El PP de Alcoy convertir¨¢ 200.000 metros cuadrados de zona protegida en suelo industrial

El inicio de los tr¨¢mites de recalificaci¨®n de estos terrenos por parte del consistorio alcoyano ha puesto en alerta a varios vecinos afectados por esta decisi¨®n municipal, quienes no dudan en denunciar que todo el proceso est¨¢ plagado de diversas irregularidades.

Rosa Mayor, portavoz de los vecinos que se oponen a la recalificaci¨®n, subraya el hecho de que varios de los promotores de la iniciativa para recalificar los 200.000 metros cuadrados y desarrollar el pol¨ªgono industrial El Cl¨¦rigo son a su vez propietarios de terrenos que resultar¨ªan afectados por el cambio de calificaci¨®n urban¨ªstica, seg¨²n los datos que aparecen en el Registro de la Propiedad. Esta coincidencia entre promotores y propietarios se da en los casos de Inmobiliaria Barxell, Viuda de Juan P¨¦rez Aura y Juan Manuel Erum.

El pol¨ªgono, caso de culminar la propuesta del Ayuntamiento de Alcoy, dar¨ªa acceso a la planta de transferencia de residuos s¨®lidos urbanos a trav¨¦s de unos viales que se construir¨ªan sobre los terrenos propiedad, en su mayor parte, de los promotores de El Cl¨¦rigo. Los vecinos que se oponen a la recalificaci¨®n opinan que la misma no se puede llevar a cabo porque choca con la Ley de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, que no permite a particulares iniciar una modificaci¨®n urban¨ªstica que convierta un suelo de especial protecci¨®n en industrial.

Por otra parte, Rosa Mayor denuncia la existencia de no pocas irregularidades en la tramitaci¨®n del proyecto de la planta de transformaci¨®n de residuos que afectar¨ªan, incluso, a las consejer¨ªas de Obras P¨²blicas y de Medio Ambiente. La m¨¢s grave, sin duda, apunta a un t¨¦cnico de este departamento. Francisco Javier Zarzosa, que realiz¨® el proyecto para Vaersa, empresa p¨²blica que construye y explota la planta, y a la vez el estudio de impacto ambiental. El resultado, seg¨²n la portavoz de los vecinos, es que dicho estudio no aporta alternativas ni justifica la elecci¨®n de la zona para construir la planta tal como exige el art¨ªculo 2.3 de la Ley de Impacto Ambiental.

La Consejer¨ªa de Medio Ambiente, adem¨¢s, hizo p¨²blica su declaraci¨®n favorable a la ubicaci¨®n de la planta el 2 de mayo de 2000, seis d¨ªas antes de que finalizara el plazo de alegaciones al estudio de impacto realizado por Olivares Zarzosa y sin que los afectados tuvieran pr¨¢cticamente tiempo material para presentar sus reclamaciones. Con todo, el Consell consider¨® que los terrenos donde se construye la planta de transferencia de residuos s¨®lidos eran suelo no urbanizable de protecci¨®n de los bordes urbanos. Una calificaci¨®n que ahora se pretende cambiar.

El anuncio de la construcci¨®n de la planta de transferencia ya provoc¨® las primeras protestas de diversos vecinos, quienes, tras la colocaci¨®n de la primera piedra, denunciaron que el estudio de impacto ambiental incumpl¨ªa al menos dos de los ocho requisitos m¨ªnimos exigidos por ley para su declaraci¨®n favorable: la presentaci¨®n de un estudio de alternativas y la justificaci¨®n de la elecci¨®n de la zona. Tras estas reclamaciones el ayuntamiento alcoyano, regido entonces por el socialista Josep Sanus, solicit¨® un informe a un ingeniero municipal, quien concluy¨® que la industria resultaba 'molesta, nociva, insalubre y peligrosa por su proximidad a la poblaci¨®n'. El arquitecto redactor del plan especial de la zona tambi¨¦n desaconsej¨® la instalaci¨®n de la planta y el consistorio suspendi¨® el proceso en julio de 2000.

Pero en octubre de ese mismo a?o, con Miguel Peralta, del PP, en la alcald¨ªa, se subsanaron los defectos que llevaron a la paralizaci¨®n del proyecto y se iniciaron las transformaciones del terreno y la colocaci¨®n de la primera piedra sin licencia de obra y de actividad y sin el preceptivo permiso de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car.

Los vecinos se quejan por las irregularidades y por la falta de informaci¨®n por parte del ayuntamiento: 'La Ley de Procedimiento Administrativo', dicen, 'exige que cuando el ciudadano se persona como parte interesada en un procedimiento debe ser informado de todos y cada uno de los pasos. No ha sido as¨ª'.El Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil ha trasladado al fiscal de Medio Ambiente la denuncia presentada por los vecinos afectados de la Partida de Sant Benet, para que se investiguen las supuestas irregularidades en la calificaci¨®n de los terrenos. ?stas ser¨ªan la falta de rigor en la confecci¨®n del estudio de impacto ambiental o la posible falta de permisos de obras, de actividad y licencia de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car para poder rellenar el barranco que ocupar¨¢ la planta, seg¨²n explic¨® Rosa Mayor, portavoz del colectivo de vecinos. Mayor agreg¨® que el Seprona ha detectado indicios de posible delito medioambiental por lo que ha dado parte a los servicios jur¨ªdicos de la comandacia en Barcelona.

Esta investigaci¨®n se sumar¨ªa a la iniciada por el S¨ªndic de Greuges que ha admitido a tr¨¢mite la queja presentada por los vecinos y ha solicitado de oficio al Ayuntamiento de Alcoy la documentaci¨®n del plan especial aprobado para la construcci¨®n de la planta de transferencia y selecci¨®n de residuos s¨®lidos urbanos.

Esta queja se present¨® el pasado 13 de julio, poco despu¨¦s de que comenzasen las obras de la planta de residuos, con la colocaci¨®n de la primera piedra a la que asisti¨® el consejero de Medio Ambiente Fernando Modrego y representantes de la empresa constructora Vaersa.

La portavoz de los vecinos resalt¨® la importancia de estas ¨²ltimas actuaciones del Seprona y del S¨ªndic de Greuges. 'Mientras que las quejas presentadas al gobierno municipal en el ¨²ltimo a?o no han tenido ning¨²n resultado, s¨ª hemos tenido respuesta r¨¢pida del S¨ªndic de Greuges y de la Guardia Civil, dos entidades neutrales, que han podido observar indicios de posibles irregularidades en la tramitaci¨®n de esta planta de transferencia y eso es de agradecer', concluy¨®.