En la encrucijada
Si el Gobierno supon¨ªa que el caso Sintel se iba a resolver por fin, en estos momentos ya se habr¨¢ dado cuenta de su error. El comit¨¦ intercentros de la compa?¨ªa, instalado en el campamento de la Esperanza que durante los ¨²ltimos seis meses forma parte del h¨¢bitat natural de la Castellana madrile?a, ha rechazado la propuesta gubernamental de recolocar a 800 o 1.000 trabajadores de la compa?¨ªa en quiebra -la plantilla total asciende a unos 1.800- e iniciar un plan de prejubilaciones cuyo coste para las arcas p¨²blicas estar¨ªa en torno a los 30.000 millones de pesetas. A pesar de que la propuesta cuenta con el acuerdo t¨¢cito de los sindicatos UGT y CC OO, el comit¨¦ entiende que la propuesta es confusa, y mantiene su pretensi¨®n de que Telef¨®nica 'restituya' los empleos destruidos con la quiebra de la empresa.
Es verdad que el Gobierno encar¨® tarde y mal el problema, dej¨® que se enconara y ahora tampoco exhibe demasiado tacto; tambi¨¦n es verdad que Telef¨®nica orquest¨® en su d¨ªa una operaci¨®n apresurada para desprenderse de una compa?¨ªa cuyos servicios ya no pod¨ªan competir en el mercado. Todo ello abunda en los recelos de los trabajadores, que temen que el ¨²ltimo plan anunciado sea s¨®lo una forma de desmovilizarlos y dividirlos; propaganda a la que tan habituado est¨¢ este Ejecutivo. Pero los trabajadores acampados han rechazado ya varios planes sucesivos de viabilidad, y esa actitud empieza a resultar insostenible incluso para sus propios intereses. Parecen obcecados en una enso?aci¨®n, la de que Sintel todav¨ªa existe -en realidad, los interventores est¨¢n procediendo a la liquidaci¨®n de sus activos- y que sus empleos est¨¢n guardados en alg¨²n caj¨®n a la espera de que alguien acceda a devolv¨¦rselos.
La realidad es otra. Sintel, maniobras de venta oscuras al margen, dej¨® de ser competitiva y hoy estar¨ªa fuera del mercado incluso en el caso de que existiera. Telef¨®nica no tiene la obligaci¨®n legal de garantizar los puestos de trabajo de los empleados de Sintel. Y de las dos premisas anteriores se desprende que el plan de contrataci¨®n y prejubilaciones propuesto por el Gobierno con el acuerdo de Telef¨®nica es un avance y as¨ª debe ser considerado, con todas las concreciones y avales que se necesiten. Si no es as¨ª, los trabajadores que hasta ahora han recibido la solidaridad de la opini¨®n p¨²blica pueden quedarse aislados. Lo que ser¨ªa un final a¨²n m¨¢s desastroso.
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