Las responsabilidades

El conocimiento detallado del esc¨¢ndalo Gescartera, en el que aparece un desfalco colosal de al menos 18.000 millones de pesetas, confirma que existen graves responsabilidades que deben exigirse tanto al organismo regulador del mercado financiero -la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV)- como al Gobierno, cuyo Ministerio de Econom¨ªa aprob¨® la conversi¨®n de la sociedad de cartera Bolsa Consulting en agencia de valores. La declaraci¨®n ante la juez, ayer, del principal acusado en el caso, Antonio Rafael Camacho, refuerza la urgencia de exigir responsabilidades.

Seg¨²n la declaraci¨®n del principal accionista de la agencia de valores, el dinero de los clientes que se ha evaporado se perdi¨® por desafortunadas operaciones en Bolsa. No hubo, por tanto, seg¨²n la versi¨®n de Camacho, ni estafa, ni apropiaci¨®n indebida, sino minusval¨ªas. Para cubrir tales minusval¨ªas, la sociedad presidida por Pilar Gim¨¦nez-Reyna mont¨® un sistema de pir¨¢mide -pagar o devolver el dinero de los clientes antiguos con el dinero procedente de los nuevos-, y la bola de nieve, que ya ven¨ªa de lejos, seg¨²n el propio Camacho, se convirti¨® en los casi 20.000 millones actuales de agujero. Esta explicaci¨®n, aderezada con el reconocimiento de que ten¨ªa una doble contabilidad para enga?ar a la CNMV, debe ser tomada con todas las cautelas; aunque existan muchas dudas sobre la credibilidad del declarante, es evidente que el chiringuito financiero de Camacho oper¨® durante muchos a?os al margen de la ley, con absoluta impunidad.

?C¨®mo es posible entonces que quien pod¨ªa y deb¨ªa hacerlo no interpretara correctamente los indicios de fraude latentes en las denuncias de los clientes, como el arzobispado de Valladolid, y la resistencia a la actuaci¨®n inspectora y, por el contrario, elevara de rango al chiringuito de Camacho en la misma sesi¨®n del Consejo en la que se le sancionaba por 'obstrucci¨®n a la acci¨®n supervisora'? Existen indicios suficientes para temer que hubo negligencia por parte de los responsables de la supervisi¨®n, quiz¨¢ a la espera de que el dinero fuera restituido o quiz¨¢s atemorizados por las implicaciones de un esc¨¢ndalo en el que hubieran participado algunos funcionarios de la CNMV.

?Y c¨®mo es posible que el Ministerio de Econom¨ªa, impulsor por cierto de cambios regresivos para la transparencia informativa de las sanciones en la Ley del Mercado de Valores, desconociera tambi¨¦n los antecedentes de Camacho y sus socios? Varias instituciones p¨²blicas -el Ministerio de Defensa, la Guardia Civil, el grupo p¨²blico de Astilleros- confiaron cantidades importantes de dinero a Gescartera, cuando lo l¨®gico y prudente hubiera sido recurrir a instituciones financieras m¨¢s s¨®lidas y conocidas. El Gobierno debe investigar a fondo las razones de tan inusual confianza en una sociedad inversora que no reun¨ªa las condiciones de solvencia y reputaci¨®n adecuadas. Al Ministerio de Econom¨ªa le cabe asimismo la responsabilidad de haber permitido un ablandamiento de los sistemas de supervisi¨®n y control sobre las sociedades de cartera y agencias de valores, reduciendo la discrecionalidad de los organismos p¨²blicos, tanto en la obligaci¨®n de inspeccionar como en la de informar sobre las sanciones.

La estafa es lo suficientemente grave e inquietante acerca de las posibles pr¨¢cticas colusorias entre algunos funcionarios p¨²blicos y las actividades de los chiringuitos financieros, como para exigir una Comisi¨®n de Investigaci¨®n en el Parlamento que esclarezca todo lo que hoy se revela como incomprensible y depure las responsabilidades personales y pol¨ªticas del caso. Resulta que el Partido Popular y el Gobierno ofrecen una subcomisi¨®n cuya funci¨®n no es propiamente investigadora, sino 'de estudio'. Con ello transmiten el mensaje de que se est¨¢n esforzando en echar tierra al asunto. Porque si algo est¨¢ claro en el caso Gescartera es precisamente que no han funcionado los organismos de control, por mucho que lo repitan el presidente Aznar, sus ministros y los dirigentes de su partido.