elaborados a escala comunitaria se juega en Espa?a en los planos nacional y auton¨®mico, en los que aqu¨¦llos se instrumentan, correspondiendo la aplicaci¨®n al plano auton¨®mico. Hay muchas razones para pensar que en nuestro pa¨ªs son claramente insuficientes la coordinaci¨®n administrativa, el recurso a la evidencia cient¨ªfica, el control de la cadena alimentaria, el muestreo de los alimentos, la concertaci¨®n con las asociaciones del sector, la toma de decisiones y la comunicaci¨®n con la opini¨®n p¨²blica. Ninguno de estos aspectos ha quedado satisfactoriamente explicado con motivo de las recientes crisis de seguridad alimentaria en nuestro pa¨ªs.

Dado el dinamismo del sector y la complejidad y pesadez del proceso normativo, no es de extra?ar que en ocasiones se den crisis alimentarias m¨¢s o menos graves. Pero cada vez que una de estas crisis se da surgen numerosas cuestiones entre la opini¨®n p¨²blica que, en todo caso, requieren respuesta. Se trata de saber si cada eslab¨®n de la cadena establecida ha cumplido su cometido. Se trata, en suma, de evaluar la efectividad del sistema de seguridad alimentaria establecido y de si, a la vista de los problemas recurrentes, no conviene adoptar una reforma radical de dicho sistema tal y como se aplica en nuestro pa¨ªs. Los Gobiernos de turno pondr¨¢n m¨¢s o menos voluntad en afrontar los problemas, pero desde hace ya demasiado tiempo asistimos a una serie de crisis alimentarias en las se ponen en evidencia numerosos fallos del sistema de seguridad alimentaria.

Los consumidores descubrimos cada vez m¨¢s sustancias de las que nunca hab¨ªamos o¨ªdo hablar, aprendemos que no s¨®lo son nocivas para nuestra salud, sino que se encuentran en cantidades desproporcionadas en los alimentos que ingerimos, y escuchamos explicaciones insuficientes o contradictorias, carentes de apoyo cient¨ªfico. En suma, en vez de observar una respuesta eficiente del sistema de seguridad alimentaria ante algo que puede suceder a pesar de todo, lo que observamos es un galimat¨ªas muy preocupante que ni siquiera el proceso pol¨ªtico contribuye a resolver, pues lo que parece importar m¨¢s que la seguridad de los consumidores es la confrontaci¨®n partidista. Hay muchos motivos para pensar, adem¨¢s, que lo que vemos que sucede en materia de crisis de seguridad alimentaria no es m¨¢s que la punta del iceberg.

No se puede eludir la sensaci¨®n de que los responsables de salud p¨²blica alimentaria estatales y auton¨®micos tienen sus competencias muy desatendidas, o la de que el recurso al consejo cient¨ªfico en la materia brilla por su ausencia en nuestro pa¨ªs, o la de que los productores de alimentos hacen lo que quieren sin atenerse a las normas. Son demasiadas malas sensaciones como para quedarse tranquilo con meros golpes de efecto, como el reciente de la retirada fulminante del aceite de orujo. Convendr¨ªa saber cu¨¢l es el presupuesto que Sanidad o Agricultura destinan a la investigaci¨®n cient¨ªfica y a programas de muestreo y detecci¨®n de sustancias peligrosas en los alimentos. Convendr¨ªa saber c¨®mo se organiza el di¨¢logo con las asociaciones de productores de alimentos. Convendr¨ªa escuchar explicaciones sobre c¨®mo se coordinan las distintas administraciones o c¨®mo se toman las decisiones, as¨ª como sobre muchos otros aspectos relativos a nuestra seguridad alimentaria que parecen no interesar ni al Gobierno ni a la oposici¨®n. Pero, si la burocracia alimentaria no responde, ser¨ªa bueno que la sociedad civil tomase cartas en el asunto favoreciendo en el mercado a los productores de alimentos que basan su cuenta de resultados en la calidad de sus productos, y no a los que la basan en un negligente, por no decir criminal, abaratamiento de sus costes de producci¨®n. Si la Administraci¨®n no paga a los cient¨ªficos para que nos ayuden, los consumidores podemos hacerlo a trav¨¦s de las asociaciones civiles pertinentes, aunque tengamos que crearlas.

Jos¨¦ A. Herce es profesor de Econom¨ªa en la Universidad Complutense de Madrid y director de la Fundaci¨®n de Estudios de Econom¨ªa Aplicada.