Tr¨¢fico fraudulento

EL ACUERDO PRESUNTAMENTE alcanzado hace diez d¨ªas por el PP y el PSOE para la renovaci¨®n parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal de Cuentas pas¨® a mejor vida el 19 de julio; los desesperados intentos de resucitarlo sobre la marcha fueron abandonados el pasado mi¨¦rcoles 23. El mal sabor de boca dejado por esas negociaciones no se debe tanto a su aplazamiento -como m¨ªnimo- hasta septiembre (hay precedentes de retrasos mucho m¨¢s considerables) como al fraudulento tr¨¢fico de cromos cruzado entre los partidos; puestos a elegir entre males, ser¨ªa preferible renunciar a cualquier acuerdo basado sobre premisas clientelistas, repartir otra vez las cartas y reanudar la partida con reglas de juego inequ¨ªvocamente constitucionales.

La aplicaci¨®n por los dos grandes partidos de la variante m¨¢s perversa del sistema de cuotas pone en peligro la independencia del Constitucional, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas

Los portavoces del PP y del PSOE se han apresurado a descargar todas las culpas sobre sus interlocutores. Las alegaciones de los defensores de oficio deben recibirse siempre a beneficio de inventario: aunque las responsabilidades de los dos grandes partidos est¨¦n compartidas, el candor negociador de los socialistas facilit¨® a los populares sus pr¨¢cticas ventajistas. El aplazamiento de la elecci¨®n del CGPJ es un humillante gesto de menosprecio hacia el Poder Judicial, obligado innecesariamente a improvisar en pocas semanas un procedimiento de urgencia para que las asociaciones de magistrados y los jueces respaldados por avales personales pudieran componer a matacaballo una lista de 36 aspirantes, a partir de la cual las C¨¢maras eligir¨ªan luego 12 vocales.

La descarada colonizaci¨®n por los partidos de dos de las tres asociaciones de la magistratura -la Asociaci¨®n Profesional, por el PP, y Jueces para la Democracia, por el PSOE- politiza hasta la exasperaci¨®n el CGPJ; la Asociaci¨®n Francisco de Vitoria (que presentaba aspirantes tan cualificados como Carlos Granados y Antonio Torres Vela) y la abrumadora mayor¨ªa de los jueces avalados quedaron fuera de la rifa por falta de apadrinamiento partidista. Si el veto del PSOE al magistrado Mart¨ªn Pall¨ªn obedece a un sucio ajuste de cuentas, la correlativa falta de respaldo del PP a su candidatura muestra retrospectivamente el car¨¢cter manipulador de la propuesta popular de 1993 para designarle defensor del pueblo frente a la candidatura socialista de Jim¨¦nez de Parga. El incoado acuerdo entre PP y PSOE -roto antes de firmarse- sobre los ocho vocales del CGPJ elegibles 'entre personas de reconocida competencia' daba indebido refugio en ese tramo a un magistrado rechazado para la cuota judicial de doce miembros y exclu¨ªa al candidato del PNV. El PSOE rectific¨® a tiempo, pero el PP sigui¨® tachando a Margarita Ur¨ªa con el pretexto de que es diputada; aunque los viajes de ida y vuelta entre el Parlamento y el CGPJ (como los realizados en su d¨ªa por Pablo Castellano) sean una pr¨¢ctica en s¨ª misma rechazable, el precedente de que el diputado del PNV Emilio Olabarr¨ªa fuese elegido por el Parlamento para el mismo cargo durante la anterior legislatura con los votos del PP muestra la malicia del actual veto de los populares a una congresista muy apreciada por sus compa?eros de C¨¢mara. El censurable tr¨¢nsito de los profesionales del poder desde el Gobierno o las Cortes a los ¨®rganos institucionales de control ha causado tambi¨¦n tensiones en la renovaci¨®n del Tribunal de Cuentas: la actitud despolitizadora al respecto del PP cuadra mal con los p¨¦simos ejemplos dados por los populares en ese terreno.

La renuncia a consensuar todos los candidatos propuestos -un procedimiento aplicado con ¨¦xito por Joaqu¨ªn Almunia para el anterior CGPJ- implica el regreso a la variante m¨¢s perversa del sistema de cuotas: la asignaci¨®n de casilleros en blanco a cada partido rellenados luego libremente por el consumidor. El PP ha utilizado esa f¨®rmula para trasgredir las reglas del juego: muchos de sus candidatos al CGPJ y Garc¨ªa Calvo en el TC no cubren los m¨ªnimos de independencia, imparcialidad y moderaci¨®n exigibles para esos cargos.