Analizando un analizador

No es frecuente que un rector se siente en el banquillo de los acusados. Hasta donde alcanza mi memoria, los dos ¨²nicos casos conocidos se han dado en los ¨²ltimos meses, el del antiguo rector de la Universidad Complutense y el del actual rector de la Rovira i Virgili, procesado por el juzgado de lo Penal de Tarragona y absuelto al comprobarse que en su conducta no hab¨ªa ilegalidad penal, sino s¨®lo administrativa. Y, aunque comparto el deseo del rector y de la Generalitat de no magnificar el asunto evitando su instrumentalizaci¨®n, tampoco debemos banalizarlo. Pues quienes han instrumentalizado el caso transform¨¢ndolo en un ataque contra Catalu?a y olvidando que (como recordaba el fiscal), 'no se juzgaba ni a la universidad ni al catal¨¢n', sino s¨®lo un asunto de derechos fundamentales ling¨¹¨ªsticos, son los mismos que ahora denuncian su instrumentalizaci¨®n.

Lo que el tribunal levanta durante el proceso muestra un c¨²mulo de problemas que hacen del asunto lo que los soci¨®logos llamamos un 'analizador': un tema sin excesiva importancia, pero que pone de manifiesto una situaci¨®n que s¨ª la tiene. Cierto que el rector 'actu¨® de buena fe' cumpliendo una normativa aprobada por el Parlamento catal¨¢n y, seg¨²n la cual, s¨®lo se dar¨ªan ex¨¢menes en castellano en caso de que la dificultad de comprensi¨®n del alumno no pudiera subsanarse consultando a un profesor y con permiso del presidente del tribunal, medida amedrentadora que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a por discriminar esta lengua. Pero no cabe duda 'de la existencia de desprop¨®sitos administrativos', dice la sentencia, y la exclusi¨®n de profesora de las pruebas el a?o siguiente fue, adem¨¢s, 'ilegal'. Y, sobre todo, tres conclusiones.

Primera, no se entiende c¨®mo las autoridades consideraron ajustada a derecho una norma que viola el art¨ªculo 3.1 de la Constituci¨®n y la propia ley de normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica, que establece que en las universidades catalanas profesores y alumnos 'tienen derecho a expresarse... en la lengua oficial que prefieran'. En los acusados, dice la sentencia, 'no hab¨ªa intenci¨®n deliberada de perjuicio', pero el reglamento era 'manifiestamente injusto y antijur¨ªdico'. No es poca cosa. Y que pueda ser considerado normal, democr¨¢tico y de 'buena fe' imponer un proceder manifiestamente injusto y antijur¨ªdico es algo pol¨ªticamente anormal y que llama la atenci¨®n.

Segunda. Es cierto que, como se?alaba el consejero de Universidades de la Generalitat, 'si hay alguna lengua en situaci¨®n de inferioridad, es el catal¨¢n'. Pero ?de qu¨¦ inferioridad estamos hablando? Si se trata de inferioridad f¨¢ctica, num¨¦rica, es evidente; el castellano no necesita protecci¨®n y el catal¨¢n s¨ª, y a la Generalitat le amparan en esa tarea de promoci¨®n la Constituci¨®n y no pocos espa?oles (entre los que me cuento). Pero si hablamos de protecci¨®n jur¨ªdica de las lenguas, los datos que exhibe el caso son contundentes: lo que est¨¢ en inferioridad legal en Catalu?a es el uso del castellano, y eso, en una comunidad donde no menos del 50% tiene esa lengua como materna, carece de sentido.

La tercera. Lo m¨¢s significativo pol¨ªticamente es que nadie ha prestado su apoyo a quien, a todas luces, ten¨ªa la raz¨®n desde el principio: la profesora de la Universidad. No lo ha hecho el Partido Socialista de Catalu?a, que m¨¢s bien estaba del lado del desprop¨®sito que, en este caso adem¨¢s, era el del poder. No lo ha hecho el Partido Popular, que ha preferido mirar hacia otro lado. S¨®lo la prensa, t¨ªmidamente, le ha dado al tema cierta relevancia. Es m¨¢s, la profesora sancionada ha sufrido un verdadero linchamiento moral lanzado desde el nacionalismo, con el apoyo de los rectores catalanistas y visto con comprensi¨®n (si no alentado) desde la propia Generalitat. Y todo ello por el terrible delito de acudir a los tribunales en defensa propia. Y, sin embargo, la sentencia reconoce que 'fue ella quien garantiz¨® los derechos fundamentales de los estudiantes'; no el rector, ni la Generalitat. S¨®lo ella y los tribunales. No es razonable que pleitear contra el nacionalismo sea, tambi¨¦n en Catalu?a, un acto de heroicidad. Esta desprotecci¨®n pol¨ªtica, que no jur¨ªdica, deber¨ªa hacer meditar al catalanismo, de uno u otro signo.

Mientras tanto, seguiremos el debate, pero, por favor, se?or senador Varela, sin insultar y con buen seny.