Nuevo estilo

Todav¨ªa queda mucho camino por recorrer, pero da la impresi¨®n que el estilo Zapatero de hacer pol¨ªtica est¨¢ empezando a calar en el sistema pol¨ªtico espa?ol. En un a?o al frente de la secretar¨ªa general ha conseguido que cambie el clima pol¨ªtico que ven¨ªa presidiendo la vida del pa¨ªs en general y las relaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposici¨®n en particular desde hac¨ªa casi una d¨¦cada. La pol¨ªtica est¨¢ dejando de consistir en la identificaci¨®n del adversario como un enemigo al que hay que destruir por cualquier medio, para pasar a ser el lugar de enfrentamiento entre proyectos pol¨ªticos y personales que comparten las mismas reglas de juego. En pol¨ªtica no puede valer todo, ni siquiera cuando se est¨¢ en la oposici¨®n. Es algo que no se ve¨ªa en Espa?a desde hac¨ªa mucho tiempo, ni en la pol¨ªtica estatal ni en la auton¨®mica. Ni cuando se estaba en campa?a electoral ni cuando no se estaba.

Fruto de ese estilo es la normalidad con que se est¨¢n empezando a producir y a ser recibidos por la opini¨®n p¨²blica pactos en asuntos de Estado, que no pueden ser resueltos ¨²nicamente por el Gobierno, por muy absoluta que sea su mayor¨ªa parlamentaria, sino que solamente pueden serlo mediante el concurso de los distintos partidos con representaci¨®n parlamentaria. A pesar de que la machacona insistencia del secretario general socialista de pactar asuntos de Estado fue recibida inicialmente con notable displicencia por destacados miembros del Gobierno, ha ido siendo aceptada en la pr¨¢ctica, primero en materia de lucha antiterrorista, despu¨¦s en materia de justicia y, en este fin de semana, en materia de financiaci¨®n auton¨®mica.

Este ¨²ltimo es de singular importancia para el Estado en general y para la comunidad aut¨®noma de Andaluc¨ªa en particular. La financiaci¨®n era, por decirlo de una manera coloquial, la asignatura pendiente del Estado auton¨®mico. Desde la entrada en vigor de la Constituci¨®n, mediante los Pactos Auton¨®micos de 1981 y 1992, se hab¨ªa ido desarrollando el T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n y se hab¨ªa transformado en un plazo muy breve y de manera razonablemente satisfactoria uno de los Estados m¨¢s centralizados del mundo en uno de los m¨¢s descentralizados. Ni desde el punto de vista de las instituciones de las comunidades aut¨®nomas, ni desde la perspectiva competencial, quedaban problemas importantes por resolver. ?nicamente la financiaci¨®n continuaba siendo un problema del Estado auton¨®mico.

El problema se hab¨ªa envenenado al hacer depender el sistema de financiaci¨®n de los resultados de las elecciones generales y de la formaci¨®n de la mayor¨ªa parlamentaria que garantizaba la investidura del presidente del Gobierno. En 1993 Felipe Gonz¨¢lez y en 1996 Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar tuvieron que negociar su investidura como presidentes con CiU y en ambos casos la financiaci¨®n auton¨®mica se present¨® ante la opini¨®n p¨²blica como la moneda de cambio en dicha negociaci¨®n.

Para Andaluc¨ªa el problema revest¨ªa especial gravedad, porque el modelo de financiaci¨®n aprobado para el quinquenio 1996-2001 era inaceptable en la forma y en el fondo. Se le present¨® como un tr¨¢gala al que ten¨ªa que adherirse sin poder tocar una coma. Y se tomaba como base un censo de poblaci¨®n de finales de la d¨¦cada del ochenta, que reduc¨ªa la poblaci¨®n andaluza a efectos de financiaci¨®n en casi 450.000 personas. En tales circunstancias, resultaba imposible sumarse al modelo.

Andaluc¨ªa era, en realidad, casi la ¨²nica comunidad aut¨®noma para la que el modelo de financiaci¨®n del quinquenio 1996-2001 era un quebradero de cabeza, ya que era la que m¨¢s afectada se ve¨ªa por el no reconocimiento del censo y era adem¨¢s una comunidad del art¨ªculo 151 de la Constituci¨®n, que ten¨ªa el techo competencial m¨¢s alto de todos los constitucionalmente posibles. A ninguna de las otras dos comunidades aut¨®nomas dirigidas por el PSOE en el momento de la entrada en vigor del modelo, Extremadura y Castilla la Mancha, se les planteaba un problema de financiaci¨®n como el que se le planteaba a Andaluc¨ªa. Ni se ve¨ªan tan perjudicadas por el no reconocimiento del censo ni su nivel competencial las pon¨ªa en una situaci¨®n insostenible. Por eso, aunque las tres comunidades han recurrido ante el Tribunal Constitucional el modelo de financiaci¨®n, el enfrentamiento por parte del Gobierno central se ha producido b¨¢sicamente con Andaluc¨ªa.

Afortunadamente, las cosas en este terreno han cambiado y lo que parec¨ªa un enfrentamiento sin salida ha dado paso a un acuerdo pol¨ªtico aprobado por unanimidad por todas las comunidades aut¨®nomas en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera.

Es una l¨¢stima que este cambio de clima no llegara a tiempo en el terreno de la emigraci¨®n. El coste que la ruptura del pacto que se fragu¨® al final de la pasada legislatura en torno a la ley de emigraci¨®n no solamente est¨¢ siendo muy alto, sino que cada vez a m¨¢s. La soberbia con que el anterior ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, abord¨® el problema nos ha puesto en una posici¨®n muy dif¨ªcil. No s¨®lo no se ha reducido el efecto llamada, que Mayor Oreja atribuy¨® a la antigua ley, sino que adem¨¢s se ha perdido la ocasi¨®n de dise?ar una pol¨ªtica inmigratoria coherente, que nos preparara como pa¨ªs para hacer frente a un problema que en unos a?os tendr¨¢ una dimensi¨®n todav¨ªa mayor. De paso se ha contribuido a desprestigiar a una instituci¨®n como el Defensor del Pueblo y se est¨¢ empezando a hacer intervenir de manera jur¨ªdicamente muy discutible al, por otras muchas razones, muy discutible fiscal general del Estado, cuya ¨²ltima circular ha sido cuestionada en su adecuaci¨®n a la Constituci¨®n por jueces y fiscales. Esperemos que no se produzca un empecinamiento en el error y que se entienda que de sabios es rectificar. Son muchos los dramas humanos que se pueden evitar y mucha la tarea pedag¨®gica que se puede hacer antes de que el racismo y la xenofobia empiecen a asentarse en nuestro pa¨ªs. Este es un terreno en el que nunca es tarde para corregir el rumbo.