Rebeli¨®n contra la incineradora

El ejemplo de los habitantes del valle de Valdizarbe, que lograron parar el pasado mes de junio un proyecto del Gobierno navarro y el Ministerio de Justicia para construir en medio del campo una nueva c¨¢rcel para 400 reclusos amenaza con propagarse. Aquel cap¨ªtulo de lucha vecinal contra un proyecto que parec¨ªa imparable y, sobre todo, la evidencia del coste social y pol¨ªtico que tendr¨ªa para UPN su construcci¨®n se ha convertido en un estandarte por los vecinos de otra zona de Navarra afectada por otro pol¨¦mico proyecto, en este caso industrial. La mitad de los m¨¢s de 500 habitantes de Pitillas, localidad al sur de la comunidad foral, han firmado un documento que rechaza la construcci¨®n, a menos de dos kil¨®metros del casco urbano, de una gran incineradora de harinas c¨¢rnicas prohibidas y otros restos animales (los MER o materiales espec¨ªficos de riesgo).

La coordinadora vecinal ya ha conseguido el respaldo de la mayor¨ªa del municipio en cuyo terreno pretende levantarse la incineradora y ahora recoge firmas en localidades cercanas, como Olite, Traibuenas, Murillo el Cuende o Tafalla.

El Gobierno regionalista est¨¢ empe?ado en crear en Navarra una infraestructura propia para gestionar los restos animales cuyo tratamiento y eliminaci¨®n ha hecho obligatoria la crisis de las vacas locas. La Mancomunidad de Pamplona y el Ejecutivo foral llegaron en junio a un acuerdo para quemar en la empresa vizca¨ªna Garc¨ªa Mendoza de Ortuella los 500.000 kilos de restos MER acumulados desde el inicio de la crisis, pero el Ejecutivo que preside Miguel Sanz quiere contar con hornos propios y para ello convoc¨® un concurso p¨²blico que adjudic¨® a la empresa Tratamientos MER, filial del matadero pamplon¨¦s La Protectora, en cuyo digestor se han venido vertiendo los cad¨¢veres de todos los animales afectados. La idea es disponer de instalaciones propias para poder incinerar al a?o m¨¢s de 5.000 toneladas de restos de riesgo.

El Ayuntamiento de Pitillas, integrado en exclusiva por concejales de una agrupaci¨®n independiente local, apoya el proyecto al considerar que supondr¨¢ beneficios econ¨®micos para la localidad en forma de impuestos y creaci¨®n de empleo.

'Si la traen aqu¨ª es porque no es rentable y creen que la poblaci¨®n no reaccionar¨¢ contra las m¨¢s que previsibles afecciones de todo tipo que generar¨¢ al entorno', replican Paz Azcona y Berta Anaut, dos de las portavoces de la coordinadora creada contra la incineradora.

El proyecto -unas instalaciones que sumar¨ªan un total de 5.600 metros cuadrados- ha sido declarado por el Gobierno regional como sectorial de incidencia supramunicipal, requisito administrativo indispensable para arrebatar a los ayuntamientos afectados cualquier capacidad de decisi¨®n sobre la planta.

Refer¨¦ndum

Paz Azcona considera que el Ayuntamiento de Pitillas ha vendido la idea de que la planta servir¨¢ de acicate para el desarrollo industrial en una zona sin actividades terciarias, pero que, en realidad, las afecciones medioambientales y sanitarias de la incineraci¨®n tendr¨¢n resultados adversos. 'Ahora no pueden ocultar que m¨¢s de la mitad del pueblo se opone a la incineradora', a?ade, 'y deben reconocer que el verdadero motivo de traer aqu¨ª ese proyecto se debi¨® a que pensaron que en Pitillas no habr¨ªa oposici¨®n social al mismo'.

La coordinadora ha pedido al Ayuntamiento que paralice el expediente de desafecci¨®n del terreno comunal donde quiere levantarse la industria y que haga una consulta vecinal. 'El Ayuntamiento se ha negado rotundamente', indica Paz Azcona, 'pero lo ¨²nico que pedimos es que se conozca la verdadera opini¨®n de los vecinos'.

El Gobierno foral ha decidido someter el expediente de la planta a un estudio de impacto ambiental por un mes, as¨ª como a los tr¨¢mites de informaci¨®n p¨²blica y audiencia del Ayuntamiento.

Tratamientos MER, la firma adjudicataria del concurso, invertir¨¢ 300 millones de pesetas en la construcci¨®n de dos grandes hornos, uno est¨¢tico, con capacidad para 700 kilos y otro rotatorio, con capacidad para 300. El Ejecutivo aut¨®nomo le garantiza una subvenci¨®n anual m¨¢xima de cien millones de pesetas por su actividad.