Dimisiones y responsabilidades

No es habitual en el Gobierno del PP que un alto cargo presente la dimisi¨®n por irregularidades econ¨®micas o legales derivadas de sus anteriores actividades privadas. El ministro de Exteriores, Josep Piqu¨¦, por citar un ejemplo pr¨®ximo, mantiene su cargo con el apoyo del presidente del Gobierno a pesar de las sospechas que recaen sobre su etapa como directivo de Ercros y las dudas que existen sobre su conducta fiscal. De ah¨ª que la dimisi¨®n del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Gim¨¦nez-Reyna, acuciado por el esc¨¢ndalo de la sociedad de valores Gescartera y su cargo de consejero en una agencia de valores sancionada en 1995 por la CNMV, provoque una inmediata reflexi¨®n sobre la diferencia de talante con que se afrontan las responsabilidades p¨²blicas y privadas en el Ejecutivo. La lectura m¨¢s inmediata y favorable es que, con su dimisi¨®n, Gim¨¦nez-Reyna ha dado una buena lecci¨®n de c¨®mo deben comportarse los cargos p¨²blicos en casos similares, ha ahorrado al Gobierno una presi¨®n innecesaria y ¨¦l mismo se ha evitado el trance de resistir de forma numantina sin prop¨®sito pol¨ªtico o personal alguno.

Pero que la decisi¨®n personal sea sensata no significa que en ella se agoten las responsabilidades. La participaci¨®n de Gim¨¦nez-Reyna en Sefisur y sus relaciones con Gescartera, la sociedad presidida por su hermana Pilar Gim¨¦nez-Reyna, tienen que ser investigadas por el Ministerio de Hacienda y por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y sus resultados deben ser conocidos con plena transparencia y objetividad. Los defensores del dimitido secretario de Estado alegan que nadie es responsable de lo que hagan sus parientes; pero en el ¨¢mbito de las responsabilidades p¨²blicas es prudente desconfiar de las coincidencias. Gim¨¦nez-Reyna no s¨®lo era hermano de la presidenta de la sociedad; tambi¨¦n invirti¨® dinero en ella y, como se sabe ahora, hab¨ªa sido consejero de otra agencia sancionada. Sus relaciones con las sociedades de inversi¨®n eran notorias. Es de suponer que el Gobierno, y en particular quienes le nombraron, conoc¨ªan tales circunstancias profesionales.

Y si no las conoc¨ªan, tambi¨¦n existe responsabilidad pol¨ªtica, en este caso por omisi¨®n, al desatender la obligaci¨®n de vigilancia. La CNMV expedient¨® a la sociedad financiera Bolsa Consulting, propiedad de Antonio Camacho, actualmente en prisi¨®n por la desaparici¨®n de 13.000 millones de pesetas en Gescartera, y luego la propia Comisi¨®n autoriz¨® la creaci¨®n de Gescartera, con el mismo propietario, en agosto del a?o pasado. De nuevo, los argumentos defensivos fundados exclusivamente en la legalidad muestran su gran debilidad en el contraste con los hechos. Seguro que la sociedad de Camacho cumpl¨ªa los requisitos para convertirse en la agencia de valores Gescartera; pero si la ley no pone obst¨¢culos a que una sociedad expedientada, que no paga la multa impuesta por la CNMV y gestiona activos por casi 100.000 millones de pesetas, a pesar de que cuenta con s¨®lo 30 millones de capital, se convierta en una sociedad de cartera, es evidente que hay que cambiar la ley. O mejor, deb¨ªa haberse cambiado ya. Como fue el Ministerio de Econom¨ªa, autoridad competente en estos menesteres, el que aprob¨® definitivamente la operaci¨®n, cabe exigirle ahora que explique las razones de su decisi¨®n.

Las autoridades econ¨®micas presumen de la sofisticaci¨®n financiera que se ha conseguido en los mercados espa?oles. Pero la gesti¨®n pol¨ªtica y administrativa no est¨¢ a la altura de esa complejidad. Como en otras ocasiones y ¨¢mbitos, el Gobierno ha esperado a que estalle un esc¨¢ndalo para actuar precipitadamente. El viernes aprob¨® por decreto la creaci¨®n de un Fondo de Garant¨ªa de Inversiones para compensar total o parcialmente el dinero de los damnificados en casos como el de Gescartera. Es una buena decisi¨®n, aunque tard¨ªa. Es de esperar que las investigaciones sobre Gescartera sean m¨¢s diligentes y que la dimisi¨®n de Gim¨¦nez-Reyna no sirva para tapar el caso y sepultarlas en el olvido.